Consenso y transparencia en la obra pública

BITÁCORA MUNICIPAL




Por Enrique Chávez Estudillo*

Desde noviembre del 2009 (E –Consulta, 31 de julio del 2010), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) otorgó al ayuntamiento de Puebla el permiso, para llevar a cabo el proyecto Corredor Gastronómico Bicentenario, que reactivará la economía de la zona y, además, rescatará algunos sitios de gran valía arquitectónica.

Sin embargo, el Consejo del Centro Histórico y algunos de mis compañeros regidores en el Cabildo de Puebla han externado justificadas inquietudes por este proyecto, debido a que temen que se dañe el patrimonio cultural o arquitectónico de la ciudad y, para evitarlo, han pedido al propio INAH que lo detenga, aunque esta dependencia federal ya aclaró que no parará los trabajos al no haber motivo para hacerlo.

Es natural que en los seres humanos haya temor a los cambios, además de que los poblanos valoramos el patrimonio cultural de nuestra ciudad y, por lo mismo, son entendibles las reticencias al proyecto para remodelar el Paseo Bravo. No obstante, todos los que pasamos por esa zona de la capital entendemos que hace falta darle vida y modernizarlo.

Este contexto refleja que, probablemente, ha fallado la comunicación entre el ayuntamiento, algunos regidores y los miembros del Consejo del Centro Histórico, a quienes – quizá – no se les ha explicado a detalle en qué consiste este programa de trabajo, cuáles son sus objetivos, cómo se preservará el patrimonio cultural de la ciudad, qué beneficios generará, quién lo ejecutará, en cuánto tiempo estará concluido y cómo reactivará la economía de la región.

Ningún gobierno – municipal, estatal o federal – pretende dañar las joyas arquitectónicas de la ciudad y, también, soy un convencido de que ningún grupo político o ciudadano se opone a proyectos benéficos solamente por intereses partidistas o particulares.

En consecuencia, es recomendable que algún funcionario del ayuntamiento promueva un acercamiento con el Cabildo, el Consejo del Centro Histórico, los colegios de ingenieros y arquitectos, empresarios y todos los sectores sociales interesados en el proyecto, para que se los muestre y responda a sus cuestionamientos, críticas o propuestas.

La mejor forma de evitar protestas contra los planes gubernamentales es llevarlos a cabo con transparencia y buscar el consenso social que los legitime. Así se evitan las sospechas, los rumores malintencionados, las imposiciones o las protestas.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

SCJN: atentado a los trabajadores

Por Enrique Chávez Estudillo*

Una justa indignación en todo el país causó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 22 de julio cercenó las pensiones de millones de trabajadores afiliados al IMSS al imponerles el tope de 10 microsalarios como límite máximo a sus percepciones por este concepto.

Esto quiere decir que, gracias a los “magistrados” de la SCJN, quienes reciban pensiones por haber cotizado en el IMSS solamente tendrán como derecho el de recibir una pensión salarial máxima de 10 minisalarios, pese a haber laborado 30, 40 o 50 años o a lo que hayan establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Este nuevo atentado de la SCJN al bienestar social de millones de mexicanos ha ocasionado que muchas ONGS y organizaciones laborales (no las tradicionales encabezadas por dirigentes charros) se inconformen contra el veredicto y amaguen con movilizaciones sociales e impugnaciones legales, para tratar de echarlo abajo.

Incluso, algunos empresarios y empleados amagan con emprender luchas legales, para que el IMSS les devuelva sus cuotas o una buena parte de ellas, debido a que muchas minipensiones que dará el instituto serán bastante menores a las aportaciones mensuales de la mayoría de los contribuyentes.

Antes de esta determinación de la minicorte, formada por minimagistrados, el tope máximo de pensiones era de 25 salarios mínimos, lo que corrobora que – de un plumazo – los entogados que cobran cada mes más de 300 mil pesos (el presidente de dicha instancia recibe más de 650 mil pesos mensuales) cercenaron casi dos terceras partes de lo que los jubilados mexicanos recibirán en el futuro.

Es claro que quienes integran este organismo defienden sus propios intereses y los de las oligarquías que los impusieron en la SCJN, pero no los de los trabajadores ni los del propio IMSS, que puede perder millones de pesos si a raíz de esta determinación los contribuyentes dejan de aportar sus cuotas o comienzan a pedir que les devuelvan la mayor parte de sus erogaciones.

Esta realidad debe unirnos a los mexicanos, para movilizarnos y echar abajo este atropello de la Corte y lo primero que tenemos que hacer es exigir a los diputados federales y senadores, que aprueben una ley que milite las pensiones del Presidente de la República, de los funcionarios, miembros del poder Legislativo y ministros de la SCJN a un máximo de 10 microsalarios.

Que quienes ordenan que los trabajadores mexicanos reciban pensiones de hambre, pongan el ejemplo y sean los primeros en jubilarse en esas condiciones. También sería adecuado que los colegios de abogados analicen cuáles son los castigos a los que se hacen merecedores quienes – como los miembros de la minicorte – cobran un salario del pueblo, pero lo traicionan atentando contra su futuro económico.

Incluso, sería adecuado que las ONGS y los sindicatos no controlados por los gobiernos y partidos denuncien en los foros internacionales este atentado de la SCJN y las oligarquías nacionales a los trabajadores mexicanos, para que la presión mundial obligue a los minimagistrados a rectificar.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Lealtad no es lo mismo que sumisión

BITÁCORA MUNICIPAL







Por Enrique Chávez Estudillo*

Este fin de semana el dirigente estatal de mi partido, el PRI, Alejandro Armenta Mier, lanzó un llamado a mantener la lealtad a la institución y añadió que en este tiempo de derrota y entrega del poder se verá quiénes somos fieles al partido y quiénes solamente se asumen como priístas cuando les interesa permanecer en la nómina de algún nivel de gobierno o en la dirección del propio tricolor.

Me parece muy adecuado que el dirigente del partido emita una convocatoria a mantener la lealtad alrededor del PRI, siempre y cuando no pretenda confundir la lealtad con la sumisión o la abyección, debido a que los tres conceptos tienen significados muy diferentes y los últimos dos son – precisamente – los que nos llevaron a los priístas a cometer errores innegables en la pasada elección y; en consecuencia, a perderla.

Me explico: de acuerdo a varios diccionarios, la lealtad es un valor derivado de la fidelidad consciente hacia un compromiso; mientras que la abyección quiere decir bajeza, envilecimiento o humillación y la sumisión implica la obediencia o el sometimiento a otros. En este escenario, queda claro que los priístas debemos ser leales al partido y no sumisos o abyectos con un grupo político determinado.

En esta coyuntura de derrota, quienes militamos en el PRI tenemos que ser fieles a sus estatutos, ideología y proyecto de Estado y Nación, pero no podemos ser sumisos con un grupo político que se ha autoasumido como propietario del partido y pretende seguirlo manteniendo como su herramienta particular, para repartirse cargos públicos y de representación ciudadana.

Después de la debacle electoral que los priístas poblanos sufrimos en la elección pasada, ser leales al partido implica trabajar para reconstruirlo partiendo de la base del mandato ciudadano externado en las urnas y evitando las imposiciones, decisiones cupulares y exclusiones que dañaron al mismo priísmo y lo llevaron a su derrota más grande en la entidad.

Para los verdaderos priístas, resultaría lamentable que quienes con malas decisiones e imposiciones lo llevaron a la debacle electoral del 4 de julio pretendan continuar controlando al partido, para utilizarlo de escudo contra los procesos legales que, tal vez, los gobiernos estatal y municipal entrantes pretendan ejecutar hacia aquéllos funcionarios que hayan incurrido en anomalías en el ejercicio público.

Tampoco es permisible que algún grupo pretenda mantener al PRI de Puebla como su patrimonio personal, para negociar candidaturas y prebendas en la sucesión presidencial próxima, porque incurrir – otra vez - en estos errores implicaría condenar al partido a más derrotas y al rechazo ciudadano.

Los verdaderos priístas sabemos que en la pasada elección local, los poblanos externaron su repudio a los escándalos generados desde el gobierno, al manejo patrimonialista de los recursos públicos y partidistas, a la manipulación de las encuestas y de la prensa local y a la utilización de priístas quemados y desprestigiados en la ejecución de guerras internas contra quienes militamos en el partido, pero no comulgamos con quienes lo usan para sus fines personales o de grupo.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PAN y PRD: el reto de ser buen gobierno

Por Enrique Chávez Estudillo*

La semana pasada hice hincapié en la necesidad de que el PRI en Puebla se convierta en una oposición responsable, incluyente, crítica, propositiva y democrática, porque solamente así podrá enfrentar de manera exitosa el reto de mantenerse vigente y recuperar la preferencia de la ciudadanía en las siguientes elecciones federales, pese a perder el gobierno estatal, la ciudad de Puebla, varias de las principales cabeceras distritales y la mayoría en el Congreso local en los comicios del 4 de julio.

Y sin duda que, insisto, el reto que los priístas de Puebla tenemos ante nosotros es muy grande. Sin embargo, los partidos que a partir de enero del año entrante dejarán la comodidad de ser oposición, para convertirse en gobierno por primera vez en nuestro estado deberán responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más informada, crítica, demandante y participativa.

Es normal que quienes dirigen, militan o simpatizan con los partidos opositores al PRI festejen los resultados de la pasada elección local, aunque deberían tomar en cuenta que en 1995 y 2001 el PAN ganó la presidencia municipal de Puebla y el gusto apenas le duró un trienio, porque los ayuntamientos que encabezó no tuvieron la capacidad de gobernar bien y responder a las expectativas de la gente.

Señala un viejo pero sabio dicho que “lo difícil no es llegar, sino mantenerse” y el reto de quienes gobernarán el estado y el municipio de Puebla será cumplir con las expectativas que generaron en los poblanos, porque –si no lo consiguen –los ciudadanos volverán a decepcionarse de ellos y a darles la espalda en las urnas.

Los poblanos demandamos de los próximos gobiernos eficiencia, honestidad, transparencia, resultados, obra pública útil y terminada a tiempo, servicios públicos de calidad, seguridad en las calles, tolerancia, respeto a los derechos humanos, generación de empleos, atracción de inversiones, combate real a la pobreza y; sobre todo, cumplimiento puntual y cabal a sus ofrecimientos de campaña.

Es grave cuando una fuerza política se niega a asumir el rol de oposición que le asignaron los ciudadanos; pero es mucho peor el que un partido se resista a asumir su rol de gobernante y, lamentablemente, en diversas ocasiones los mexicanos hemos visto a las administraciones panistas no cumplir con sus compromisos de campaña y poner miles de pretextos para justificar su incompetencia o corrupción.

Por lo mismo, los ciudadanos comunes y corrientes y, en particular los priístas, estaremos pendientes y vigilantes de que los gobiernos que entrarán en funciones en enero y febrero próximo trabajen a favor de la justicia social y den resultados positivos para la mayoría de los poblanos.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PRI: Oposición responsable y constructiva

Por Enrique Chávez Estudillo* 

Milito en el PRI desde hace más de 25 años y lo seguiré haciendo, porque soy un convencido de que hoy más que nunca están vigentes nuestros principios de “Democracia y Justicia Social”, además de que los 10 años que lleva el PAN en el gobierno federal han demostrado que los grupos conservadores carecen de la sensibilidad política necesaria para gobernar bien. 

Por todo esto, me duelen mucho las derrotas que mi partido obtuvo en todo el estado el domingo pasado, aunque soy un convencido de que “la voz del pueblo es la voz de dios” y, por lo mismo, deben ser respetada la voluntad de los poblanos que acudieron a las urnas y definieron el contexto geopolítico que predominará en la entidad en los años próximos. 

Después de más de 80 años, mi partido, el PRI, por primera vez será oposición en el estado de Puebla y este hecho nos da a los priístas la oportunidad de comportarnos de manera crítica y vigilante de los siguientes gobiernos estatal y municipal de Puebla, ya que deberemos cuidar que las administraciones públicas venideras cumplan con sus promesas de campaña y actúen a favor de las mayorías. 

Pero mi partido no solamente deberá ser crítico y vigilante de los gobiernos panistas, sino que también tendrá que ser responsable, constructivo y propositivo con ellos, para no convertirse en una fuerza política contestataria y retardataria, como las que en muchas ocasiones han tenido que enfrentar las administraciones públicas emanadas de nuestro tricolor. 

Los priístas deberemos ser críticos, proposititos y activos en las gestiones panistas, no con un afán revanchista o contestatario, sino para garantizar que las necesidades y demandas de los poblanos sean escuchadas y bien atendidas, debido a que la principal obligación de una verdadera fuerza opositora es vigilar que el gobierno – de cualquier nivel – cumpla con sus obligaciones y se apegue a la ley. 

Sin duda, la derrota del domingo pasado fue dolorosa, pero habrá que analizar qué la causó, corregir las fallas, abusos y excesos cometidos y paulatinamente darle la vuelta, para convertir al PRI de Puebla en una oposición fuerte, democrática, incluyente y unida en beneficio de los priístas y; en especial, de una gran mayoría de ciudadanos que no simpatiza con ningún partido, pero que necesita y exige que los gobiernos resuelvan sus problemas y demandas. 

Los poblanos demandan un priísmo inteligente, reflexivo, incluyente consigo mismo y con los ciudadanos, a los que debe representar y defender. En contraste, el PRI vociferante, simulador, abusivo con los fondos públicos, excluyente y patrimonialista fue el que perdió el domingo y tiene que terminar de desaparecer.   

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El futuro de la ciudad

Por Enrique Chávez Estudillo*

  

Puebla es la cuarta ciudad más importante del país, con un millón 485 mil pobladores, incluidos en una zona metropolitana de 2.6 millones de habitantes, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el 2005 y, por lo mismo, las elecciones locales del siguiente domingo tienen una gran importancia, ya que definirán su futuro y el de quienes vivimos en ella.

Cerca del 28 por ciento de la población total de la entidad habita en Puebla capital, donde también se concentra la mayor actividad productiva, económica, educativa, comercial y de servicios, lo que la convierte en una ciudad cosmopolita, plural y competitiva.

Este fin de semana, quienes vivimos en nuestro municipio tendremos el derecho –y también el deber – de acudir a las urnas, para definir cómo queremos que sea la ciudad en los próximos años y qué haremos todos para convertir nuestros sueños en realidad, porque es obligación de todos los sectores sociales trabajar en pro de la Angelópolis.

Afortunadamente, las campañas ya finalizaron y ahora es el turno de esperar y respetar la decisión de la ciudadanía. En una ciudad plural y civilizada, como Puebla, debe imperar el respeto a los demás y la tolerancia hacia todas las ideas y posiciones políticas y, por ello, es necesario que la jornada del domingo se efectúe en un marco de paz y de apego a la legalidad.

Soy un convencido de que lo mejor de nuestra ciudad es su gente y, por lo mismo, pienso que la mayoría de los ciudadanos acudiremos a depositar nuestro voto, convencidos de que es una de las mejores maneras en que podremos expresar nuestras instrucciones a los próximos gobernantes y representantes legislativos, sin importar su origen partidista.    

Los ciudadanos debemos, primero, cumplir con nuestras obligaciones cívicas –como ir a votar - para luego tener el derecho de exigir a los gobernantes que respeten sus deberes legales, ya que no es válido quejarse de los problemas o de las fallas de los distintos gobiernos y no hacer algo para evitarlas. 

Concretar el sufragio efectivo es importante para fortalecer a la democracia y hacer llegar el mensaje de la sociedad a sus próximos representantes. Además, es una de las formas en que la sociedad poblana puede demostrar que está más que preparada para asumir su rol de vigilante del servicio público.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El fracaso de la SCJN en el caso ABC

La semana pasada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a los altos funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora de sus respectivas responsabilidades en el caso del incendio en la guardería ABC, en el que murieron 49 bebés y 80 más resultaron con quemaduras.

Esta tragedia enlutó a todo el país el 5 de junio del año pasado y se debió a una grave negligencia tanto del IMSS como del gobierno de Sonora. Sin embargo, nadie ha sido acusado o consignado por ella, quizá porque que diversas instancias han comprobado que la guardería ABC era un negocio de colaboradores y familiares del ex gobernador Eduardo Bours y de la primera dama del país, Margarita Zavala. 

Al exonerar a los culpables de las muertes de 49 bebés, los integrantes de la SCJN volvieron a ganarse el repudio y rechazo social generalizados y demostraron- una vez más – que la impartición de justicia en el país depende de los intereses del Presidente de la República en turno, a pesar de que la Carta Magna de México establece que debe haber una real división de poderes.

Es lamentable que las defunciones de 49 infantes queden impunes por los intereses políticos y personales del gobierno federal y es doblemente triste que quienes conforman la corte – que nada tiene de Suprema – se hayan autonegado el derecho de impartir justicia sancionando contra quienes, primero, lucraron con los niños y con los recursos del IMSS y; posteriormente, cometieron actos criminales de negligencia que permitieron el incendio. 

El veredicto de los “ministros” implica que esta instancia considera que “no pasó nada” en el caso de la guardería ABC, a pesar de las decenas de hogares enlutados y de los reclamos airados y justificados de padres de familia que exigían justicia… y no la obtuvieron.

Otra consecuencia negativa de esta actitud omisa y cómplice de quienes conforman la SCJN es que alienta la corrupción y negligencia gubernamental, debido a que permite que salgan impunes los funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora que solaparon o cometieron anomalías.

Además, seguramente este veredicto generó otro dolor grande a los progenitores de los niños fallecidos y lesionados, quienes deseaban y esperaban justicia, pero se encontraron con supuestos ministros que – en los hechos – exoneraron a los culpables de lo ocurrido.

Este dictamen demostró – una vez más – que los centenares de miles de pesos que cobran mensualmente los integrantes de la SCJN son recursos públicos perdidos, tirados miserablemente a la basura. 

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla