El futuro de la ciudad

Por Enrique Chávez Estudillo*

  

Puebla es la cuarta ciudad más importante del país, con un millón 485 mil pobladores, incluidos en una zona metropolitana de 2.6 millones de habitantes, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el 2005 y, por lo mismo, las elecciones locales del siguiente domingo tienen una gran importancia, ya que definirán su futuro y el de quienes vivimos en ella.

Cerca del 28 por ciento de la población total de la entidad habita en Puebla capital, donde también se concentra la mayor actividad productiva, económica, educativa, comercial y de servicios, lo que la convierte en una ciudad cosmopolita, plural y competitiva.

Este fin de semana, quienes vivimos en nuestro municipio tendremos el derecho –y también el deber – de acudir a las urnas, para definir cómo queremos que sea la ciudad en los próximos años y qué haremos todos para convertir nuestros sueños en realidad, porque es obligación de todos los sectores sociales trabajar en pro de la Angelópolis.

Afortunadamente, las campañas ya finalizaron y ahora es el turno de esperar y respetar la decisión de la ciudadanía. En una ciudad plural y civilizada, como Puebla, debe imperar el respeto a los demás y la tolerancia hacia todas las ideas y posiciones políticas y, por ello, es necesario que la jornada del domingo se efectúe en un marco de paz y de apego a la legalidad.

Soy un convencido de que lo mejor de nuestra ciudad es su gente y, por lo mismo, pienso que la mayoría de los ciudadanos acudiremos a depositar nuestro voto, convencidos de que es una de las mejores maneras en que podremos expresar nuestras instrucciones a los próximos gobernantes y representantes legislativos, sin importar su origen partidista.    

Los ciudadanos debemos, primero, cumplir con nuestras obligaciones cívicas –como ir a votar - para luego tener el derecho de exigir a los gobernantes que respeten sus deberes legales, ya que no es válido quejarse de los problemas o de las fallas de los distintos gobiernos y no hacer algo para evitarlas. 

Concretar el sufragio efectivo es importante para fortalecer a la democracia y hacer llegar el mensaje de la sociedad a sus próximos representantes. Además, es una de las formas en que la sociedad poblana puede demostrar que está más que preparada para asumir su rol de vigilante del servicio público.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El fracaso de la SCJN en el caso ABC

La semana pasada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a los altos funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora de sus respectivas responsabilidades en el caso del incendio en la guardería ABC, en el que murieron 49 bebés y 80 más resultaron con quemaduras.

Esta tragedia enlutó a todo el país el 5 de junio del año pasado y se debió a una grave negligencia tanto del IMSS como del gobierno de Sonora. Sin embargo, nadie ha sido acusado o consignado por ella, quizá porque que diversas instancias han comprobado que la guardería ABC era un negocio de colaboradores y familiares del ex gobernador Eduardo Bours y de la primera dama del país, Margarita Zavala. 

Al exonerar a los culpables de las muertes de 49 bebés, los integrantes de la SCJN volvieron a ganarse el repudio y rechazo social generalizados y demostraron- una vez más – que la impartición de justicia en el país depende de los intereses del Presidente de la República en turno, a pesar de que la Carta Magna de México establece que debe haber una real división de poderes.

Es lamentable que las defunciones de 49 infantes queden impunes por los intereses políticos y personales del gobierno federal y es doblemente triste que quienes conforman la corte – que nada tiene de Suprema – se hayan autonegado el derecho de impartir justicia sancionando contra quienes, primero, lucraron con los niños y con los recursos del IMSS y; posteriormente, cometieron actos criminales de negligencia que permitieron el incendio. 

El veredicto de los “ministros” implica que esta instancia considera que “no pasó nada” en el caso de la guardería ABC, a pesar de las decenas de hogares enlutados y de los reclamos airados y justificados de padres de familia que exigían justicia… y no la obtuvieron.

Otra consecuencia negativa de esta actitud omisa y cómplice de quienes conforman la SCJN es que alienta la corrupción y negligencia gubernamental, debido a que permite que salgan impunes los funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora que solaparon o cometieron anomalías.

Además, seguramente este veredicto generó otro dolor grande a los progenitores de los niños fallecidos y lesionados, quienes deseaban y esperaban justicia, pero se encontraron con supuestos ministros que – en los hechos – exoneraron a los culpables de lo ocurrido.

Este dictamen demostró – una vez más – que los centenares de miles de pesos que cobran mensualmente los integrantes de la SCJN son recursos públicos perdidos, tirados miserablemente a la basura. 

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

SINDICATURA: ¿CORRUPCIÓN O INEFICIENCIA?

Por Enrique Chávez Estudillo*


Resulta especialmente lamentable, condenable y preocupante cuando por corrupción o ineficiencia de un funcionario público o representante ciudadano genera daños a las arcas públicas y esto es por que presuntamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinaría que el Ayuntamiento debería pagar 44 millones de pesos a la empresa DISA por supuestas obras en el distribuidor Juárez –Serdán encargadas por el ex presidente municipal panista, Luís Paredes Moctezuma.


Varios conocedores del tema, como los abogados Carlos Meza Viveros (ex secretario de Gobernación estatal) y Lauro Castillo (titular de la sindicatura en el trienio anterior), han denunciado que de perder el Ayuntamiento el juicio ante DISA, sería por que el síndico actual, Román Lazcano, así lo quiso, debido a que no supo o no quiso defender legalmente las arcas municipales.



El despacho externo de Asesores, propuso que se interpusiera un recurso de revisión, para que el tribunal reconsiderara el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados.


A lo que el Síndico interpretó a su propio negligente entender, que el interponer dicho recurso no implicaría el combatir el fondo del caso.



Los ciudadanos lo mínimo que esperamos del Síndico es que tomara una decisión y que eligiera una estrategia que protegiera las finanzas municipales, pero por razones obscuras meramente personales optó por dejar perder el caso y además de pagar la suerte principal, dejando que el Ayuntamiento pague los gastos financieros reclamados por DISA.


Otro hecho que deja ver que la sindicatura esperaba y quiso perder el juicio es que desde el 3 de abril del 2008 el mismo Lazcano Fernández dijo que el gobierno municipal perdería la lucha contra DISA y tendría que pagar 50 millones de pesos (Jornada de Oriente), ya que ese día declaró que solamente estaba a la espera de la notificación formal de que el ayuntamiento había sido derrotado.




Entonces, es claro que el sedicente “síndico municipal” dejó que la empresa DISA ganara el juicio y esto solamente puede explicarse por el hecho de que Román Lazcano no quiso ejercer su labor de defensor jurídico del gobierno de la ciudad argumentando que no habría posibilidad de defender el caso de fondo.


Cualquiera que haya sido la razón por la que la sindicatura dejó perder el juicio, resulta lamentable que las arcas de la ciudad sean dañadas por la ineficiencia de un grupo de abogados que ¿no supo? enfrentar a una empresa. Sin embargo, no puede descartarse que el motivo por el que se dejó que la empresa de Jorge Espina Reyes ganara el litigio y los 44 millones de pesos se relacione con corrupción o compra de conciencias.


Tampoco puede soslayarse que es frecuente que Román Lazcano sea denunciado por cometer anomalías o triquiñuelas, como la que hizo contra la ex trabajadora del ayuntamiento, Mayra Álvarez, quien se desempeñaba en la sindicatura municipal hasta febrero del 2008, cuando el supuesto “representante del pueblo” la obligó a renunciar mediante presiones (diario Cambio, 22 de febrero).




Incluso, de manera jocosa se recuerda cuando la sindicatura municipal ordenó – mediante oficio firmado por uno de los ex colaboradores de Román Lazcano) – a sus trabajadores hacerse baños de temascal, desde luego que con los gastos pagados por la dependencia. (Sol de Puebla, 10 de octubre del 2008).


Todos estos hechos demuestran que, lamentablemente, el síndico municipal no ha defendido los intereses de los poblanos ni del ayuntamiento en que cobra. Y, por el contrario, su falta de gestión ha generado escándalos y un daño severo a los de por sí escasos recursos de la Comuna.



*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla.

La guerra sucia y sus consecuencias

Por Enrique Chávez Estudillo*

En el contexto actual, en el que los ciudadanos confían cada vez menos en los políticos, los partidos y candidatos tienen el derecho de buscar el apoyo de la gente como crea que pueden obtenerlo, siempre y cuando sea por medios legales y las autoridades electorales no los sancionen.

Sin embargo, es preocupante que cada vez más candidatos y partidos recurran a la guerra sucia mediático-política, a las calumnias, verdades a medias y difamaciones para tratar de ganar una elección no mediante el convencimiento de los ciudadanos, sino con el desprestigio – merecido o no – del adversario.

En política, la guerra sucia consiste en lanzar acusaciones, señalamientos e injurias contra el rival o las instituciones electorales, sin que dichos descalificativos estén sustentados en pruebas y hechos. Y es claro que quienes promueven esta “estrategia” al hacerlo reconocen implícitamente su incapacidad de obtener el respaldo de la gente por su persona o propuestas.

Se supone que los comicios debieran ganarse con propuestas y proyectos viables, que convenzan a los votantes de que es posible estar mejor y generar progreso, desarrollo y bienestar. Sin embargo, el descrédito de los políticos ante la sociedad es tan grande, que poca gente realmente espera que algún gobernante cumpla sus promesas de campaña.

Por lo mismo, en muchas ocasiones, los partidos y candidatos ya no tratan de decir a los ciudadanos que son la mejor opción o que están preparados para resolver sus problemas y demandas, sino ocupan su tiempo y espacios mediáticos en denunciar que el adversario es peor y ha cometido mayores tropelías e ineficiencias.

Es obvio que este tipo de campañas generan abstencionismo y desánimo de los ciudadanos ante los procesos electorales y políticos, porque los propios candidatos y partidos les están demostrando que son iguales y que solamente se diferencian en quién es más inepto o corrupto.

Además, resulta perverso lanzar acusaciones y descalificativos infundados contra un rival político, ya que - incluso - se puede generar en las familias de los candidatos afectados un daño que va mucho más allá de las elecciones, sin que las instancias comiciales o judiciales puedan resarcirlos.

En consecuencia, para futuros procesos electorales locales y federales se requiere generar una nueva cultura política, que haga que los partidos y candidatos sean responsables y sensatos en sus pronunciamientos y que frene las guerras de lodo que solamente provocan el rechazo de la gente hacia todo lo relacionado con la vida pública.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Continuar con la exitosa protesta social

Por Enrique Chávez Estudillo*

El pasado lunes, varios medios informativos, como Poblanerías.com, E-Consulta, Periódico Digital, entre otros, informaron que fue exitosa la protesta social de los poblanos contra el alza desmedida a la cuota de estacionamiento en el centro comercial Angelópolis, porque el anterior fin de semana fue notorio el descenso en la cantidad de personas que acudieron a dicho lugar.

Y el hecho de que el fin de semana pasado se haya reducido notoriamente la cantidad de ciudadanos que fueron a Angelópolis, fue producto del boicot organizado a través de las redes sociales por poblanos inconformes con el cobro excesivo de estacionamiento en dicho sitio comercial.

Sin embargo y hasta el momento de escribir estas líneas, la administración del mencionado centro comercial no ha reducido las tarifas de estacionamiento y esto implica, simplemente, que la protesta social debe continuar hasta que ese cobro se reduzca a como estaba, porque de nada sirve que la sociedad se una entorno a un objetivo común, si dicha finalidad no se consigue.

Es claro que quienes decidieron multiplicar la tarifa de parqueo en Angelópolis están deseosos de que los poblanos aceptemos su abuso y nos resignemos a pagar lo que pretenden. Le apuestan al olvido colectivo, a que la protesta social se convierta en muda y a que se pierda la unidad en la protesta de los poblanos que ya no queremos ser víctimas de voraces prestadores de servicio.

Incluso, es probable que los administradores de otras plazas comerciales estén a la expectativa de ver qué sucede en este caso (si la tarifa excesiva es finalmente revocada por la protesta social o avalada por la apatía ciudadana), para tomar sus propias decisiones y, en un momento dado, elevar sus ganancias con el estacionamiento.

Por lo mismo, es importante que este movimiento social continúe hasta tener éxito, ya que – de lo contrario – se estaría sembrando un precedente peligroso: el de que los centros comerciales u otros prestadores de servicio en Puebla pueden cobrar lo que quieran cuando se les dé la gana, porque la gente acude ahí de cualquier manera y es incapaz de unirse y defenderse.

Una ventaja que tenemos quienes apoyamos esta protesta social es la existencia de varios centros comerciales tradicionales o modernos prácticamente en todo el municipio. Podemos ir a cualquier plaza (Centro Histórico, Dorada, La Noria, Las Ánimas, Cruz del Sur, Loreto, Milenio, San Pedro, entre otras), porque todas son bonitas, funcionales y cuentan con todos los servicios.

Es tiempo de que los prestadores de servicio tomen en cuenta los deseos de nosotros, los consumidores. Pero esto solamente podemos conseguirlo si nos unimos, frenamos los abusos y los obligamos a recapacitar.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

No a los abusos de los centros comerciales

Por Enrique Chávez Estudillo*

Los centros comerciales, como Angelópolis, Plaza Dorada, Las Ánimas o La Noria, entre otros, son muy importantes, debido a que concentran muchos servicios a los que podemos acceder los ciudadanos yendo a un solo lugar, además de que ahí se generan muchos empleos, se incentiva la actividad económica e, incluso, sirven como atractivo turístico.

Por ello, es particularmente importante que los poblanos nos mantengamos firmes y unidos en nuestra lucha por evitar que la administración del centro comercial Angelópolis persista en su intención de abusar con el cobro del estacionamiento, como lo pretende hacer al obligar a los asistentes a pagar 15 pesos por meter el vehículo en sus instalaciones y después cobrarles otros 5 pesos por cada hora de estancia.

Parece que quienes “administran” dicho lugar quieren que los ciudadanos nos alejemos de él o reduzcamos al mínimo indispensable el tiempo en que estamos ahí, porque solamente así se explica que pretendan que quienes van al cine, a comer algo o a comprar lo hagan con celeridad, cuando se supone que Angelópolis es un sitio de paseo, diversión y esparcimiento en el que se puede pasar el tiempo.

Para impedir este abuso contra los ciudadanos, por medio de la red social Facebook y el correo electrónico, muchos usuarios de este centro comercial estamos llamando a boicotearlo no asistiendo al mismo los días 29 y 30 de mayo, como protesta por el alza en la cuota de estacionamiento que entró en vigor el pasado día 17.

Las autoridades de los municipios de San Andres Cholula y Puebla se ven imposibilitadas a regular el tema, dado que las reformas al COREMUN (Código Reglamentario para el Municipio de Puebla) permiten la libre competencia, lo que reforzó la posición de la administración del centro comercial de negarse a dar marcha atrás a esta tarifa excesiva, a pesar de que, si la gente deja de acudir, se afectaría la economía de quienes prestan servicio ahí y, también, de los que tienen en el Centro comercial su fuente de trabajo.

Es obvio que quienes toman decisiones en dicho lugar están demasiado seguros de que la protesta social no fructificará y de que los consumidores seguirán yendo, porque solamente así se explica su necedad de tratar de cobrar en exceso el estacionamiento a quienes – de entrada – van a comprar o a consumir algo.

Por ende, únicamente dejando de acudir a dicho sitio en las semanas siguientes es como los ciudadanos podremos forzar a los dueños de los negocios instalados en Angelópolis, para que – a su vez – ellos hagan que la administración del lugar dé marcha atrás en este abuso.

Y el éxito de esta protesta social dependerá de la participación de los poblanos, que debemos unirnos – no solamente en este tipo de asuntos, sino en todos – para impedir los excesos de prestadores de servicios o de gobiernos contra nuestra economía.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Crear Legislación v.s. la Discriminación

Es tiempo de campaña electoral y los candidatos de todos los partidos a los diversos cargos que se disputan (Gobernador, Presidentes municipales y Diputados locales) hacen proselitismo prometiendo todo lo que ellos creen que la ciudadanía desea escuchar, aunque después les sea imposible cumplir lo que ofrecieron.




Por ello, es notorio que ninguno de los que aspiran a ser representantes populares en el siguiente Congreso del estado haya presentado propuesta concreta alguna acerca de un tema importante que el diario La Jornada de Oriente dio a conocer el pasado martes, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que Puebla presenta rezagos en su legislación contra la discriminación.


La nota de este diario, firmada por la reportera América Farías Ocampo, precisó que en nuestro estado no se han aprobado leyes contra la discriminación y la violencia, además de que ninguno de los actuales o anteriores diputados locales presentó iniciativa para sancionar los agravios verbales y físicos de funcionarios públicos contra la comunidad gay.



Este documento de la CNDH deja claro que los siguientes legisladores por Puebla tendrán que abordar un tema difícil y espinoso en una sociedad conservadora: la protección legal de las garantías individuales de los homosexuales. Es injustificable que hasta ahora ningún Congreso local haya querido abordar este tema por temor a un posible costo político.


Pero las leyes deben aprobarse y modernizarse para regular las relaciones humanas, entre particulares y con los diferentes gobiernos. Por lo mismo, la realidad de hoy nos ordena crear una legislación específica que impida la discriminación no solamente contra los miembros de la comunidad gay, sino también hacia cualquier grupo étnico, social, político o económico.




Mucho y con razón se queja la ciudadanía de que los poderes legislativos federal y local hacen poco o nada para mejorar la vida de la gente, a pesar de lo costosos que son para los mexicanos. Por ello, sería importante que el siguiente Congreso de Puebla asumiera como prioridad número uno la defensa de los Derechos Humanos creando o actualizando leyes, que doten a los poblanos de elementos para evitar discriminación y abusos de autoridad.



Es cierto que una legislación adecuada no evita - por sí misma - la segregación o los excesos de algún gobierno contra los ciudadanos, pero sí es un referente importante para impedir que los sectores sociales minoritarios sufran agresiones o exclusiones producidas por la homofobia.


*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla