miércoles, 3 de noviembre de 2010

Transparencia y rendición de cuentas

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo *



Sin duda, el tema más mencionado en los medios informativos en los tiempos recientes es la transparencia, que, más allá de situaciones coyunturales, debe asumirse como una prioridad para cualquier gobierno o entidad pública que pretenda ver legitimado su actuar ante la ciudadanía, ya que para obtener la aprobación de la gente se necesita que en el sector oficial haya rendición de cuentas y acceso a la información.



La transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información son tres elementos básicos de cualquier gobierno democrático, como mecanismos de gobernabilidad haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, además de que abren canales de comunicación entre el sector público y demás actores sociales.


La difusión y aceptación de los tres procesos conllevan una necesaria transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público en nuestro país y entidad, porque implica sujetar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos de todos los niveles al escrutinio crítico de la sociedad, pese a que algunos crean que su poder y control son absolutos y que pueden disponer a su arbitrio personal de los recursos humanos y materiales disponibles y hasta de la aplicación de los poderes del Estado.


La rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión y asociación, que permiten a la gente organizarse, defender sus ideas frente a la actuación del gobierno y exigirle información y resultados al mismo. En una verdadera democracia, todo ciudadano puede contar con elementos suficientes para conocer y evaluar las acciones oficiales y, cuando no se tienen mecanismos o instituciones que faciliten los datos o solamente se simula con ellos, el Estado pierde credibilidad y legitimidad.


Todas las dependencias públicas y quienes las conformamos tenemos la obligación de explicar a la sociedad nuestras acciones y aceptar la responsabilidad sobre las mismas. En consecuencia, se necesita mejorar los mecanismos de consulta y diálogo, para que no solamente se facilite información, sino para que haya una verdadera retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía, debido a que así se alentaría la participación social en las acciones y programas oficiales.



En México hace realmente poco que comenzó a hacerse realidad la transparencia y lo que ella conlleva, ya que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó apenas el 11 de junio del 2002, lo que implica que son nuevas las instituciones nacional y local encargadas de materializar el acceso a la información.



Fue en el 2005, durante las gestiones de Mario Marín Torres y Enrique Doger Guerrero en el estado y municipio, respectivamente, cuando se conformaron los organismos estatal y municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar respuesta a las demandas ciudadanas de rendición de cuentas y decirle a la gente en qué se erogan sus recursos y qué funcionarios son los encargados de solucionar un determinado problema o necesidad.



Por ende, más allá de situaciones coyunturales, lo recomendable es fortalecer a dichos organismos y mejorar la legislación de la materia, para que la rendición de cuentas abarque todos los aspectos importantes del actuar público y partidista, como la publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales, las estadísticas financieras, comerciales y monetarias, las compensaciones totales de funcionarios, datos sobre financiamiento de campañas políticas, uso de los recursos humanos y económicos de los gobiernos y entidades que reciban dinero oficial y, desde luego, el avance real de los programas y proyectos aplicados por las administraciones de todos los niveles.



El fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas es básico para combatir la corrupción, los abusos de poder y la impunidad, que en muchas ocasiones son inherentes a la opacidad y al manejo unipersonal, secreto y absolutista de los recursos y atribuciones gubernamentales.



*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

martes, 26 de octubre de 2010

Eficiencia recaudatoria, asignatura pendiente

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*


Con razón, los ciudadanos que pagamos puntual y religiosamente nuestros impuestos nos quejamos de manera permanente de que los diferentes niveles de gobierno se la pasan incrementando las cargas fiscales y, sobre todo, de que siempre nos cobra más a los mismos contribuyentes, mientras consiente a muchas grandes empresas que no pagan casi nada.


Al mismo tiempo, información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dada a conocer en marzo pasado (El Financiero) precisa que la tasa de evasión fiscal en México es del 23 por ciento y que poco más del 10 por ciento de los ingresos del PIB se generan por impuestos, mientras en países desarrollados, como Estados Unidos, Italia o Francia ese porcentaje asciende hasta el 42 por ciento.



Esto quiere decir que, al mismo tiempo que los ciudadanos nos quejamos de que el gobierno nos ordeña con sus impuestos, la SHCP lamenta que los ingresos gubernamentales por el cobro de las cargas fiscales son escasos y contribuyen en poco al desarrollo nacional.


Entonces, ¿quién tiene razón, la gente o el gobierno?. La respuesta es que ambos, porque, efectivamente, en los tiempos recientes el sector público ha incrementado considerablemente sus cobros a los ciudadanos, que cada mes vemos cómo se eleva el costo de productos y servicios oficiales, como gasolina, luz y hasta el IVA, que desde el año pasado es del 16 por ciento.

 
Sin embargo, los ingresos que los gobiernos obtienen por cobrar las diversas cargas fiscales son considerablemente menores a los que recaudan naciones con las que tenemos acuerdos comerciales. Esto se debe a que el sistema recaudatorio mexicano es complejo, intrincado, difícil de seguir y abierto a la evasión.


Además, cerca de 400 empresas cuyas ganancias rondan entre el 55 y 60 por ciento del PIB nacional apenas pagan el 1.7 por ciento de impuestos, ya que desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez tienen privilegios que les permiten evadir al fisco, con el pretexto de que – si cubrieran lo justo – no serían competitivas a nivel internacional.



Este contexto establece que todos los niveles de gobierno tienen como asignatura pendiente crear sistemas recaudatorios eficientes, justos, equitativos, progresivos (que paguen más los que ganan más), fáciles de cumplir y transparentes, puesto que no es correcto que el ciudadano cautivo común pierda una tercera parte de sus ingresos por pagar impuestos, mientras las grandes empresas pagan poco o nada.


Por lo mismo, se necesita que, en lugar de que cada año los diputados locales y federales hagan parches en las leyes de Ingresos de los gobiernos federal y estatales, se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal integral, que facilite y equilibre el pago de impuestos y dote a todo el sector público de mayores recursos, sin sangrar más a la clase media y a los trabajadores cautivos.


Lamentablemente, esta anhelada reforma fiscal integral no se concretó este año en el país y, por lo mismo, parece que será pospuesta hasta otro sexenio federal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

miércoles, 20 de octubre de 2010

El perfil de un buen dirigente político

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo*



Para quienes militamos en el PRI, la elección del dirigente estatal del partido nunca había sido tan trascendente, como lo es ahora, porque, a partir de febrero próximo, no habrá una figura política que - pese a no ser el presidente formal de los priístas - tome las decisiones más importantes, defina las principales candidaturas y marque el rumbo a seguir.


Lo que sucede es que, incluso en este momento, pocos meses después de que el partido perdió la gubernatura, los priístas de Puebla estamos conscientes de que todavía existe un jefe político que influye de manera determinante en las decisiones del partido.




Pero dicha figura se acaba el siguiente 31 de enero y, por lo mismo, el próximo dirigente del PRI tendrá un margen de influencia política y social mucho mayor que sus antecesores tanto al interior como al exterior del priísmo.



En este escenario socio-político, quien dirija los destinos del partido en Puebla en los próximos años deberá ser alguien inteligente y valiente, para que tome las mejores decisiones en bien de los priístas y, principalmente, de la sociedad, sin importarle las consecuencias negativas que le toque enfrentar en términos mediáticos o de imagen personal.


También tendrá que ser una mujer u hombre muy generoso y con una gran calidad moral y legitimidad, para que deponga sus intereses personales y no utilice al tricolor como un trampolín, para tratar de ser candidato a diputado federal o senador en el 2012 o, mucho menos, para satisfacer sus ambiciones económicas personales o de grupo.




Más allá de las personas, se requiere alguien que llegue al Comité Directivo con legalidad y legitimidad, ya que solamente así podrá cohesionar a los distintos grupos que conforman al partido. Este líder tendrá que ser precisamente eso, para saber escuchar, conciliar con las diferentes expresiones internas y no dejarse envolver por ningún sector partidario.


Sin importar su nombre, se necesita un dirigente aceptado socialmente y con verdaderos puentes de comunicación con los partidos y gobiernos diferentes al PRI, debido a que la ciudadanía demanda que la principal fuerza política de la entidad se constituya en una verdadera fuerza de oposición, pero que al mismo tiempo sea propositiva y constructiva.



El partido necesita alguien que escuche a todos y que no actúe como “cabeza de facción”, sino como presidente de todos los priístas de Puebla. Además, demandamos que quien nos represente cuente con una sólida preparación política, ideológica y académica, que le permita erigirse en un dirigente opositor crítico y agudo, pero al mismo tiempo coherente y sensato.


Finalmente, el PRI exige que quien lo encabece se niegue a erigirse en comparsa de los gobiernos federal, estatal o municipal, pese a lo atractivas de las propuestas que le hagan, puesto que solamente un dirigente así tendrá la capacidad política y la calidad moral para enfrentar con éxito el reto que representan los procesos electorales del 2012 y 2013.



*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

miércoles, 13 de octubre de 2010

El cinismo de ciertos “representantes populares”

Por Enrique Chávez Estudillo*


La clase política y quienes formamos parte de ella arrastramos un profundo desprestigio ante la ciudadanía, que desde hace mucho no confía en nosotros, no se interesa en lo que hacemos y rechaza – en automático - a quienes ocupan un cargo público o de representación popular.


Es negativo para todos el hecho de que la ciudadanía se mantenga alejada de las actividades públicas, porque quienes ejercemos una función de gobierno o de representación tenemos que combatir esa indiferencia para sacar adelante los proyectos, aparte de que la sociedad no está informada de qué programas o acciones gubernamentales la pueden beneficiar y, en consecuencia, no los obtiene.



Esta realidad hace necesario que quienes tenemos el privilegio de ejercer una representación popular -como senadores, diputados locales, federales y regidores de cualquier ayuntamiento – nos esforcemos por escuchar a la gente, servirle, cumplir con las obligaciones legales que tenemos y cuidar los recursos públicos que nos son asignados.


Por lo mismo, me resulta inexplicable e injustificable que haya compañeros de Cabildo que ante la avalancha de críticas ciudadanas y periodísticas que se les formularon por haberse ido a París a poco menos de 4 meses de concluir la gestión, decidieron burlarse de la sociedad ironizando que traeran de Francia un proyecto para instalar en Puebla una torre Eiffel.


Porque si es indignante que quien cobra un sueldo como presunto representante popular haya decidido hacer un viaje con cargo al erario público, pese a que dicha travesía no contribuye en nada a la sociedad que le paga su salario, es mucho más desalentador y enojoso que ante la andanada de cuestionamientos sociales y mediáticos por este exceso decida responder con burla y cinismo, cuando lo que la ciudadanía demandaba era conocer en qué la benefició dicho gasto.


Esta actitud es mucho más injustificable y negativa en determinados casos, porque quien la comete es alguien que se la ha pasado casi tres años pontificando, corrigiendo y criticando todo lo que hace o dice el actual ayuntamiento de Puebla y autoerigiéndose como una especie de “conciencia moral” de la administración.


Lo que no toma en cuenta quien comete abusos y se mofa de la ciudadanía es que la sociedad tiene memoria y se cobra los agravios. Y esto se ratificará en el futuro próximo, cuando busquen otro cargo de representación popular quienes hoy se burlan de la inconformidad de la gente.


*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PRI: nueva imposición, mismo error

Por Enrique Chávez Estudillo*
 
Todo parece estar listo para que el Consejo Político Estatal de mi partido, el PRI, obedezca una nueva instrucción del llamado “primer priísta de la entidad” e imponga a como dirigente de nuestro instituto político a quien perdió la pasada elección, a pesar de que el tricolor arrancó la sucesión con más de 20 puntos de ventaja.

De concretarse esta nueva imposición, se estará cometiendo el mismo error que generó la derrota del partido en julio pasado: nombrar como candidato (o en este caso dirigente) a quien tiene como “virtud política” su cercanía con el gobernador en turno y no un liderazgo real o la simpatía de la ciudadanía o los priístas.

Y, de cumplir esta instrucción, los consejeros del PRI local estarán demostrando que su capacidad de obediencia y sumisión es mucho mayor a su facultad de análisis, autocrítica o de empatía hacia una sociedad poblana, que el pasado 4 de julio dejó muy en claro que no apoya ni las imposiciones unipersonales ni los proyectos transexenales.

Resulta curioso que haya “priístas” dispuestos a dejarle el partido alguien que en la pasada campaña dejó perder una ventaja de más de 20 puntos sobre la oposición, como lo dejó entrever en días pasados el dueño de la encuestadora Parametría, Francisco Abundis, quien informó que en la sucesión el PRI – como partido y sin tomar en cuenta a los candidatos – arrancó más de 20 puntos adelante del PAN (diarios Cambio y El Comunista, lunes 4 de octubre).

 

Y aunque ni Francisco Abundis ni los demás encuestadores que participaron en el foro del IFE en Morelos y que hablaron de la debacle electoral que sufrió el PRI en Puebla lo hayan dicho, es obvio que si un partido tiene una ventaja de 20 puntos antes de que él o su oposición nombren a los candidatos, solamente una muy mala decisión en la definición de su representante principal lo puede llevar a la derrota absoluta, como ocurrió en julio.

Por lo mismo, es injustificable y poco o nada inteligente que quienes se dicen “consejeros estatales” priístas y tienen – supuestamente – la encomienda de proteger los intereses del partido y la militancia, estén – otra vez – dispuestos a imponer como dirigente a quienes en las urnas los poblanos les dieron la espalda de manera contundente.

Además, de concretarse, esta nueva imposición solamente generará división interna, fracturas y alejará – todavía más- a la ciudadanía de un partido, que a mediados del año entrante entrará de lleno en la sucesión presidencial del 2012 siendo oposición a nivel nacional, estatal y municipal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla










miércoles, 29 de septiembre de 2010

No a la intimidación ni a las amenazas en el caso del Jardín del Arte, "Mi solidaridad y afecto para la Sra. Verónica Mastretta"


 

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

 

 

 

 

 

Con creciente preocupación he seguido de cerca los acontecimientos relativos al Jardín del Arte, es grave que una influyente líder social, como la Sra. Verónica Mastretta Guzmán, haya tenido que salir de Puebla después de una presunta serie de amenazas por la disputa que mantiene con el Gobierno del Estado para controlar el parque.

 

La semana pasada, la regidora electa y presidenta de la ONG Puebla Verde acusó que en días anteriores hombres que se dijeron ser judiciales (no portaban identificación alguna) acudieron a amedrentarla a la Laguna de San Baltazar, exigían saber todo de Verónica, incluso recibió varias llamadas telefónicas, con amenazas como que "deje de pelearle a la administración estatal el control del Jardín del Arte" sin que a la fecha, el Gobierno del Estado haya fijado una posición formal en este asunto.

 

Verónica Mastretta también externó su temor de ser encarcelada, como medida de presión política del gobierno para que se desista de la disputa del área pública. Y, hasta hoy, la única respuesta que la gestión estatal ha manifestado ante estos graves señalamientos es el silencio.

 

En aras de ser responsable, nadie puede dar por sentado que las supuestas amenazas contra dicha líder social provengan de quienes le disputan legal y mediáticamente el manejo del Jardín del Arte. Sin embargo, sería sano y, sobre todo, necesario que el gobierno estatal investigue si existe una campaña de intimidación contra ella y sancione a los responsables.

 

Las disputas legales y políticas, como la que envuelve dicho parque, deben dirimirse en las instancias correspondientes, sin que se use la intimidación o las amenazas y, especialmente, sin que las autoridades manipulen el aparato de justicia para amedrentar o vencer a un particular.

 

Usar la intimidación, las amenazas o el control faccioso del sistema de procuración e impartición de justicia, para finiquitar una querella legal o política, es propio de los sistemas autoritarios y policíacos que predominaron en algunos países de América Latina en décadas pasadas y que no deben regir en la actualidad.

 

En una sociedad democrática como la que aspiramos a construir  la mayoría de los poblanos, sería muy adecuado y necesario que el gobierno tome en cuenta a la ciudadanía antes de definir el destino del Parque del Arte. Después de todo, habla bien de cualquier gobernante el escuchar a quienes lo eligieron democráticamente, antes de concretar alguna obra pública, ¿o no?.

 

 

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

 



miércoles, 22 de septiembre de 2010

¿Cuál Independencia?

Por Enrique Chávez Estudillo


Con un claro afán político-propagandístico, el gobierno federal lleva a cabo una intensa campaña para promover los festejos tanto del Bicentenario de la Independencia como del Centenario de la Revolución Mexicana, a pesar de nuestra realidad, que demuestra que México es cada vez más dependiente de los Estados Unidos de América, sobre todo a raíz de que en 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN).



¿Cuál Independencia debemos festejar los mexicanos?, si – según expertos – el 80 por ciento de la actividad comercial de nuestro país se da con los Estados Unidos de América y menos del 3 por ciento con Europa u otras 42 naciones de ese u otros continentes, lo que implica que en los hechos existe una gran dependencia económica de México hacia nuestro vecino del norte.



Y cuando a los americanos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía, como lo demuestra todos los días la actual crisis económica global, que hizo patente que todo el sector productivo y comercial de México cae en picada si Estados Unidos deja de comprar nuestros productivos, servicios o sus ciudadanos evitan venir de turistas.



Es poco realista gritar a los 4 vientos que nuestra nación es independiente, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el pasado 3 de septiembre (La Jornada) que su deuda externa es de casi 168 mil millones de dólares, después de que durante el actual gobierno federal este déficit se ha incrementado cerca del 68 por ciento.



Además, se calcula que cada año más de 400 mil mexicanos tratan de ingresar a EUA (y a algunas otras naciones) para trabajar, según la ONU y el Conapo. Este hecho comprueba que nuestro país es – lamentablemente – incapaz de generar los empleos que sus ciudadanos necesitan y, por lo mismo, resulta fuera de toda proporción decir que tiene independencia económica.



Por si fuera poco, México arrastra una dependencia alimentaria del 52 por ciento (nota del Sol de México, marzo del 2009), ya que en los años recientes su producción de alimentos se estancó (19 millones de toneladas anuales) y debió importar más del doble de comida producida en nuestra nación (20.5 millones de toneladas).



Al mismo tiempo, la dependencia tecnológica le cuesta al país cerca de 400 mil millones de pesos anuales y lo sume en un completo rezago en esta materia, según datos de la cámara de diputados federales y otras instancias, que han señalado que México no invierte lo suficiente en el rubro de generación de ciencia y tecnología propias.



Este contexto socioeconómico, educativo y político del país es una clara prueba de que no hay una verdadera independencia qué festejar y de que las fechas de los movimientos armados de 1810 y 1910 solamente están siendo usadas por el gobierno federal, para hacerse propaganda y tratar e distraer a los mexicanos de la pésima situación del país.



Y la ciudadanía está consciente de todo ello, como lo corroboró el pasado miércoles 15 de septiembre al no acudir a los “festejos” oficiales que se llevaron a cabo en varios municipios, como Ciudad Juárez, donde poca gente salió a conmemorar la supuesta Independencia de México



*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla




Seguidores