Legislar la transición gubernamental

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

Prácticamente en todos los espacios informativos se habla de la transición entre los gobiernos estatal y municipal que salen y los que entran y, además, se ha convertido en un hecho constante el que se analice o se mencione si las relaciones entre ambas administraciones son tersas, tensas, institucionales, amistosas o de confrontación.

En este sentido, es normal que existe interés de los medios de comunicación, de la clase política y de un sector importante de la ciudadanía en el proceso de Entrega-Recepción entre un gobierno saliente y el que llega, porque existe una expectativa general de que este mecanismo se dé con transparencia, institucionalidad y apego a la normatividad vigente.

El problema, sin embargo, es que la legislación actual de este período de transición gubernamental es –a todas luces – incompleto e impreciso, ya que las leyes Estatal de la Administración Pública y la Orgánica Municipal no lo regulan a cabalidad, no establecen obligaciones y derechos de los involucrados y, muchos menos, incluyen tiempos, formas o participantes en el proceso.

Ambas leyes solamente señalan que debe haber un proceso en que el gobierno saliente entregue los bienes inmuebles de la administración y que el entrante los reciba, pero no establece los derechos u obligaciones de ambos y, en consecuencia, el hecho de que la transición gubernamental se dé con transparencia e institucionalidad depende de la buena o mala voluntad política de las partes.

 

Por lo mismo, el gobierno que sale puede retardar el proceso u ocultar y negar información de rubros delicados, como Gobernación, Finanzas, Nómina, entre otros; mientras que la gestión entrante podría tratar de asumir funciones que todavía no le corresponden.

Este contexto hace necesario legislar, para que la transición gubernamental se dé con transparencia, institucionalidad y sirva para que el gobierno entrante conozca cómo recibe la administración pública, qué programas u obras se están ejecutando en ese momento o podrían quedar pendientes y en qué estado se encuentran la gobernabilidad y las finanzas del municipio, estado o país.

 

Para ello, se requiere que la ley establezca cuándo debe comenzar la transición, quiénes deben intervenir en ella, qué tipo de información o documentos está obligado a facilitar el gobierno saliente, qué puede hacer la gestión entrante con estos datos y de qué manera tiene que concretarse el proceso.

Solamente así se evitarán simulaciones, fricciones, rupturas u ocultamientos en los procesos de Entrega – Recepción, aparte de que se evitaría que este mecanismo normal e importante para la vida pública dependa de la buena o mala voluntad de los participantes o de la lucha partidista y hasta personal.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Las lecciones de la derrota de Barack Obama

BITÁCORA MUNICIPAL

 

Por Enrique Chávez Estudillo*

Apenas el 4 de octubre del 2008, Barack Hussein Obama II ganó la presidencia de los Estados Unidos de manera contundente, aplastante, legal y legítima al obtener 365 votos electores contra los 173 que logró su adversario John McCain.

 

Meses antes, Barack Obama había vencido en las elecciones primarias del Partido Demócrata a la gran favorita, Hillary Clinton, quien había hecho campaña durante varios años antes que él y era vista como la sucesora natural de George W. Bush por su larga carrera política y el matrimonio con Bill Clinton, uno de los ex presidentes más avalados por los americanos.

 

Pero Barack Obama se impuso a todo y a todos y logró llegar a la Casa Blanca con una gran expectativa y aprobación ciudadanas, que menos de dos años después cayeron de manera notable, como se demostró en las elecciones del martes pasado, cuando el Partido Republicano recuperó la Cámara de Representantes al derrotar a los Demócratas, que apenas mantuvieron el control de la Cámara de Senadores.

Los expertos dicen que los latinos, afroamericanos y jóvenes que en el 2008 acudieron masivamente a las urnas a apoyar al hoy Presidente de los Estados Unidos, en las elecciones de este martes recularon y decidieron no votar por el Partido Demócrata, a pesar de que el mismo Barack Obama había declarado el lunes que sus programas peligraban si triunfaban sus adversarios republicanos.

 

Las quejas principales de los americanos contra su Presidente son que no ha logrado reactivar a la economía, tampoco puede abatir el desempleo, mantiene una deuda pública elevada y, sobre todo, no cumplió con varios compromisos de campaña en materia social y migratoria.

 

Este resultado electoral en EUA es una gran lección para los políticos de todo el mundo, porque les ratifica que la aprobación y el apoyo ciudadano no es eterno y que, si la gente percibe que no han cumplido en el cargo que les fue conferido, se los cobrará en los siguientes comicios.

Otra lección de la derrota de Barack Obama es que la población quiere que sus gobernantes le den hechos y resultados positivos, no pretextos ni posposiciones. El Presidente de los Estados Unidos ha argumentado que no puede cumplir con sus promesas de campaña por la oposición de varios factores políticos, sociales o económicos.

Y puede que tenga razón, pero al votante estadounidense no le importaron los pretextos de su líder y decidió castigarlo en las urnas. Con ello, el elector del vecino país dejó en claro que espera que sus autoridades cumplan con su trabajo, sin importar las dificultades que deban sortear.

 

Finalmente, la victoria opositora en EUA ratificó que cuando los gobiernos se equivocan, se olvidan de sus ofrecimientos de campaña u optan por la frivolidad en lugar del trabajo, sus partidos lo resienten y son derrotados en las urnas. Claro que todo esto no solamente pasa en aquélla nación, sino también en otras, como México y, especialmente, en estados como Puebla.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Transparencia y rendición de cuentas

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo *

Sin duda, el tema más mencionado en los medios informativos en los tiempos recientes es la transparencia, que, más allá de situaciones coyunturales, debe asumirse como una prioridad para cualquier gobierno o entidad pública que pretenda ver legitimado su actuar ante la ciudadanía, ya que para obtener la aprobación de la gente se necesita que en el sector oficial haya rendición de cuentas y acceso a la información.

La transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información son tres elementos básicos de cualquier gobierno democrático, como mecanismos de gobernabilidad haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, además de que abren canales de comunicación entre el sector público y demás actores sociales.

La difusión y aceptación de los tres procesos conllevan una necesaria transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público en nuestro país y entidad, porque implica sujetar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos de todos los niveles al escrutinio crítico de la sociedad, pese a que algunos crean que su poder y control son absolutos y que pueden disponer a su arbitrio personal de los recursos humanos y materiales disponibles y hasta de la aplicación de los poderes del Estado.

La rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión y asociación, que permiten a la gente organizarse, defender sus ideas frente a la actuación del gobierno y exigirle información y resultados al mismo. En una verdadera democracia, todo ciudadano puede contar con elementos suficientes para conocer y evaluar las acciones oficiales y, cuando no se tienen mecanismos o instituciones que faciliten los datos o solamente se simula con ellos, el Estado pierde credibilidad y legitimidad.

Todas las dependencias públicas y quienes las conformamos tenemos la obligación de explicar a la sociedad nuestras acciones y aceptar la responsabilidad sobre las mismas. En consecuencia, se necesita mejorar los mecanismos de consulta y diálogo, para que no solamente se facilite información, sino para que haya una verdadera retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía, debido a que así se alentaría la participación social en las acciones y programas oficiales.

En México hace realmente poco que comenzó a hacerse realidad la transparencia y lo que ella conlleva, ya que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó apenas el 11 de junio del 2002, lo que implica que son nuevas las instituciones nacional y local encargadas de materializar el acceso a la información.

Fue en el 2005, durante las gestiones de Mario Marín Torres y Enrique Doger Guerrero en el estado y municipio, respectivamente, cuando se conformaron los organismos estatal y municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar respuesta a las demandas ciudadanas de rendición de cuentas y decirle a la gente en qué se erogan sus recursos y qué funcionarios son los encargados de solucionar un determinado problema o necesidad.

Por ende, más allá de situaciones coyunturales, lo recomendable es fortalecer a dichos organismos y mejorar la legislación de la materia, para que la rendición de cuentas abarque todos los aspectos importantes del actuar público y partidista, como la publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales, las estadísticas financieras, comerciales y monetarias, las compensaciones totales de funcionarios, datos sobre financiamiento de campañas políticas, uso de los recursos humanos y económicos de los gobiernos y entidades que reciban dinero oficial y, desde luego, el avance real de los programas y proyectos aplicados por las administraciones de todos los niveles.

El fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas es básico para combatir la corrupción, los abusos de poder y la impunidad, que en muchas ocasiones son inherentes a la opacidad y al manejo unipersonal, secreto y absolutista de los recursos y atribuciones gubernamentales.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Eficiencia recaudatoria, asignatura pendiente

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*

Con razón, los ciudadanos que pagamos puntual y religiosamente nuestros impuestos nos quejamos de manera permanente de que los diferentes niveles de gobierno se la pasan incrementando las cargas fiscales y, sobre todo, de que siempre nos cobra más a los mismos contribuyentes, mientras consiente a muchas grandes empresas que no pagan casi nada.

Al mismo tiempo, información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dada a conocer en marzo pasado (El Financiero) precisa que la tasa de evasión fiscal en México es del 23 por ciento y que poco más del 10 por ciento de los ingresos del PIB se generan por impuestos, mientras en países desarrollados, como Estados Unidos, Italia o Francia ese porcentaje asciende hasta el 42 por ciento.

Esto quiere decir que, al mismo tiempo que los ciudadanos nos quejamos de que el gobierno nos ordeña con sus impuestos, la SHCP lamenta que los ingresos gubernamentales por el cobro de las cargas fiscales son escasos y contribuyen en poco al desarrollo nacional.

Entonces, ¿quién tiene razón, la gente o el gobierno?. La respuesta es que ambos, porque, efectivamente, en los tiempos recientes el sector público ha incrementado considerablemente sus cobros a los ciudadanos, que cada mes vemos cómo se eleva el costo de productos y servicios oficiales, como gasolina, luz y hasta el IVA, que desde el año pasado es del 16 por ciento.

 

Sin embargo, los ingresos que los gobiernos obtienen por cobrar las diversas cargas fiscales son considerablemente menores a los que recaudan naciones con las que tenemos acuerdos comerciales. Esto se debe a que el sistema recaudatorio mexicano es complejo, intrincado, difícil de seguir y abierto a la evasión.

Además, cerca de 400 empresas cuyas ganancias rondan entre el 55 y 60 por ciento del PIB nacional apenas pagan el 1.7 por ciento de impuestos, ya que desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez tienen privilegios que les permiten evadir al fisco, con el pretexto de que – si cubrieran lo justo – no serían competitivas a nivel internacional.

Este contexto establece que todos los niveles de gobierno tienen como asignatura pendiente crear sistemas recaudatorios eficientes, justos, equitativos, progresivos (que paguen más los que ganan más), fáciles de cumplir y transparentes, puesto que no es correcto que el ciudadano cautivo común pierda una tercera parte de sus ingresos por pagar impuestos, mientras las grandes empresas pagan poco o nada.

Por lo mismo, se necesita que, en lugar de que cada año los diputados locales y federales hagan parches en las leyes de Ingresos de los gobiernos federal y estatales, se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal integral, que facilite y equilibre el pago de impuestos y dote a todo el sector público de mayores recursos, sin sangrar más a la clase media y a los trabajadores cautivos.

Lamentablemente, esta anhelada reforma fiscal integral no se concretó este año en el país y, por lo mismo, parece que será pospuesta hasta otro sexenio federal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El perfil de un buen dirigente político

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

Para quienes militamos en el PRI, la elección del dirigente estatal del partido nunca había sido tan trascendente, como lo es ahora, porque, a partir de febrero próximo, no habrá una figura política que - pese a no ser el presidente formal de los priístas - tome las decisiones más importantes, defina las principales candidaturas y marque el rumbo a seguir.

Lo que sucede es que, incluso en este momento, pocos meses después de que el partido perdió la gubernatura, los priístas de Puebla estamos conscientes de que todavía existe un jefe político que influye de manera determinante en las decisiones del partido.

Pero dicha figura se acaba el siguiente 31 de enero y, por lo mismo, el próximo dirigente del PRI tendrá un margen de influencia política y social mucho mayor que sus antecesores tanto al interior como al exterior del priísmo.

En este escenario socio-político, quien dirija los destinos del partido en Puebla en los próximos años deberá ser alguien inteligente y valiente, para que tome las mejores decisiones en bien de los priístas y, principalmente, de la sociedad, sin importarle las consecuencias negativas que le toque enfrentar en términos mediáticos o de imagen personal.

También tendrá que ser una mujer u hombre muy generoso y con una gran calidad moral y legitimidad, para que deponga sus intereses personales y no utilice al tricolor como un trampolín, para tratar de ser candidato a diputado federal o senador en el 2012 o, mucho menos, para satisfacer sus ambiciones económicas personales o de grupo.

Más allá de las personas, se requiere alguien que llegue al Comité Directivo con legalidad y legitimidad, ya que solamente así podrá cohesionar a los distintos grupos que conforman al partido. Este líder tendrá que ser precisamente eso, para saber escuchar, conciliar con las diferentes expresiones internas y no dejarse envolver por ningún sector partidario.

Sin importar su nombre, se necesita un dirigente aceptado socialmente y con verdaderos puentes de comunicación con los partidos y gobiernos diferentes al PRI, debido a que la ciudadanía demanda que la principal fuerza política de la entidad se constituya en una verdadera fuerza de oposición, pero que al mismo tiempo sea propositiva y constructiva.

El partido necesita alguien que escuche a todos y que no actúe como “cabeza de facción”, sino como presidente de todos los priístas de Puebla. Además, demandamos que quien nos represente cuente con una sólida preparación política, ideológica y académica, que le permita erigirse en un dirigente opositor crítico y agudo, pero al mismo tiempo coherente y sensato.

Finalmente, el PRI exige que quien lo encabece se niegue a erigirse en comparsa de los gobiernos federal, estatal o municipal, pese a lo atractivas de las propuestas que le hagan, puesto que solamente un dirigente así tendrá la capacidad política y la calidad moral para enfrentar con éxito el reto que representan los procesos electorales del 2012 y 2013.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El cinismo de ciertos “representantes populares”

Por Enrique Chávez Estudillo*

La clase política y quienes formamos parte de ella arrastramos un profundo desprestigio ante la ciudadanía, que desde hace mucho no confía en nosotros, no se interesa en lo que hacemos y rechaza – en automático - a quienes ocupan un cargo público o de representación popular.

Es negativo para todos el hecho de que la ciudadanía se mantenga alejada de las actividades públicas, porque quienes ejercemos una función de gobierno o de representación tenemos que combatir esa indiferencia para sacar adelante los proyectos, aparte de que la sociedad no está informada de qué programas o acciones gubernamentales la pueden beneficiar y, en consecuencia, no los obtiene.

Esta realidad hace necesario que quienes tenemos el privilegio de ejercer una representación popular -como senadores, diputados locales, federales y regidores de cualquier ayuntamiento – nos esforcemos por escuchar a la gente, servirle, cumplir con las obligaciones legales que tenemos y cuidar los recursos públicos que nos son asignados.

Por lo mismo, me resulta inexplicable e injustificable que haya compañeros de Cabildo que ante la avalancha de críticas ciudadanas y periodísticas que se les formularon por haberse ido a París a poco menos de 4 meses de concluir la gestión, decidieron burlarse de la sociedad ironizando que traeran de Francia un proyecto para instalar en Puebla una torre Eiffel.

Porque si es indignante que quien cobra un sueldo como presunto representante popular haya decidido hacer un viaje con cargo al erario público, pese a que dicha travesía no contribuye en nada a la sociedad que le paga su salario, es mucho más desalentador y enojoso que ante la andanada de cuestionamientos sociales y mediáticos por este exceso decida responder con burla y cinismo, cuando lo que la ciudadanía demandaba era conocer en qué la benefició dicho gasto.

Esta actitud es mucho más injustificable y negativa en determinados casos, porque quien la comete es alguien que se la ha pasado casi tres años pontificando, corrigiendo y criticando todo lo que hace o dice el actual ayuntamiento de Puebla y autoerigiéndose como una especie de “conciencia moral” de la administración.

Lo que no toma en cuenta quien comete abusos y se mofa de la ciudadanía es que la sociedad tiene memoria y se cobra los agravios. Y esto se ratificará en el futuro próximo, cuando busquen otro cargo de representación popular quienes hoy se burlan de la inconformidad de la gente.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PRI: nueva imposición, mismo error

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

Todo parece estar listo para que el Consejo Político Estatal de mi partido, el PRI, obedezca una nueva instrucción del llamado “primer priísta de la entidad” e imponga a como dirigente de nuestro instituto político a quien perdió la pasada elección, a pesar de que el tricolor arrancó la sucesión con más de 20 puntos de ventaja.

De concretarse esta nueva imposición, se estará cometiendo el mismo error que generó la derrota del partido en julio pasado: nombrar como candidato (o en este caso dirigente) a quien tiene como “virtud política” su cercanía con el gobernador en turno y no un liderazgo real o la simpatía de la ciudadanía o los priístas.

Y, de cumplir esta instrucción, los consejeros del PRI local estarán demostrando que su capacidad de obediencia y sumisión es mucho mayor a su facultad de análisis, autocrítica o de empatía hacia una sociedad poblana, que el pasado 4 de julio dejó muy en claro que no apoya ni las imposiciones unipersonales ni los proyectos transexenales.

Resulta curioso que haya “priístas” dispuestos a dejarle el partido alguien que en la pasada campaña dejó perder una ventaja de más de 20 puntos sobre la oposición, como lo dejó entrever en días pasados el dueño de la encuestadora Parametría, Francisco Abundis, quien informó que en la sucesión el PRI – como partido y sin tomar en cuenta a los candidatos – arrancó más de 20 puntos adelante del PAN (diarios Cambio y El Comunista, lunes 4 de octubre).

 

Y aunque ni Francisco Abundis ni los demás encuestadores que participaron en el foro del IFE en Morelos y que hablaron de la debacle electoral que sufrió el PRI en Puebla lo hayan dicho, es obvio que si un partido tiene una ventaja de 20 puntos antes de que él o su oposición nombren a los candidatos, solamente una muy mala decisión en la definición de su representante principal lo puede llevar a la derrota absoluta, como ocurrió en julio.

Por lo mismo, es injustificable y poco o nada inteligente que quienes se dicen “consejeros estatales” priístas y tienen – supuestamente – la encomienda de proteger los intereses del partido y la militancia, estén – otra vez – dispuestos a imponer como dirigente a quienes en las urnas los poblanos les dieron la espalda de manera contundente.

Además, de concretarse, esta nueva imposición solamente generará división interna, fracturas y alejará – todavía más- a la ciudadanía de un partido, que a mediados del año entrante entrará de lleno en la sucesión presidencial del 2012 siendo oposición a nivel nacional, estatal y municipal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla