martes, 1 de marzo de 2011

Regidores de primera o de quinta

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo


Como la ciudadanía lo sabe, porque se enteró a través de los medios de comunicación, la semana pasada todos los regidores que conforman el actual ayuntamiento de Puebla determinaron incrementarse sustancialmente sus sueldos, que en la gestión pasada – de la que este servidor formó parte – eran de 45 mil pesos mensuales y que, a partir de la decisión tomada por el Cabildo encabezado por el PAN el viernes pasado, será de 60 o hasta 90 mil pesos cada mes, porque hasta ahora ni el presidente municipal ni nadie de esa administración ha aclarado en cuánto dejaron sus salarios.


Algunos regidores actuales han defendido su elevadísimo e injustificado aumento salarial diciendo que en el gobierno municipal anterior quienes formábamos parte del cuerpo edilicio teníamos compensaciones secretas, que – en algunos casos según ellos – eran superiores a lo que a partir del 15 de enero recibirán los integrantes del Cabildo vigente. Como tuve el honor de representar a la ciudadanía en dicho órgano, me veo en la obligación de aclarar que, al menos en lo personal, nunca recibí “bono o sobresueldo secreto” alguno y mucho menos lo pedí o me fue ofrecido.


He leído con sorpresa y a la vez curiosidad que, presuntamente, algunos de mis ex compañeros regidores ganaban hasta 100 mil pesos al mes y confieso que yo ignoraba todo ello y que, por eso, voté a favor de los estados de aplicación de los recursos del gobierno municipal anterior. En consecuencia, de manera respetuosa, exijo que la administración actual dé a conocer los documentos que demuestran quiénes y por qué tenían sobresueldos y de cuánto era dicha compensación.


De haber sabido que había “bonos secretos y sobresueldos” en el Cabildo o en la gestión anterior, nunca habría votado a favor de la cuenta pública de dicho ayuntamiento. Por ello y en mi calidad de ciudadano que vive y paga sus impuestos en Puebla, insisto y demando que la administración vigente publique los documentos o papeles que comprueben que algunos ex regidores recibían compensaciones secretas, ya que es necesario que se sepa quiénes, cómo y por qué incurrieron en esa anomalía que, de ser cierta, dañó el erario público de la ciudad.

Si el edil Eduardo Rivera Pérez y sus compañeros del Cabildo se niegan a dar a conocer dichas pruebas, entonces se crearía la percepción de que no las tienen y de que simplemente tratan de justificar su decisión de elevarse sustancialmente sus salarios aludiendo a presuntos abusos del pasado, para no asumir el reproche de una sociedad que en julio pasado votó por ellos ignorando que la primera decisión importante que tomarían sería duplicar sus sueldos.


Por el contrario, si dichas compensaciones secretas y discrecionales existieron, entonces será obligatorio que quienes las otorgaron y los que las recibieron sean llamados a aclarar por qué, cuándo, cómo y por cuánto incurrieron en esa práctica contraria a la buena administración.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Rendición de cuentas; palabra cumplida

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo*


Una de las principales obligaciones de los funcionarios públicos y representantes populares es rendir cuentas de sus actividades de manera permanente, sistemática y transparente, ya que un sector importante de la ciudadanía quiere saber qué hacemos quienes tenemos el privilegio de servirla.







Por lo mismo, en la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla, de manera periódica rendimos informes de nuestras actividades y a continuación me permito difundir un breve resumen de todo lo que hicimos durante el trienio: se recibieron más de 70 peticiones de la sociedad, que se canalizaron a cada área respectiva del Ayuntamiento.







Se enviaron cerca de 65 oficios a diversas áreas del gobierno municipal, para pedir información y citar a reuniones de trabajo, además de que se recibieron más de 2 mil oficios de dependencias, que contestaban a preguntas y peticiones surgidas de la Comisión de Derechos Humanos, porque se dio seguimiento a cada solicitud e inquietud de la sociedad.







Sin embargo, una de las más gratificantes e importantes tareas de la comisión que me honro en presidir es promover en toda la sociedad una cultura de respeto a las garantías individuales, mediante reuniones con muchas ONG y asociaciones, a las que se les enfatizó cuáles son los Derechos Humanos que todos debemos respetar y hacer cumplir.







En el trienio, la comisión de Derechos Humanos realizó reuniones informativas con más de 65 ONGS entre las cuales estuvieron: mujeres y vecinos de las 17 juntas auxiliares, ciudadanos de algunas de las colonias de esta ciudad, alumnos de diversas Universidades de nuestro Municipio, Mujeres interesadas en la divulgación de Información, así cómo padres de familia de distintos colegios, entre otros grupos, a los que se les informó de varios temas, como Derechos Humanos y Seguridad Pública, Equidad de Género, Respeto a la Solidaridad y Fomento de las Garantías Individuales.







También les hablamos de la necesidad de promover los Derechos Humanos en el seno familiar, del Acceso a la Información, la Importancia de la Ecología y la Protección de las Garantías Individuales de las Mujeres, entre otros tópicos, que llevaron el objetivo – como ya se aclaró – de promover una cultura de respeto a los demás y a uno mismo.



Es importante enfatizar que la gran mayoría de la gente estuvo muy interesada y receptiva a estos temas, porque de manera paulatina va permeando en la sociedad el conocimiento y, sobre todo, el convencimiento de que el respeto a los Derechos Humanos es básico, para tener una vida digna y una sana convivencia entre todos.







Otro logro importante de todo el Cabildo fue haber reformado el Código Reglamentario Municipal (COREMUN), que se actualizó y se modernizó, para adecuarlo a las necesidades actuales de la sociedad en defensa de las garantías individuales, que todos los mexicanos tenemos por derecho.



Gracias a ello, nuestra ciudad hoy cuenta con un marco legal moderno, que coadyuva a la sana convivencia y contempla aspectos muy importantes que antes no se incluían, como la reparación del daño a favor de las víctimas de los delitos y, desde luego, el respeto a los Derechos Humanos.







*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla



miércoles, 19 de enero de 2011

Las obligaciones de un buen gobierno municipal (2da parte)

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*


La semana pasada precisé varias de las obligaciones de un buen gobierno municipal, según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), como las de ejercer un liderazgo efectivo, mantener una buena política de comunicación, controlar los conflictos, trabajar en equipo, promover la participación de la gente en las actividades públicas y planear las acciones oficiales, para ejecutarlas conforme a los programas ya establecidos.


Existen otras obligaciones que necesitan cumplirse en los ayuntamientos, para que la gestión sea efectiva, cercana a la gente y dé respuesta inmediata a las demandas de la población y una de ellas es la de incrementar los recursos financieros municipales sin dañar los bolsillos de la gente.

Para aumentar los fondos disponibles, lo primero que debe hacer un gobierno municipal es ejercer plenamente sus facultades legales a la hora de planear sus presupuestos de Egresos e Ingresos y evitar caer en el paternalismo o en actitudes clientelares, que afectan a la ciudadanía.


También se requiere actualizar el sistema propio de recaudación, incentivar a la población a cumplir a cabalidad con sus obligaciones fiscales y aumentar la base de contribuyentes a las arcas municipales, porque en muchas ocasiones los ayuntamientos se van por la opción fácil de aumentar los impuestos a su población cautiva, en lugar de buscar que más gente pague por los servicios que utiliza.


Además, se deben aprovechar los programas de los gobiernos federales, estatales o de organismos internacionales a través de los cuales los ayuntamientos pueden acceder a recursos adicionales para objetivos concretos. Muchos ediles desconocen la existencia de estos proyectos.


Otra obligación de los ayuntamientos es la de promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes y sus comunidades, generando obras de infraestructura que atraigan la inversión y el empleo, dando servicios públicos de calidad y a tiempo, concretando proyectos de combate a la pobreza y cuidando el medio ambiente, entre otras acciones.


La novena tarea que debe cumplir un gobierno municipal eficiente es promover la cooperación y asociación entre los ayuntamientos, para compartir experiencias, darse asesorías técnicas, fortalecerse a la hora de negociar con las administraciones federales y estatales y combatir los problemas comunes de una manera eficaz y coordinada.


La unión hace la fuerza y muchos municipios se encuentran connurbados y, por lo mismo, comparten una problemática similar en los rubros de seguridad y economía. En consecuencia y más allá de filias o fobias políticas, deben sumar esfuerzos y recursos, para satisfacer las demandas de la ciudadanía.


Finalmente, una buena administración municipal es la que aprovecha su tiempo y recursos de la mejor manera posible. Por esto, es importante que el presidente municipal y sus colaboradores sean eficaces en el manejo de sus respectivas agendas, para que den prioridad a la resolución de las necesidades y demandas más urgentes de la población, en lugar de perder días o meses de gobierno en frivolidades o en objetivos particulares.


*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

viernes, 14 de enero de 2011

Las obligaciones de un buen gobierno municipal (1ra parte)

BITÁCORA MUNICIPAL








Por Enrique Chávez Estudillo*






Al ser la instancia de gobierno más cercana al ciudadano, los ayuntamientos tienen la oportunidad – y obligación – de conocer y resolver, primero que nadie, los problemas y demandas de la gente, para darle servicios básicos, hacer infraestructura urbana y social importantes y combatir rezagos sociales ancestrales, como la pobreza, marginación o analfabetismo.



Un buen gobierno municipal debe mantenerse cercano a la sociedad, detectar sus necesidades o demandas y solucionarlas, sin pretextos ni burocratismos. Para ello, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) ha emitido algunas recomendaciones que todos los ayuntamientos del país – sin importar su origen partidista- deberían seguir.


De acuerdo a esta propuesta el Inafed, lo primero que requiere una gestión municipal exitosa es un alcalde dinámico, propositito, bien intencionado y preparado, que se rodee de colaboradores efectivos y que sea capaz de encabezar los esfuerzos colectivos y dirigirlos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. No hay buenos ayuntamientos sin buenos ediles, así de contundente y fácil.


Otra necesidad de una adecuada gestión pública es mantener una comunicación eficaz, que permita un fluido intercambio de opiniones, propuestas, críticas y demandas entre gobierno y sociedad. Para conseguirlo, se necesita que la autoridad escuche antes de hablar, comprenda antes de solicitar entendimiento y se comporte con transparencia, empatía, flexibilidad, espontaneidad y con mente abierta.


Los conflictos sociales son inherentes a las funciones de gobierno y, por lo mismo, un ayuntamiento exitoso necesita saber manejar situaciones difíciles, mediante el conocimiento a fondo y sin prejuicios de los problemas y las peticiones de la gente, el trabajo en equipo y la disposición a acercarse a la ciudadanía, al diálogo y a la concertación, como herramientas para solucionar los inconvenientes.


Ningún ser humano es una isla y nadie puede resolver – por sí solo – las necesidades y peticiones de la sociedad. Por lo mismo, una administración municipal exitosa es la que sabe trabajar en equipo, la que tiene bien definidas las obligaciones de cada uno de sus integrantes y cuenta con un líder capaz de hacer que todos sus colaboradores cumplan con sus deberes.


Además, un buen ayuntamiento es el que promueve la participación de la sociedad en las acciones y programas públicos. Para conseguirlo, se necesita que haya transparencia en el actuar gubernamental y que se abran los mecanismos institucionales, que permitan el fortalecimiento de los organismos intermedios y motiven a la gente a interesarse e intervenir en el desarrollo de la comunidad.


La improvisación o la actuación al bote pronto no caben en un ayuntamiento exitoso. En consecuencia, una gestión pública eficaz y eficiente es la que planea sus acciones y las ejecuta de acuerdo a sus planes y propuestas, ya que solamente así se puede ejercer un gobierno con visión estratégica, conocedor de la problemática social y de las medidas para alcanzar los objetivos planteados en los planes de desarrollo.


(CONTINUARÁ)




*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*



En Puebla y otras partes del país se viven los procesos de entrega de los diferentes niveles de gobierno y es posible constatar acuerdos o desavenencias entre las administraciones salientes y las entrantes, porque quienes todavía ejercen el poder quieren definir destino de los recursos públicos hasta el último minuto de sus gestiones, mientras que los que están próximos a ejercerlo desean que sus antecesores les dejen finanzas y estructuras oficiales sanas.

Además, independientemente de los tiempos políticos o electorales, la realidad es que la gente necesita y demanda que los diferentes niveles de gobierno le den servicios y atención de manera permanente, oportuna y eficiente, sin importar los nombres de los funcionarios públicos o las siglas del partido en el poder.

De hecho, se requiere que quienes hacen leyes y reglamentos tomen en cuenta que es un reducido porcentaje de la ciudadanía al que le interesan los colores del partido que la gobierna, ya que lo que sí le importa a la gran mayoría de la gente es que sus exigencias sean atendidas eficaz y rápidamente por los diversos niveles administrativos.

En este contexto, se necesita reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno, para que las gestiones en funciones cuenten con los fondos suficientes con que seguir dando servicios a la ciudadanía hasta el último minuto de sus períodos y, al mismo tiempo, garantizar por la vía legal que las administraciones entrantes tengan la solvencia financiera necesaria para comenzar exitosamente sus labores.

Es un hecho que los recursos que manejan y, a veces, se disputan los gobiernos salientes y entrantes son de la ciudadanía y, por lo mismo, deben usarse en su beneficio. Por lo mismo, las leyes deben garantizar que ninguna disputa política o partidista ponga en riesgo los bienes públicos o deje a la gente sin servicios.

También es conveniente reglamentar los cambios de gobierno, para que la ciudadanía y las gestiones entrantes conozcan el estado real en que se encuentra la administración pública del municipio o estado a la hora del relevo, porque actualmente, el hecho de que la transición gubernamental sea tersa o ríspida depende de la buena o mala relación entre quienes llegan y los que se van y esto no debería seguir así.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

miércoles, 5 de enero de 2011

Reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo*



En Puebla y otras partes del país se viven los procesos de entrega de los diferentes niveles de gobierno y es posible constatar acuerdos o desavenencias entre las administraciones salientes y las entrantes, porque quienes todavía ejercen el poder quieren definir destino de los recursos públicos hasta el último minuto de sus gestiones, mientras que los que están próximos a ejercerlo desean que sus antecesores les dejen finanzas y estructuras oficiales sanas.


Además, independientemente de los tiempos políticos o electorales, la realidad es que la gente necesita y demanda que los diferentes niveles de gobierno le den servicios y atención de manera permanente, oportuna y eficiente, sin importar los nombres de los funcionarios públicos o las siglas del partido en el poder.



De hecho, se requiere que quienes hacen leyes y reglamentos tomen en cuenta que es un reducido porcentaje de la ciudadanía al que le interesan los colores del partido que la gobierna, ya que lo que sí le importa a la gran mayoría de la gente es que sus exigencias sean atendidas eficaz y rápidamente por los diversos niveles administrativos.



En este contexto, se necesita reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno, para que las gestiones en funciones cuenten con los fondos suficientes con que seguir dando servicios a la ciudadanía hasta el último minuto de sus períodos y, al mismo tiempo, garantizar por la vía legal que las administraciones entrantes tengan la solvencia financiera necesaria para comenzar exitosamente sus labores.


Es un hecho que los recursos que manejan y, a veces, se disputan los gobiernos salientes y entrantes son de la ciudadanía y, por lo mismo, deben usarse en su beneficio. Por lo mismo, las leyes deben garantizar que ninguna disputa política o partidista ponga en riesgo los bienes públicos o deje a la gente sin servicios.



También es conveniente reglamentar los cambios de gobierno, para que la ciudadanía y las gestiones entrantes conozcan el estado real en que se encuentra la administración pública del municipio o estado a la hora del relevo, porque actualmente, el hecho de que la transición gubernamental sea tersa o ríspida depende de la buena o mala relación entre quienes llegan y los que se van y esto no debería seguir así.





*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla



miércoles, 17 de noviembre de 2010

Alentar la participación ciudadana en la vida pública

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*



Alentar la participación ciudadana en la vida pública


Dos de las principales – y justificadas - quejas de la ciudadanía contra la clase política es que no la escucha y que los gobernantes no la toman en cuenta a la hora de elaborar sus planes de trabajo, los presupuestos de Egresos e Ingresos y los programas de Obra Pública.


La gente argumenta – con razón – que los gobiernos de todos los niveles manejan recursos públicos y, por lo mismo, tienen la obligación de consultarla a la hora de decidir cómo se erogarán dichos fondos, porque en ciertas ocasiones el dinero de todos se canaliza a satisfacer ambiciones o deseos personales de quienes ejercen el poder, en lugar de usarse en beneficio de la sociedad.


La única manera de impedir la corrupción, el abuso o los excesos en los gobiernos es alentar la participación de la ciudadanía en la vida pública, ya que la historia de nuestro país demuestra que los funcionarios y representantes populares necesitan saberse vigilados y acotados por la gente, para cumplir con sus obligaciones y no incurrir en abusos.


Por ello, se requiere que la sociedad intervenga en la vida pública del estado y la ciudad tomando decisiones, vigilando el buen uso de los recursos públicos y dando seguimiento a los programas y obras de gobierno, para verificar que se cumplan y no se conviertan en “elefantes blancos” o en construcciones eternas que solamente enriquecen a malos gobernantes.


En este contexto, el martes pasado comenzaron los foros que organiza el gobierno estatal electo, para elaborar su Plan de Desarrollo y es importante que todos los sectores sociales y económicos intervengan en dichas consultas, debido a que representan una buena oportunidad para que la gente exprese sus necesidades y plantee qué tipo de Puebla quiere en el futuro próximo.



Es cierto que en muchas ocasiones los gobernantes y representantes populares no toman en cuenta a la sociedad y deciden de manera unilateral el uso del dinero público y la elaboración de sus programas de trabajo o leyes, pero también lo es que poca gente participa en la vida pública del país, estado o municipio y que esto contribuye a alentar los abusos y la corrupción del sector oficial.



Por lo mismo, cuando un gobierno electo – de cualquier nivel – realiza foros abiertos antes de concretar sus planes de trabajo, quienes formamos parte de la sociedad civil debemos participar en las consultas, para conocer los proyectos de los próximos gobernantes, opinar de ellos y, sobre todo, expresarles qué necesidades tenemos, qué queremos que hagan y cómo esperamos que Puebla sea en los próximos años.


La participación de la ciudadanía en el ejercicio público es vital para construir el país, estado y municipio que queremos, ya que así se garantiza que los programas gubernamentales sean los que la gente exige o necesita y que los recursos oficiales sean utilizados en beneficio colectivo y no privado o de grupo.


*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Legislar la transición gubernamental

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*

 
Prácticamente en todos los espacios informativos se habla de la transición entre los gobiernos estatal y municipal que salen y los que entran y, además, se ha convertido en un hecho constante el que se analice o se mencione si las relaciones entre ambas administraciones son tersas, tensas, institucionales, amistosas o de confrontación.


En este sentido, es normal que existe interés de los medios de comunicación, de la clase política y de un sector importante de la ciudadanía en el proceso de Entrega-Recepción entre un gobierno saliente y el que llega, porque existe una expectativa general de que este mecanismo se dé con transparencia, institucionalidad y apego a la normatividad vigente.

El problema, sin embargo, es que la legislación actual de este período de transición gubernamental es –a todas luces – incompleto e impreciso, ya que las leyes Estatal de la Administración Pública y la Orgánica Municipal no lo regulan a cabalidad, no establecen obligaciones y derechos de los involucrados y, muchos menos, incluyen tiempos, formas o participantes en el proceso.

Ambas leyes solamente señalan que debe haber un proceso en que el gobierno saliente entregue los bienes inmuebles de la administración y que el entrante los reciba, pero no establece los derechos u obligaciones de ambos y, en consecuencia, el hecho de que la transición gubernamental se dé con transparencia e institucionalidad depende de la buena o mala voluntad política de las partes.

 
Por lo mismo, el gobierno que sale puede retardar el proceso u ocultar y negar información de rubros delicados, como Gobernación, Finanzas, Nómina, entre otros; mientras que la gestión entrante podría tratar de asumir funciones que todavía no le corresponden.

Este contexto hace necesario legislar, para que la transición gubernamental se dé con transparencia, institucionalidad y sirva para que el gobierno entrante conozca cómo recibe la administración pública, qué programas u obras se están ejecutando en ese momento o podrían quedar pendientes y en qué estado se encuentran la gobernabilidad y las finanzas del municipio, estado o país.

 
Para ello, se requiere que la ley establezca cuándo debe comenzar la transición, quiénes deben intervenir en ella, qué tipo de información o documentos está obligado a facilitar el gobierno saliente, qué puede hacer la gestión entrante con estos datos y de qué manera tiene que concretarse el proceso.

Solamente así se evitarán simulaciones, fricciones, rupturas u ocultamientos en los procesos de Entrega – Recepción, aparte de que se evitaría que este mecanismo normal e importante para la vida pública dependa de la buena o mala voluntad de los participantes o de la lucha partidista y hasta personal.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla



miércoles, 3 de noviembre de 2010

Las lecciones de la derrota de Barack Obama

BITÁCORA MUNICIPAL

 

Por Enrique Chávez Estudillo*


Apenas el 4 de octubre del 2008, Barack Hussein Obama II ganó la presidencia de los Estados Unidos de manera contundente, aplastante, legal y legítima al obtener 365 votos electores contra los 173 que logró su adversario John McCain.
 
Meses antes, Barack Obama había vencido en las elecciones primarias del Partido Demócrata a la gran favorita, Hillary Clinton, quien había hecho campaña durante varios años antes que él y era vista como la sucesora natural de George W. Bush por su larga carrera política y el matrimonio con Bill Clinton, uno de los ex presidentes más avalados por los americanos.
 
Pero Barack Obama se impuso a todo y a todos y logró llegar a la Casa Blanca con una gran expectativa y aprobación ciudadanas, que menos de dos años después cayeron de manera notable, como se demostró en las elecciones del martes pasado, cuando el Partido Republicano recuperó la Cámara de Representantes al derrotar a los Demócratas, que apenas mantuvieron el control de la Cámara de Senadores.


Los expertos dicen que los latinos, afroamericanos y jóvenes que en el 2008 acudieron masivamente a las urnas a apoyar al hoy Presidente de los Estados Unidos, en las elecciones de este martes recularon y decidieron no votar por el Partido Demócrata, a pesar de que el mismo Barack Obama había declarado el lunes que sus programas peligraban si triunfaban sus adversarios republicanos.

 

Las quejas principales de los americanos contra su Presidente son que no ha logrado reactivar a la economía, tampoco puede abatir el desempleo, mantiene una deuda pública elevada y, sobre todo, no cumplió con varios compromisos de campaña en materia social y migratoria.

 

Este resultado electoral en EUA es una gran lección para los políticos de todo el mundo, porque les ratifica que la aprobación y el apoyo ciudadano no es eterno y que, si la gente percibe que no han cumplido en el cargo que les fue conferido, se los cobrará en los siguientes comicios.


Otra lección de la derrota de Barack Obama es que la población quiere que sus gobernantes le den hechos y resultados positivos, no pretextos ni posposiciones. El Presidente de los Estados Unidos ha argumentado que no puede cumplir con sus promesas de campaña por la oposición de varios factores políticos, sociales o económicos.

Y puede que tenga razón, pero al votante estadounidense no le importaron los pretextos de su líder y decidió castigarlo en las urnas. Con ello, el elector del vecino país dejó en claro que espera que sus autoridades cumplan con su trabajo, sin importar las dificultades que deban sortear.

 
Finalmente, la victoria opositora en EUA ratificó que cuando los gobiernos se equivocan, se olvidan de sus ofrecimientos de campaña u optan por la frivolidad en lugar del trabajo, sus partidos lo resienten y son derrotados en las urnas. Claro que todo esto no solamente pasa en aquélla nación, sino también en otras, como México y, especialmente, en estados como Puebla.


*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
























Transparencia y rendición de cuentas

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo *



Sin duda, el tema más mencionado en los medios informativos en los tiempos recientes es la transparencia, que, más allá de situaciones coyunturales, debe asumirse como una prioridad para cualquier gobierno o entidad pública que pretenda ver legitimado su actuar ante la ciudadanía, ya que para obtener la aprobación de la gente se necesita que en el sector oficial haya rendición de cuentas y acceso a la información.



La transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información son tres elementos básicos de cualquier gobierno democrático, como mecanismos de gobernabilidad haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, además de que abren canales de comunicación entre el sector público y demás actores sociales.


La difusión y aceptación de los tres procesos conllevan una necesaria transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público en nuestro país y entidad, porque implica sujetar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos de todos los niveles al escrutinio crítico de la sociedad, pese a que algunos crean que su poder y control son absolutos y que pueden disponer a su arbitrio personal de los recursos humanos y materiales disponibles y hasta de la aplicación de los poderes del Estado.


La rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión y asociación, que permiten a la gente organizarse, defender sus ideas frente a la actuación del gobierno y exigirle información y resultados al mismo. En una verdadera democracia, todo ciudadano puede contar con elementos suficientes para conocer y evaluar las acciones oficiales y, cuando no se tienen mecanismos o instituciones que faciliten los datos o solamente se simula con ellos, el Estado pierde credibilidad y legitimidad.


Todas las dependencias públicas y quienes las conformamos tenemos la obligación de explicar a la sociedad nuestras acciones y aceptar la responsabilidad sobre las mismas. En consecuencia, se necesita mejorar los mecanismos de consulta y diálogo, para que no solamente se facilite información, sino para que haya una verdadera retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía, debido a que así se alentaría la participación social en las acciones y programas oficiales.



En México hace realmente poco que comenzó a hacerse realidad la transparencia y lo que ella conlleva, ya que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó apenas el 11 de junio del 2002, lo que implica que son nuevas las instituciones nacional y local encargadas de materializar el acceso a la información.



Fue en el 2005, durante las gestiones de Mario Marín Torres y Enrique Doger Guerrero en el estado y municipio, respectivamente, cuando se conformaron los organismos estatal y municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar respuesta a las demandas ciudadanas de rendición de cuentas y decirle a la gente en qué se erogan sus recursos y qué funcionarios son los encargados de solucionar un determinado problema o necesidad.



Por ende, más allá de situaciones coyunturales, lo recomendable es fortalecer a dichos organismos y mejorar la legislación de la materia, para que la rendición de cuentas abarque todos los aspectos importantes del actuar público y partidista, como la publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales, las estadísticas financieras, comerciales y monetarias, las compensaciones totales de funcionarios, datos sobre financiamiento de campañas políticas, uso de los recursos humanos y económicos de los gobiernos y entidades que reciban dinero oficial y, desde luego, el avance real de los programas y proyectos aplicados por las administraciones de todos los niveles.



El fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas es básico para combatir la corrupción, los abusos de poder y la impunidad, que en muchas ocasiones son inherentes a la opacidad y al manejo unipersonal, secreto y absolutista de los recursos y atribuciones gubernamentales.



*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

martes, 26 de octubre de 2010

Eficiencia recaudatoria, asignatura pendiente

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*


Con razón, los ciudadanos que pagamos puntual y religiosamente nuestros impuestos nos quejamos de manera permanente de que los diferentes niveles de gobierno se la pasan incrementando las cargas fiscales y, sobre todo, de que siempre nos cobra más a los mismos contribuyentes, mientras consiente a muchas grandes empresas que no pagan casi nada.


Al mismo tiempo, información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dada a conocer en marzo pasado (El Financiero) precisa que la tasa de evasión fiscal en México es del 23 por ciento y que poco más del 10 por ciento de los ingresos del PIB se generan por impuestos, mientras en países desarrollados, como Estados Unidos, Italia o Francia ese porcentaje asciende hasta el 42 por ciento.



Esto quiere decir que, al mismo tiempo que los ciudadanos nos quejamos de que el gobierno nos ordeña con sus impuestos, la SHCP lamenta que los ingresos gubernamentales por el cobro de las cargas fiscales son escasos y contribuyen en poco al desarrollo nacional.


Entonces, ¿quién tiene razón, la gente o el gobierno?. La respuesta es que ambos, porque, efectivamente, en los tiempos recientes el sector público ha incrementado considerablemente sus cobros a los ciudadanos, que cada mes vemos cómo se eleva el costo de productos y servicios oficiales, como gasolina, luz y hasta el IVA, que desde el año pasado es del 16 por ciento.

 
Sin embargo, los ingresos que los gobiernos obtienen por cobrar las diversas cargas fiscales son considerablemente menores a los que recaudan naciones con las que tenemos acuerdos comerciales. Esto se debe a que el sistema recaudatorio mexicano es complejo, intrincado, difícil de seguir y abierto a la evasión.


Además, cerca de 400 empresas cuyas ganancias rondan entre el 55 y 60 por ciento del PIB nacional apenas pagan el 1.7 por ciento de impuestos, ya que desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez tienen privilegios que les permiten evadir al fisco, con el pretexto de que – si cubrieran lo justo – no serían competitivas a nivel internacional.



Este contexto establece que todos los niveles de gobierno tienen como asignatura pendiente crear sistemas recaudatorios eficientes, justos, equitativos, progresivos (que paguen más los que ganan más), fáciles de cumplir y transparentes, puesto que no es correcto que el ciudadano cautivo común pierda una tercera parte de sus ingresos por pagar impuestos, mientras las grandes empresas pagan poco o nada.


Por lo mismo, se necesita que, en lugar de que cada año los diputados locales y federales hagan parches en las leyes de Ingresos de los gobiernos federal y estatales, se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal integral, que facilite y equilibre el pago de impuestos y dote a todo el sector público de mayores recursos, sin sangrar más a la clase media y a los trabajadores cautivos.


Lamentablemente, esta anhelada reforma fiscal integral no se concretó este año en el país y, por lo mismo, parece que será pospuesta hasta otro sexenio federal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

miércoles, 20 de octubre de 2010

El perfil de un buen dirigente político

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo*



Para quienes militamos en el PRI, la elección del dirigente estatal del partido nunca había sido tan trascendente, como lo es ahora, porque, a partir de febrero próximo, no habrá una figura política que - pese a no ser el presidente formal de los priístas - tome las decisiones más importantes, defina las principales candidaturas y marque el rumbo a seguir.


Lo que sucede es que, incluso en este momento, pocos meses después de que el partido perdió la gubernatura, los priístas de Puebla estamos conscientes de que todavía existe un jefe político que influye de manera determinante en las decisiones del partido.




Pero dicha figura se acaba el siguiente 31 de enero y, por lo mismo, el próximo dirigente del PRI tendrá un margen de influencia política y social mucho mayor que sus antecesores tanto al interior como al exterior del priísmo.



En este escenario socio-político, quien dirija los destinos del partido en Puebla en los próximos años deberá ser alguien inteligente y valiente, para que tome las mejores decisiones en bien de los priístas y, principalmente, de la sociedad, sin importarle las consecuencias negativas que le toque enfrentar en términos mediáticos o de imagen personal.


También tendrá que ser una mujer u hombre muy generoso y con una gran calidad moral y legitimidad, para que deponga sus intereses personales y no utilice al tricolor como un trampolín, para tratar de ser candidato a diputado federal o senador en el 2012 o, mucho menos, para satisfacer sus ambiciones económicas personales o de grupo.




Más allá de las personas, se requiere alguien que llegue al Comité Directivo con legalidad y legitimidad, ya que solamente así podrá cohesionar a los distintos grupos que conforman al partido. Este líder tendrá que ser precisamente eso, para saber escuchar, conciliar con las diferentes expresiones internas y no dejarse envolver por ningún sector partidario.


Sin importar su nombre, se necesita un dirigente aceptado socialmente y con verdaderos puentes de comunicación con los partidos y gobiernos diferentes al PRI, debido a que la ciudadanía demanda que la principal fuerza política de la entidad se constituya en una verdadera fuerza de oposición, pero que al mismo tiempo sea propositiva y constructiva.



El partido necesita alguien que escuche a todos y que no actúe como “cabeza de facción”, sino como presidente de todos los priístas de Puebla. Además, demandamos que quien nos represente cuente con una sólida preparación política, ideológica y académica, que le permita erigirse en un dirigente opositor crítico y agudo, pero al mismo tiempo coherente y sensato.


Finalmente, el PRI exige que quien lo encabece se niegue a erigirse en comparsa de los gobiernos federal, estatal o municipal, pese a lo atractivas de las propuestas que le hagan, puesto que solamente un dirigente así tendrá la capacidad política y la calidad moral para enfrentar con éxito el reto que representan los procesos electorales del 2012 y 2013.



*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

miércoles, 13 de octubre de 2010

El cinismo de ciertos “representantes populares”

Por Enrique Chávez Estudillo*


La clase política y quienes formamos parte de ella arrastramos un profundo desprestigio ante la ciudadanía, que desde hace mucho no confía en nosotros, no se interesa en lo que hacemos y rechaza – en automático - a quienes ocupan un cargo público o de representación popular.


Es negativo para todos el hecho de que la ciudadanía se mantenga alejada de las actividades públicas, porque quienes ejercemos una función de gobierno o de representación tenemos que combatir esa indiferencia para sacar adelante los proyectos, aparte de que la sociedad no está informada de qué programas o acciones gubernamentales la pueden beneficiar y, en consecuencia, no los obtiene.



Esta realidad hace necesario que quienes tenemos el privilegio de ejercer una representación popular -como senadores, diputados locales, federales y regidores de cualquier ayuntamiento – nos esforcemos por escuchar a la gente, servirle, cumplir con las obligaciones legales que tenemos y cuidar los recursos públicos que nos son asignados.


Por lo mismo, me resulta inexplicable e injustificable que haya compañeros de Cabildo que ante la avalancha de críticas ciudadanas y periodísticas que se les formularon por haberse ido a París a poco menos de 4 meses de concluir la gestión, decidieron burlarse de la sociedad ironizando que traeran de Francia un proyecto para instalar en Puebla una torre Eiffel.


Porque si es indignante que quien cobra un sueldo como presunto representante popular haya decidido hacer un viaje con cargo al erario público, pese a que dicha travesía no contribuye en nada a la sociedad que le paga su salario, es mucho más desalentador y enojoso que ante la andanada de cuestionamientos sociales y mediáticos por este exceso decida responder con burla y cinismo, cuando lo que la ciudadanía demandaba era conocer en qué la benefició dicho gasto.


Esta actitud es mucho más injustificable y negativa en determinados casos, porque quien la comete es alguien que se la ha pasado casi tres años pontificando, corrigiendo y criticando todo lo que hace o dice el actual ayuntamiento de Puebla y autoerigiéndose como una especie de “conciencia moral” de la administración.


Lo que no toma en cuenta quien comete abusos y se mofa de la ciudadanía es que la sociedad tiene memoria y se cobra los agravios. Y esto se ratificará en el futuro próximo, cuando busquen otro cargo de representación popular quienes hoy se burlan de la inconformidad de la gente.


*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PRI: nueva imposición, mismo error

Por Enrique Chávez Estudillo*
 
Todo parece estar listo para que el Consejo Político Estatal de mi partido, el PRI, obedezca una nueva instrucción del llamado “primer priísta de la entidad” e imponga a como dirigente de nuestro instituto político a quien perdió la pasada elección, a pesar de que el tricolor arrancó la sucesión con más de 20 puntos de ventaja.

De concretarse esta nueva imposición, se estará cometiendo el mismo error que generó la derrota del partido en julio pasado: nombrar como candidato (o en este caso dirigente) a quien tiene como “virtud política” su cercanía con el gobernador en turno y no un liderazgo real o la simpatía de la ciudadanía o los priístas.

Y, de cumplir esta instrucción, los consejeros del PRI local estarán demostrando que su capacidad de obediencia y sumisión es mucho mayor a su facultad de análisis, autocrítica o de empatía hacia una sociedad poblana, que el pasado 4 de julio dejó muy en claro que no apoya ni las imposiciones unipersonales ni los proyectos transexenales.

Resulta curioso que haya “priístas” dispuestos a dejarle el partido alguien que en la pasada campaña dejó perder una ventaja de más de 20 puntos sobre la oposición, como lo dejó entrever en días pasados el dueño de la encuestadora Parametría, Francisco Abundis, quien informó que en la sucesión el PRI – como partido y sin tomar en cuenta a los candidatos – arrancó más de 20 puntos adelante del PAN (diarios Cambio y El Comunista, lunes 4 de octubre).

 

Y aunque ni Francisco Abundis ni los demás encuestadores que participaron en el foro del IFE en Morelos y que hablaron de la debacle electoral que sufrió el PRI en Puebla lo hayan dicho, es obvio que si un partido tiene una ventaja de 20 puntos antes de que él o su oposición nombren a los candidatos, solamente una muy mala decisión en la definición de su representante principal lo puede llevar a la derrota absoluta, como ocurrió en julio.

Por lo mismo, es injustificable y poco o nada inteligente que quienes se dicen “consejeros estatales” priístas y tienen – supuestamente – la encomienda de proteger los intereses del partido y la militancia, estén – otra vez – dispuestos a imponer como dirigente a quienes en las urnas los poblanos les dieron la espalda de manera contundente.

Además, de concretarse, esta nueva imposición solamente generará división interna, fracturas y alejará – todavía más- a la ciudadanía de un partido, que a mediados del año entrante entrará de lleno en la sucesión presidencial del 2012 siendo oposición a nivel nacional, estatal y municipal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla










miércoles, 29 de septiembre de 2010

No a la intimidación ni a las amenazas en el caso del Jardín del Arte, "Mi solidaridad y afecto para la Sra. Verónica Mastretta"


 

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

 

 

 

 

 

Con creciente preocupación he seguido de cerca los acontecimientos relativos al Jardín del Arte, es grave que una influyente líder social, como la Sra. Verónica Mastretta Guzmán, haya tenido que salir de Puebla después de una presunta serie de amenazas por la disputa que mantiene con el Gobierno del Estado para controlar el parque.

 

La semana pasada, la regidora electa y presidenta de la ONG Puebla Verde acusó que en días anteriores hombres que se dijeron ser judiciales (no portaban identificación alguna) acudieron a amedrentarla a la Laguna de San Baltazar, exigían saber todo de Verónica, incluso recibió varias llamadas telefónicas, con amenazas como que "deje de pelearle a la administración estatal el control del Jardín del Arte" sin que a la fecha, el Gobierno del Estado haya fijado una posición formal en este asunto.

 

Verónica Mastretta también externó su temor de ser encarcelada, como medida de presión política del gobierno para que se desista de la disputa del área pública. Y, hasta hoy, la única respuesta que la gestión estatal ha manifestado ante estos graves señalamientos es el silencio.

 

En aras de ser responsable, nadie puede dar por sentado que las supuestas amenazas contra dicha líder social provengan de quienes le disputan legal y mediáticamente el manejo del Jardín del Arte. Sin embargo, sería sano y, sobre todo, necesario que el gobierno estatal investigue si existe una campaña de intimidación contra ella y sancione a los responsables.

 

Las disputas legales y políticas, como la que envuelve dicho parque, deben dirimirse en las instancias correspondientes, sin que se use la intimidación o las amenazas y, especialmente, sin que las autoridades manipulen el aparato de justicia para amedrentar o vencer a un particular.

 

Usar la intimidación, las amenazas o el control faccioso del sistema de procuración e impartición de justicia, para finiquitar una querella legal o política, es propio de los sistemas autoritarios y policíacos que predominaron en algunos países de América Latina en décadas pasadas y que no deben regir en la actualidad.

 

En una sociedad democrática como la que aspiramos a construir  la mayoría de los poblanos, sería muy adecuado y necesario que el gobierno tome en cuenta a la ciudadanía antes de definir el destino del Parque del Arte. Después de todo, habla bien de cualquier gobernante el escuchar a quienes lo eligieron democráticamente, antes de concretar alguna obra pública, ¿o no?.

 

 

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

 



miércoles, 22 de septiembre de 2010

¿Cuál Independencia?

Por Enrique Chávez Estudillo


Con un claro afán político-propagandístico, el gobierno federal lleva a cabo una intensa campaña para promover los festejos tanto del Bicentenario de la Independencia como del Centenario de la Revolución Mexicana, a pesar de nuestra realidad, que demuestra que México es cada vez más dependiente de los Estados Unidos de América, sobre todo a raíz de que en 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN).



¿Cuál Independencia debemos festejar los mexicanos?, si – según expertos – el 80 por ciento de la actividad comercial de nuestro país se da con los Estados Unidos de América y menos del 3 por ciento con Europa u otras 42 naciones de ese u otros continentes, lo que implica que en los hechos existe una gran dependencia económica de México hacia nuestro vecino del norte.



Y cuando a los americanos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía, como lo demuestra todos los días la actual crisis económica global, que hizo patente que todo el sector productivo y comercial de México cae en picada si Estados Unidos deja de comprar nuestros productivos, servicios o sus ciudadanos evitan venir de turistas.



Es poco realista gritar a los 4 vientos que nuestra nación es independiente, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el pasado 3 de septiembre (La Jornada) que su deuda externa es de casi 168 mil millones de dólares, después de que durante el actual gobierno federal este déficit se ha incrementado cerca del 68 por ciento.



Además, se calcula que cada año más de 400 mil mexicanos tratan de ingresar a EUA (y a algunas otras naciones) para trabajar, según la ONU y el Conapo. Este hecho comprueba que nuestro país es – lamentablemente – incapaz de generar los empleos que sus ciudadanos necesitan y, por lo mismo, resulta fuera de toda proporción decir que tiene independencia económica.



Por si fuera poco, México arrastra una dependencia alimentaria del 52 por ciento (nota del Sol de México, marzo del 2009), ya que en los años recientes su producción de alimentos se estancó (19 millones de toneladas anuales) y debió importar más del doble de comida producida en nuestra nación (20.5 millones de toneladas).



Al mismo tiempo, la dependencia tecnológica le cuesta al país cerca de 400 mil millones de pesos anuales y lo sume en un completo rezago en esta materia, según datos de la cámara de diputados federales y otras instancias, que han señalado que México no invierte lo suficiente en el rubro de generación de ciencia y tecnología propias.



Este contexto socioeconómico, educativo y político del país es una clara prueba de que no hay una verdadera independencia qué festejar y de que las fechas de los movimientos armados de 1810 y 1910 solamente están siendo usadas por el gobierno federal, para hacerse propaganda y tratar e distraer a los mexicanos de la pésima situación del país.



Y la ciudadanía está consciente de todo ello, como lo corroboró el pasado miércoles 15 de septiembre al no acudir a los “festejos” oficiales que se llevaron a cabo en varios municipios, como Ciudad Juárez, donde poca gente salió a conmemorar la supuesta Independencia de México



*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla




jueves, 26 de agosto de 2010

Dos buenas decisiones de la SCJN

Por Enrique Chávez Estudillo*





El 5 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la legalidad de los matrimonios entre homosexuales en el Distrito Federal, con dos argumentos que yo comparto plenamente: que la procreación no es el único objetivo de la unión legal entre dos personas y que esta medida no atenta contra las familias tradicionales.



Además, el 16 de agosto de este mes, la misma SCJN aprobó que las parejas del mismo sexo puedan adoptar a un niño en la capital del país, debido a que los magistrados no encontraron o conocieron ningún estudio científico que demostrara que un menor es dañado al ser adoptado en un ambiente homoparental.



Ambas decisiones de la SCJN son positivas, históricas y contribuyen al desarrollo social no solamente de la ciudad de México, sino de todo el país, ya que conllevan a superar el conservadurismo y homofobia, que lamentablemente, predominan en muchos aspectos de la vida y geografía nacional.



El hecho de que las parejas homosexuales del DF puedan legalizar su unión y dar amor y cuidados a un niño, del que nadie más se hace responsable, es reconocer una realidad que vemos todos los días: que existen las uniones homoparentales y que muchos menores de edad están abandonados y necesitan ser adoptados, para aspirar a una mejor calidad de vida.




También positivo que, en ley, se reconozca a la comunidad homosexual de la capital del país los derechos humanos de legalizar su unión y de adoptar a un menor, ya que, si el marco jurídico en todo el país permite que las parejas heterosexuales contraigan matrimonio y se hagan cargo de un hijo no procreado por ellas, no hay razón para que a las relaciones homoparentales se les nieguen dichas facultades.



Incluso, considero sano que en Puebla se abra un debate respetuoso y formal acerca de ambos temas, para que toda la sociedad – incluyendo las ONGS defensoras de los derechos de los homosexuales, las diversas iglesias y expertos sicólogos, médicos y sociólogos – analice si es conveniente tomar medidas legales similares a las que prevalecen en el DF en esta materia.



En este espacio he externado diversas críticas a los magistrados de la SCJN por haber tomado algunas decisiones que, en lo personal, considero injustas o nocivas para la mayoría de la sociedad. Sin embargo, en esta ocasión, me complace constatar que los miembros de la SCJN emitieron sus veredictos cuidando los derechos humanos de las parejas homoparentales y el avance social.




*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

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