SCJN: atentado a los trabajadores

Por Enrique Chávez Estudillo*

Una justa indignación en todo el país causó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 22 de julio cercenó las pensiones de millones de trabajadores afiliados al IMSS al imponerles el tope de 10 microsalarios como límite máximo a sus percepciones por este concepto.

Esto quiere decir que, gracias a los “magistrados” de la SCJN, quienes reciban pensiones por haber cotizado en el IMSS solamente tendrán como derecho el de recibir una pensión salarial máxima de 10 minisalarios, pese a haber laborado 30, 40 o 50 años o a lo que hayan establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Este nuevo atentado de la SCJN al bienestar social de millones de mexicanos ha ocasionado que muchas ONGS y organizaciones laborales (no las tradicionales encabezadas por dirigentes charros) se inconformen contra el veredicto y amaguen con movilizaciones sociales e impugnaciones legales, para tratar de echarlo abajo.

Incluso, algunos empresarios y empleados amagan con emprender luchas legales, para que el IMSS les devuelva sus cuotas o una buena parte de ellas, debido a que muchas minipensiones que dará el instituto serán bastante menores a las aportaciones mensuales de la mayoría de los contribuyentes.

Antes de esta determinación de la minicorte, formada por minimagistrados, el tope máximo de pensiones era de 25 salarios mínimos, lo que corrobora que – de un plumazo – los entogados que cobran cada mes más de 300 mil pesos (el presidente de dicha instancia recibe más de 650 mil pesos mensuales) cercenaron casi dos terceras partes de lo que los jubilados mexicanos recibirán en el futuro.

Es claro que quienes integran este organismo defienden sus propios intereses y los de las oligarquías que los impusieron en la SCJN, pero no los de los trabajadores ni los del propio IMSS, que puede perder millones de pesos si a raíz de esta determinación los contribuyentes dejan de aportar sus cuotas o comienzan a pedir que les devuelvan la mayor parte de sus erogaciones.

Esta realidad debe unirnos a los mexicanos, para movilizarnos y echar abajo este atropello de la Corte y lo primero que tenemos que hacer es exigir a los diputados federales y senadores, que aprueben una ley que milite las pensiones del Presidente de la República, de los funcionarios, miembros del poder Legislativo y ministros de la SCJN a un máximo de 10 microsalarios.

Que quienes ordenan que los trabajadores mexicanos reciban pensiones de hambre, pongan el ejemplo y sean los primeros en jubilarse en esas condiciones. También sería adecuado que los colegios de abogados analicen cuáles son los castigos a los que se hacen merecedores quienes – como los miembros de la minicorte – cobran un salario del pueblo, pero lo traicionan atentando contra su futuro económico.

Incluso, sería adecuado que las ONGS y los sindicatos no controlados por los gobiernos y partidos denuncien en los foros internacionales este atentado de la SCJN y las oligarquías nacionales a los trabajadores mexicanos, para que la presión mundial obligue a los minimagistrados a rectificar.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Lealtad no es lo mismo que sumisión

BITÁCORA MUNICIPAL







Por Enrique Chávez Estudillo*

Este fin de semana el dirigente estatal de mi partido, el PRI, Alejandro Armenta Mier, lanzó un llamado a mantener la lealtad a la institución y añadió que en este tiempo de derrota y entrega del poder se verá quiénes somos fieles al partido y quiénes solamente se asumen como priístas cuando les interesa permanecer en la nómina de algún nivel de gobierno o en la dirección del propio tricolor.

Me parece muy adecuado que el dirigente del partido emita una convocatoria a mantener la lealtad alrededor del PRI, siempre y cuando no pretenda confundir la lealtad con la sumisión o la abyección, debido a que los tres conceptos tienen significados muy diferentes y los últimos dos son – precisamente – los que nos llevaron a los priístas a cometer errores innegables en la pasada elección y; en consecuencia, a perderla.

Me explico: de acuerdo a varios diccionarios, la lealtad es un valor derivado de la fidelidad consciente hacia un compromiso; mientras que la abyección quiere decir bajeza, envilecimiento o humillación y la sumisión implica la obediencia o el sometimiento a otros. En este escenario, queda claro que los priístas debemos ser leales al partido y no sumisos o abyectos con un grupo político determinado.

En esta coyuntura de derrota, quienes militamos en el PRI tenemos que ser fieles a sus estatutos, ideología y proyecto de Estado y Nación, pero no podemos ser sumisos con un grupo político que se ha autoasumido como propietario del partido y pretende seguirlo manteniendo como su herramienta particular, para repartirse cargos públicos y de representación ciudadana.

Después de la debacle electoral que los priístas poblanos sufrimos en la elección pasada, ser leales al partido implica trabajar para reconstruirlo partiendo de la base del mandato ciudadano externado en las urnas y evitando las imposiciones, decisiones cupulares y exclusiones que dañaron al mismo priísmo y lo llevaron a su derrota más grande en la entidad.

Para los verdaderos priístas, resultaría lamentable que quienes con malas decisiones e imposiciones lo llevaron a la debacle electoral del 4 de julio pretendan continuar controlando al partido, para utilizarlo de escudo contra los procesos legales que, tal vez, los gobiernos estatal y municipal entrantes pretendan ejecutar hacia aquéllos funcionarios que hayan incurrido en anomalías en el ejercicio público.

Tampoco es permisible que algún grupo pretenda mantener al PRI de Puebla como su patrimonio personal, para negociar candidaturas y prebendas en la sucesión presidencial próxima, porque incurrir – otra vez - en estos errores implicaría condenar al partido a más derrotas y al rechazo ciudadano.

Los verdaderos priístas sabemos que en la pasada elección local, los poblanos externaron su repudio a los escándalos generados desde el gobierno, al manejo patrimonialista de los recursos públicos y partidistas, a la manipulación de las encuestas y de la prensa local y a la utilización de priístas quemados y desprestigiados en la ejecución de guerras internas contra quienes militamos en el partido, pero no comulgamos con quienes lo usan para sus fines personales o de grupo.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PAN y PRD: el reto de ser buen gobierno

Por Enrique Chávez Estudillo*

La semana pasada hice hincapié en la necesidad de que el PRI en Puebla se convierta en una oposición responsable, incluyente, crítica, propositiva y democrática, porque solamente así podrá enfrentar de manera exitosa el reto de mantenerse vigente y recuperar la preferencia de la ciudadanía en las siguientes elecciones federales, pese a perder el gobierno estatal, la ciudad de Puebla, varias de las principales cabeceras distritales y la mayoría en el Congreso local en los comicios del 4 de julio.

Y sin duda que, insisto, el reto que los priístas de Puebla tenemos ante nosotros es muy grande. Sin embargo, los partidos que a partir de enero del año entrante dejarán la comodidad de ser oposición, para convertirse en gobierno por primera vez en nuestro estado deberán responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más informada, crítica, demandante y participativa.

Es normal que quienes dirigen, militan o simpatizan con los partidos opositores al PRI festejen los resultados de la pasada elección local, aunque deberían tomar en cuenta que en 1995 y 2001 el PAN ganó la presidencia municipal de Puebla y el gusto apenas le duró un trienio, porque los ayuntamientos que encabezó no tuvieron la capacidad de gobernar bien y responder a las expectativas de la gente.

Señala un viejo pero sabio dicho que “lo difícil no es llegar, sino mantenerse” y el reto de quienes gobernarán el estado y el municipio de Puebla será cumplir con las expectativas que generaron en los poblanos, porque –si no lo consiguen –los ciudadanos volverán a decepcionarse de ellos y a darles la espalda en las urnas.

Los poblanos demandamos de los próximos gobiernos eficiencia, honestidad, transparencia, resultados, obra pública útil y terminada a tiempo, servicios públicos de calidad, seguridad en las calles, tolerancia, respeto a los derechos humanos, generación de empleos, atracción de inversiones, combate real a la pobreza y; sobre todo, cumplimiento puntual y cabal a sus ofrecimientos de campaña.

Es grave cuando una fuerza política se niega a asumir el rol de oposición que le asignaron los ciudadanos; pero es mucho peor el que un partido se resista a asumir su rol de gobernante y, lamentablemente, en diversas ocasiones los mexicanos hemos visto a las administraciones panistas no cumplir con sus compromisos de campaña y poner miles de pretextos para justificar su incompetencia o corrupción.

Por lo mismo, los ciudadanos comunes y corrientes y, en particular los priístas, estaremos pendientes y vigilantes de que los gobiernos que entrarán en funciones en enero y febrero próximo trabajen a favor de la justicia social y den resultados positivos para la mayoría de los poblanos.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PRI: Oposición responsable y constructiva

Por Enrique Chávez Estudillo* 

Milito en el PRI desde hace más de 25 años y lo seguiré haciendo, porque soy un convencido de que hoy más que nunca están vigentes nuestros principios de “Democracia y Justicia Social”, además de que los 10 años que lleva el PAN en el gobierno federal han demostrado que los grupos conservadores carecen de la sensibilidad política necesaria para gobernar bien. 

Por todo esto, me duelen mucho las derrotas que mi partido obtuvo en todo el estado el domingo pasado, aunque soy un convencido de que “la voz del pueblo es la voz de dios” y, por lo mismo, deben ser respetada la voluntad de los poblanos que acudieron a las urnas y definieron el contexto geopolítico que predominará en la entidad en los años próximos. 

Después de más de 80 años, mi partido, el PRI, por primera vez será oposición en el estado de Puebla y este hecho nos da a los priístas la oportunidad de comportarnos de manera crítica y vigilante de los siguientes gobiernos estatal y municipal de Puebla, ya que deberemos cuidar que las administraciones públicas venideras cumplan con sus promesas de campaña y actúen a favor de las mayorías. 

Pero mi partido no solamente deberá ser crítico y vigilante de los gobiernos panistas, sino que también tendrá que ser responsable, constructivo y propositivo con ellos, para no convertirse en una fuerza política contestataria y retardataria, como las que en muchas ocasiones han tenido que enfrentar las administraciones públicas emanadas de nuestro tricolor. 

Los priístas deberemos ser críticos, proposititos y activos en las gestiones panistas, no con un afán revanchista o contestatario, sino para garantizar que las necesidades y demandas de los poblanos sean escuchadas y bien atendidas, debido a que la principal obligación de una verdadera fuerza opositora es vigilar que el gobierno – de cualquier nivel – cumpla con sus obligaciones y se apegue a la ley. 

Sin duda, la derrota del domingo pasado fue dolorosa, pero habrá que analizar qué la causó, corregir las fallas, abusos y excesos cometidos y paulatinamente darle la vuelta, para convertir al PRI de Puebla en una oposición fuerte, democrática, incluyente y unida en beneficio de los priístas y; en especial, de una gran mayoría de ciudadanos que no simpatiza con ningún partido, pero que necesita y exige que los gobiernos resuelvan sus problemas y demandas. 

Los poblanos demandan un priísmo inteligente, reflexivo, incluyente consigo mismo y con los ciudadanos, a los que debe representar y defender. En contraste, el PRI vociferante, simulador, abusivo con los fondos públicos, excluyente y patrimonialista fue el que perdió el domingo y tiene que terminar de desaparecer.   

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El futuro de la ciudad

Por Enrique Chávez Estudillo*

  

Puebla es la cuarta ciudad más importante del país, con un millón 485 mil pobladores, incluidos en una zona metropolitana de 2.6 millones de habitantes, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el 2005 y, por lo mismo, las elecciones locales del siguiente domingo tienen una gran importancia, ya que definirán su futuro y el de quienes vivimos en ella.

Cerca del 28 por ciento de la población total de la entidad habita en Puebla capital, donde también se concentra la mayor actividad productiva, económica, educativa, comercial y de servicios, lo que la convierte en una ciudad cosmopolita, plural y competitiva.

Este fin de semana, quienes vivimos en nuestro municipio tendremos el derecho –y también el deber – de acudir a las urnas, para definir cómo queremos que sea la ciudad en los próximos años y qué haremos todos para convertir nuestros sueños en realidad, porque es obligación de todos los sectores sociales trabajar en pro de la Angelópolis.

Afortunadamente, las campañas ya finalizaron y ahora es el turno de esperar y respetar la decisión de la ciudadanía. En una ciudad plural y civilizada, como Puebla, debe imperar el respeto a los demás y la tolerancia hacia todas las ideas y posiciones políticas y, por ello, es necesario que la jornada del domingo se efectúe en un marco de paz y de apego a la legalidad.

Soy un convencido de que lo mejor de nuestra ciudad es su gente y, por lo mismo, pienso que la mayoría de los ciudadanos acudiremos a depositar nuestro voto, convencidos de que es una de las mejores maneras en que podremos expresar nuestras instrucciones a los próximos gobernantes y representantes legislativos, sin importar su origen partidista.    

Los ciudadanos debemos, primero, cumplir con nuestras obligaciones cívicas –como ir a votar - para luego tener el derecho de exigir a los gobernantes que respeten sus deberes legales, ya que no es válido quejarse de los problemas o de las fallas de los distintos gobiernos y no hacer algo para evitarlas. 

Concretar el sufragio efectivo es importante para fortalecer a la democracia y hacer llegar el mensaje de la sociedad a sus próximos representantes. Además, es una de las formas en que la sociedad poblana puede demostrar que está más que preparada para asumir su rol de vigilante del servicio público.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El fracaso de la SCJN en el caso ABC

La semana pasada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a los altos funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora de sus respectivas responsabilidades en el caso del incendio en la guardería ABC, en el que murieron 49 bebés y 80 más resultaron con quemaduras.

Esta tragedia enlutó a todo el país el 5 de junio del año pasado y se debió a una grave negligencia tanto del IMSS como del gobierno de Sonora. Sin embargo, nadie ha sido acusado o consignado por ella, quizá porque que diversas instancias han comprobado que la guardería ABC era un negocio de colaboradores y familiares del ex gobernador Eduardo Bours y de la primera dama del país, Margarita Zavala. 

Al exonerar a los culpables de las muertes de 49 bebés, los integrantes de la SCJN volvieron a ganarse el repudio y rechazo social generalizados y demostraron- una vez más – que la impartición de justicia en el país depende de los intereses del Presidente de la República en turno, a pesar de que la Carta Magna de México establece que debe haber una real división de poderes.

Es lamentable que las defunciones de 49 infantes queden impunes por los intereses políticos y personales del gobierno federal y es doblemente triste que quienes conforman la corte – que nada tiene de Suprema – se hayan autonegado el derecho de impartir justicia sancionando contra quienes, primero, lucraron con los niños y con los recursos del IMSS y; posteriormente, cometieron actos criminales de negligencia que permitieron el incendio. 

El veredicto de los “ministros” implica que esta instancia considera que “no pasó nada” en el caso de la guardería ABC, a pesar de las decenas de hogares enlutados y de los reclamos airados y justificados de padres de familia que exigían justicia… y no la obtuvieron.

Otra consecuencia negativa de esta actitud omisa y cómplice de quienes conforman la SCJN es que alienta la corrupción y negligencia gubernamental, debido a que permite que salgan impunes los funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora que solaparon o cometieron anomalías.

Además, seguramente este veredicto generó otro dolor grande a los progenitores de los niños fallecidos y lesionados, quienes deseaban y esperaban justicia, pero se encontraron con supuestos ministros que – en los hechos – exoneraron a los culpables de lo ocurrido.

Este dictamen demostró – una vez más – que los centenares de miles de pesos que cobran mensualmente los integrantes de la SCJN son recursos públicos perdidos, tirados miserablemente a la basura. 

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

SINDICATURA: ¿CORRUPCIÓN O INEFICIENCIA?

Por Enrique Chávez Estudillo*


Resulta especialmente lamentable, condenable y preocupante cuando por corrupción o ineficiencia de un funcionario público o representante ciudadano genera daños a las arcas públicas y esto es por que presuntamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinaría que el Ayuntamiento debería pagar 44 millones de pesos a la empresa DISA por supuestas obras en el distribuidor Juárez –Serdán encargadas por el ex presidente municipal panista, Luís Paredes Moctezuma.


Varios conocedores del tema, como los abogados Carlos Meza Viveros (ex secretario de Gobernación estatal) y Lauro Castillo (titular de la sindicatura en el trienio anterior), han denunciado que de perder el Ayuntamiento el juicio ante DISA, sería por que el síndico actual, Román Lazcano, así lo quiso, debido a que no supo o no quiso defender legalmente las arcas municipales.



El despacho externo de Asesores, propuso que se interpusiera un recurso de revisión, para que el tribunal reconsiderara el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados.


A lo que el Síndico interpretó a su propio negligente entender, que el interponer dicho recurso no implicaría el combatir el fondo del caso.



Los ciudadanos lo mínimo que esperamos del Síndico es que tomara una decisión y que eligiera una estrategia que protegiera las finanzas municipales, pero por razones obscuras meramente personales optó por dejar perder el caso y además de pagar la suerte principal, dejando que el Ayuntamiento pague los gastos financieros reclamados por DISA.


Otro hecho que deja ver que la sindicatura esperaba y quiso perder el juicio es que desde el 3 de abril del 2008 el mismo Lazcano Fernández dijo que el gobierno municipal perdería la lucha contra DISA y tendría que pagar 50 millones de pesos (Jornada de Oriente), ya que ese día declaró que solamente estaba a la espera de la notificación formal de que el ayuntamiento había sido derrotado.




Entonces, es claro que el sedicente “síndico municipal” dejó que la empresa DISA ganara el juicio y esto solamente puede explicarse por el hecho de que Román Lazcano no quiso ejercer su labor de defensor jurídico del gobierno de la ciudad argumentando que no habría posibilidad de defender el caso de fondo.


Cualquiera que haya sido la razón por la que la sindicatura dejó perder el juicio, resulta lamentable que las arcas de la ciudad sean dañadas por la ineficiencia de un grupo de abogados que ¿no supo? enfrentar a una empresa. Sin embargo, no puede descartarse que el motivo por el que se dejó que la empresa de Jorge Espina Reyes ganara el litigio y los 44 millones de pesos se relacione con corrupción o compra de conciencias.


Tampoco puede soslayarse que es frecuente que Román Lazcano sea denunciado por cometer anomalías o triquiñuelas, como la que hizo contra la ex trabajadora del ayuntamiento, Mayra Álvarez, quien se desempeñaba en la sindicatura municipal hasta febrero del 2008, cuando el supuesto “representante del pueblo” la obligó a renunciar mediante presiones (diario Cambio, 22 de febrero).




Incluso, de manera jocosa se recuerda cuando la sindicatura municipal ordenó – mediante oficio firmado por uno de los ex colaboradores de Román Lazcano) – a sus trabajadores hacerse baños de temascal, desde luego que con los gastos pagados por la dependencia. (Sol de Puebla, 10 de octubre del 2008).


Todos estos hechos demuestran que, lamentablemente, el síndico municipal no ha defendido los intereses de los poblanos ni del ayuntamiento en que cobra. Y, por el contrario, su falta de gestión ha generado escándalos y un daño severo a los de por sí escasos recursos de la Comuna.



*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla.