¿Cuál Independencia?

Por Enrique Chávez Estudillo

Con un claro afán político-propagandístico, el gobierno federal lleva a cabo una intensa campaña para promover los festejos tanto del Bicentenario de la Independencia como del Centenario de la Revolución Mexicana, a pesar de nuestra realidad, que demuestra que México es cada vez más dependiente de los Estados Unidos de América, sobre todo a raíz de que en 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN).

¿Cuál Independencia debemos festejar los mexicanos?, si – según expertos – el 80 por ciento de la actividad comercial de nuestro país se da con los Estados Unidos de América y menos del 3 por ciento con Europa u otras 42 naciones de ese u otros continentes, lo que implica que en los hechos existe una gran dependencia económica de México hacia nuestro vecino del norte.

Y cuando a los americanos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía, como lo demuestra todos los días la actual crisis económica global, que hizo patente que todo el sector productivo y comercial de México cae en picada si Estados Unidos deja de comprar nuestros productivos, servicios o sus ciudadanos evitan venir de turistas.

Es poco realista gritar a los 4 vientos que nuestra nación es independiente, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el pasado 3 de septiembre (La Jornada) que su deuda externa es de casi 168 mil millones de dólares, después de que durante el actual gobierno federal este déficit se ha incrementado cerca del 68 por ciento.

Además, se calcula que cada año más de 400 mil mexicanos tratan de ingresar a EUA (y a algunas otras naciones) para trabajar, según la ONU y el Conapo. Este hecho comprueba que nuestro país es – lamentablemente – incapaz de generar los empleos que sus ciudadanos necesitan y, por lo mismo, resulta fuera de toda proporción decir que tiene independencia económica.

Por si fuera poco, México arrastra una dependencia alimentaria del 52 por ciento (nota del Sol de México, marzo del 2009), ya que en los años recientes su producción de alimentos se estancó (19 millones de toneladas anuales) y debió importar más del doble de comida producida en nuestra nación (20.5 millones de toneladas).

Al mismo tiempo, la dependencia tecnológica le cuesta al país cerca de 400 mil millones de pesos anuales y lo sume en un completo rezago en esta materia, según datos de la cámara de diputados federales y otras instancias, que han señalado que México no invierte lo suficiente en el rubro de generación de ciencia y tecnología propias.

Este contexto socioeconómico, educativo y político del país es una clara prueba de que no hay una verdadera independencia qué festejar y de que las fechas de los movimientos armados de 1810 y 1910 solamente están siendo usadas por el gobierno federal, para hacerse propaganda y tratar e distraer a los mexicanos de la pésima situación del país.

Y la ciudadanía está consciente de todo ello, como lo corroboró el pasado miércoles 15 de septiembre al no acudir a los “festejos” oficiales que se llevaron a cabo en varios municipios, como Ciudad Juárez, donde poca gente salió a conmemorar la supuesta Independencia de México

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Dos buenas decisiones de la SCJN

Por Enrique Chávez Estudillo*

El 5 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la legalidad de los matrimonios entre homosexuales en el Distrito Federal, con dos argumentos que yo comparto plenamente: que la procreación no es el único objetivo de la unión legal entre dos personas y que esta medida no atenta contra las familias tradicionales.

Además, el 16 de agosto de este mes, la misma SCJN aprobó que las parejas del mismo sexo puedan adoptar a un niño en la capital del país, debido a que los magistrados no encontraron o conocieron ningún estudio científico que demostrara que un menor es dañado al ser adoptado en un ambiente homoparental.

Ambas decisiones de la SCJN son positivas, históricas y contribuyen al desarrollo social no solamente de la ciudad de México, sino de todo el país, ya que conllevan a superar el conservadurismo y homofobia, que lamentablemente, predominan en muchos aspectos de la vida y geografía nacional.

El hecho de que las parejas homosexuales del DF puedan legalizar su unión y dar amor y cuidados a un niño, del que nadie más se hace responsable, es reconocer una realidad que vemos todos los días: que existen las uniones homoparentales y que muchos menores de edad están abandonados y necesitan ser adoptados, para aspirar a una mejor calidad de vida.

También positivo que, en ley, se reconozca a la comunidad homosexual de la capital del país los derechos humanos de legalizar su unión y de adoptar a un menor, ya que, si el marco jurídico en todo el país permite que las parejas heterosexuales contraigan matrimonio y se hagan cargo de un hijo no procreado por ellas, no hay razón para que a las relaciones homoparentales se les nieguen dichas facultades.

Incluso, considero sano que en Puebla se abra un debate respetuoso y formal acerca de ambos temas, para que toda la sociedad – incluyendo las ONGS defensoras de los derechos de los homosexuales, las diversas iglesias y expertos sicólogos, médicos y sociólogos – analice si es conveniente tomar medidas legales similares a las que prevalecen en el DF en esta materia.

En este espacio he externado diversas críticas a los magistrados de la SCJN por haber tomado algunas decisiones que, en lo personal, considero injustas o nocivas para la mayoría de la sociedad. Sin embargo, en esta ocasión, me complace constatar que los miembros de la SCJN emitieron sus veredictos cuidando los derechos humanos de las parejas homoparentales y el avance social.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Equidad de género, asignatura pendiente

Por Enrique Chávez Estudillo*

Desde hace tiempo, los ciudadanos sabemos que los gobiernos de todos los niveles utilizan el tema de la equidad de género, para promoverse al presumir reales o supuestos avances en la materia o prometer que impulsará tal o cual medida, para promover la igualdad y el respeto mutuo entre ambos sexos.

Pero lo cierto es que en todo el país y, principalmente en Puebla, la equidad de género sigue siendo una asignatura pendiente, como lo ratificó en marzo pasado el INEGI al informar que nuestra entidad es la sexta del país con mayor violencia contra las mujeres (Jornada de Oriente), solamente superado por el Estado de México, Jalisco, Colima, Tabasco y Durango.

El mismo INEGI dio a conocer en mayo pasado (Jornada de Oriente) que el 50 por ciento de las madres poblanas es violentado por sus propias parejas, a pesar de que, según el Consejo Estatal de Población, el 25 por ciento de los hogares del estado es encabezado por una mujer (E- Consulta).

La realidad es que las mujeres ocupan cada vez espacios de mayor relevancia en el desarrollo económico y profesional de Puebla y el mundo, sin que este hecho se traduzca en mejoras sustanciales en su calidad de vida y, especialmente, en el trato que reciben de nosotros, los hombres.

Así, a pesar de que ellas son el 52 por ciento de la población estatal y contribuyen de manera dedicada y decidida al sostenimiento de sus familias y a la actividad productiva de la entidad, sus salarios son menores (en 7.2 por ciento, según la Organización Internacional del Trabajo) al de los varones que desempeñan su mismo trabajo.

Ante esta problemática, desde hace tiempo prácticamente todos los gobiernos crearon sus respectivos “institutos para las mujeres”, pero lo hicieron más con la intención de darles un manejo político a esas dependencias y de simular que se trabaja a favor del sector femenino de la población, que con un genuino propósito de abatir la inequidad de género y protegerlas de abusos, acosos e injusticias.

Porque la equidad de género solamente se hará realidad cuando en el seno de cada familia, empresa, organización social, institución y dependencia de gobierno haya un trato igualitario a hombres y mujeres, con las mismas oportunidades laborales, económicas y políticas para ambos.

Además, es obligatorio promover las relaciones respetuosas y sanas entre los integrantes de las familia y centros de trabajo, ya que de esta forma es posible dejar atrás el arraigado machismo que desde tiempos ancestrales predomina – todavía – en muchos sectores sociales y laborales.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Los retos del PRI

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

Es lógico que la derrota de mi partido en los comicios del pasado 4 de julio en estados importantes electoralmente, como Oaxaca, Sinaloa y, sobre todo, Puebla, haya generado un debate interno extenso, sobre cuál debe ser su futuro, quién puede encabezarlo y qué tiene que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía antes de la sucesión presidencial del 2012.

Incluso, me parece sano y muy necesario que los priístas de Puebla debatamos abiertamente qué partido necesitamos y queremos construir para los próximos años, porque un partido debe promover las discusiones internas, para ser una institución democrática, incluyente y transparente, capaz de recuperar la confianza mayoritaria de la gente.

Sin embargo, es negativo el hecho de que algunos funcionarios de distintos niveles de gobierno se nieguen a aceptar que las condiciones políticas internas y externas en el PRI estatal han cambiado radicalmente a partir del 4 de julio y sigan con su misma y desgastada fórmula de utilizar a determinados columnistas políticos, para descalificar a sus críticos y promover campañas negras contra sus adversarios.

Porque lo que los priístas tenemos que discutir en este momento no es únicamente qué tipo de dirigente estatal o municipal debe encabezarnos a partir del año entrante, sino – sobre todo – qué tipo de partido debemos conformar, para recuperar el apoyo mayoritario de los poblanos.

Quienes realmente queremos al partido sabemos que su trascendencia no radica en las instalaciones, edificios, muebles o en el manejo de las cuotas de sus militantes, sino en sus principios, ideología, praxis política y, principalmente, en el apoyo de miles de ciudadanos de Puebla, que confían en él y que esperan que se democratice y que sea una oposición crítica, responsable y propositiva.

Para recuperar el apoyo mayoritario de la gente, los priístas debemos entender la nueva realidad sociopolítica del estado y ofrecer soluciones reales a las necesidades y demandas de los jóvenes, las mujeres, los estudiantes, trabajadores y los empresarios poblanos, porque cada sector social tiene una problemática específica que debe ser atendida por el partido.

Además, deben erradicarse las prácticas autoritarias y excluyentes, que mucho han dañado al priísmo al provocar divisiones internas y derrotas. En contraste, lo que se necesita en el seno partidista es promover la democracia, la inclusión y, sobre todo, el acatamiento a las decisiones de la militancia.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Consenso y transparencia en la obra pública

BITÁCORA MUNICIPAL




Por Enrique Chávez Estudillo*

Desde noviembre del 2009 (E –Consulta, 31 de julio del 2010), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) otorgó al ayuntamiento de Puebla el permiso, para llevar a cabo el proyecto Corredor Gastronómico Bicentenario, que reactivará la economía de la zona y, además, rescatará algunos sitios de gran valía arquitectónica.

Sin embargo, el Consejo del Centro Histórico y algunos de mis compañeros regidores en el Cabildo de Puebla han externado justificadas inquietudes por este proyecto, debido a que temen que se dañe el patrimonio cultural o arquitectónico de la ciudad y, para evitarlo, han pedido al propio INAH que lo detenga, aunque esta dependencia federal ya aclaró que no parará los trabajos al no haber motivo para hacerlo.

Es natural que en los seres humanos haya temor a los cambios, además de que los poblanos valoramos el patrimonio cultural de nuestra ciudad y, por lo mismo, son entendibles las reticencias al proyecto para remodelar el Paseo Bravo. No obstante, todos los que pasamos por esa zona de la capital entendemos que hace falta darle vida y modernizarlo.

Este contexto refleja que, probablemente, ha fallado la comunicación entre el ayuntamiento, algunos regidores y los miembros del Consejo del Centro Histórico, a quienes – quizá – no se les ha explicado a detalle en qué consiste este programa de trabajo, cuáles son sus objetivos, cómo se preservará el patrimonio cultural de la ciudad, qué beneficios generará, quién lo ejecutará, en cuánto tiempo estará concluido y cómo reactivará la economía de la región.

Ningún gobierno – municipal, estatal o federal – pretende dañar las joyas arquitectónicas de la ciudad y, también, soy un convencido de que ningún grupo político o ciudadano se opone a proyectos benéficos solamente por intereses partidistas o particulares.

En consecuencia, es recomendable que algún funcionario del ayuntamiento promueva un acercamiento con el Cabildo, el Consejo del Centro Histórico, los colegios de ingenieros y arquitectos, empresarios y todos los sectores sociales interesados en el proyecto, para que se los muestre y responda a sus cuestionamientos, críticas o propuestas.

La mejor forma de evitar protestas contra los planes gubernamentales es llevarlos a cabo con transparencia y buscar el consenso social que los legitime. Así se evitan las sospechas, los rumores malintencionados, las imposiciones o las protestas.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

SCJN: atentado a los trabajadores

Por Enrique Chávez Estudillo*

Una justa indignación en todo el país causó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 22 de julio cercenó las pensiones de millones de trabajadores afiliados al IMSS al imponerles el tope de 10 microsalarios como límite máximo a sus percepciones por este concepto.

Esto quiere decir que, gracias a los “magistrados” de la SCJN, quienes reciban pensiones por haber cotizado en el IMSS solamente tendrán como derecho el de recibir una pensión salarial máxima de 10 minisalarios, pese a haber laborado 30, 40 o 50 años o a lo que hayan establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Este nuevo atentado de la SCJN al bienestar social de millones de mexicanos ha ocasionado que muchas ONGS y organizaciones laborales (no las tradicionales encabezadas por dirigentes charros) se inconformen contra el veredicto y amaguen con movilizaciones sociales e impugnaciones legales, para tratar de echarlo abajo.

Incluso, algunos empresarios y empleados amagan con emprender luchas legales, para que el IMSS les devuelva sus cuotas o una buena parte de ellas, debido a que muchas minipensiones que dará el instituto serán bastante menores a las aportaciones mensuales de la mayoría de los contribuyentes.

Antes de esta determinación de la minicorte, formada por minimagistrados, el tope máximo de pensiones era de 25 salarios mínimos, lo que corrobora que – de un plumazo – los entogados que cobran cada mes más de 300 mil pesos (el presidente de dicha instancia recibe más de 650 mil pesos mensuales) cercenaron casi dos terceras partes de lo que los jubilados mexicanos recibirán en el futuro.

Es claro que quienes integran este organismo defienden sus propios intereses y los de las oligarquías que los impusieron en la SCJN, pero no los de los trabajadores ni los del propio IMSS, que puede perder millones de pesos si a raíz de esta determinación los contribuyentes dejan de aportar sus cuotas o comienzan a pedir que les devuelvan la mayor parte de sus erogaciones.

Esta realidad debe unirnos a los mexicanos, para movilizarnos y echar abajo este atropello de la Corte y lo primero que tenemos que hacer es exigir a los diputados federales y senadores, que aprueben una ley que milite las pensiones del Presidente de la República, de los funcionarios, miembros del poder Legislativo y ministros de la SCJN a un máximo de 10 microsalarios.

Que quienes ordenan que los trabajadores mexicanos reciban pensiones de hambre, pongan el ejemplo y sean los primeros en jubilarse en esas condiciones. También sería adecuado que los colegios de abogados analicen cuáles son los castigos a los que se hacen merecedores quienes – como los miembros de la minicorte – cobran un salario del pueblo, pero lo traicionan atentando contra su futuro económico.

Incluso, sería adecuado que las ONGS y los sindicatos no controlados por los gobiernos y partidos denuncien en los foros internacionales este atentado de la SCJN y las oligarquías nacionales a los trabajadores mexicanos, para que la presión mundial obligue a los minimagistrados a rectificar.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Lealtad no es lo mismo que sumisión

BITÁCORA MUNICIPAL







Por Enrique Chávez Estudillo*

Este fin de semana el dirigente estatal de mi partido, el PRI, Alejandro Armenta Mier, lanzó un llamado a mantener la lealtad a la institución y añadió que en este tiempo de derrota y entrega del poder se verá quiénes somos fieles al partido y quiénes solamente se asumen como priístas cuando les interesa permanecer en la nómina de algún nivel de gobierno o en la dirección del propio tricolor.

Me parece muy adecuado que el dirigente del partido emita una convocatoria a mantener la lealtad alrededor del PRI, siempre y cuando no pretenda confundir la lealtad con la sumisión o la abyección, debido a que los tres conceptos tienen significados muy diferentes y los últimos dos son – precisamente – los que nos llevaron a los priístas a cometer errores innegables en la pasada elección y; en consecuencia, a perderla.

Me explico: de acuerdo a varios diccionarios, la lealtad es un valor derivado de la fidelidad consciente hacia un compromiso; mientras que la abyección quiere decir bajeza, envilecimiento o humillación y la sumisión implica la obediencia o el sometimiento a otros. En este escenario, queda claro que los priístas debemos ser leales al partido y no sumisos o abyectos con un grupo político determinado.

En esta coyuntura de derrota, quienes militamos en el PRI tenemos que ser fieles a sus estatutos, ideología y proyecto de Estado y Nación, pero no podemos ser sumisos con un grupo político que se ha autoasumido como propietario del partido y pretende seguirlo manteniendo como su herramienta particular, para repartirse cargos públicos y de representación ciudadana.

Después de la debacle electoral que los priístas poblanos sufrimos en la elección pasada, ser leales al partido implica trabajar para reconstruirlo partiendo de la base del mandato ciudadano externado en las urnas y evitando las imposiciones, decisiones cupulares y exclusiones que dañaron al mismo priísmo y lo llevaron a su derrota más grande en la entidad.

Para los verdaderos priístas, resultaría lamentable que quienes con malas decisiones e imposiciones lo llevaron a la debacle electoral del 4 de julio pretendan continuar controlando al partido, para utilizarlo de escudo contra los procesos legales que, tal vez, los gobiernos estatal y municipal entrantes pretendan ejecutar hacia aquéllos funcionarios que hayan incurrido en anomalías en el ejercicio público.

Tampoco es permisible que algún grupo pretenda mantener al PRI de Puebla como su patrimonio personal, para negociar candidaturas y prebendas en la sucesión presidencial próxima, porque incurrir – otra vez - en estos errores implicaría condenar al partido a más derrotas y al rechazo ciudadano.

Los verdaderos priístas sabemos que en la pasada elección local, los poblanos externaron su repudio a los escándalos generados desde el gobierno, al manejo patrimonialista de los recursos públicos y partidistas, a la manipulación de las encuestas y de la prensa local y a la utilización de priístas quemados y desprestigiados en la ejecución de guerras internas contra quienes militamos en el partido, pero no comulgamos con quienes lo usan para sus fines personales o de grupo.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla