Las obligaciones de un buen gobierno municipal (1ra parte)

BITÁCORA MUNICIPAL








Por Enrique Chávez Estudillo*

Al ser la instancia de gobierno más cercana al ciudadano, los ayuntamientos tienen la oportunidad – y obligación – de conocer y resolver, primero que nadie, los problemas y demandas de la gente, para darle servicios básicos, hacer infraestructura urbana y social importantes y combatir rezagos sociales ancestrales, como la pobreza, marginación o analfabetismo.

Un buen gobierno municipal debe mantenerse cercano a la sociedad, detectar sus necesidades o demandas y solucionarlas, sin pretextos ni burocratismos. Para ello, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) ha emitido algunas recomendaciones que todos los ayuntamientos del país – sin importar su origen partidista- deberían seguir.

De acuerdo a esta propuesta el Inafed, lo primero que requiere una gestión municipal exitosa es un alcalde dinámico, propositito, bien intencionado y preparado, que se rodee de colaboradores efectivos y que sea capaz de encabezar los esfuerzos colectivos y dirigirlos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. No hay buenos ayuntamientos sin buenos ediles, así de contundente y fácil.

Otra necesidad de una adecuada gestión pública es mantener una comunicación eficaz, que permita un fluido intercambio de opiniones, propuestas, críticas y demandas entre gobierno y sociedad. Para conseguirlo, se necesita que la autoridad escuche antes de hablar, comprenda antes de solicitar entendimiento y se comporte con transparencia, empatía, flexibilidad, espontaneidad y con mente abierta.

Los conflictos sociales son inherentes a las funciones de gobierno y, por lo mismo, un ayuntamiento exitoso necesita saber manejar situaciones difíciles, mediante el conocimiento a fondo y sin prejuicios de los problemas y las peticiones de la gente, el trabajo en equipo y la disposición a acercarse a la ciudadanía, al diálogo y a la concertación, como herramientas para solucionar los inconvenientes.

Ningún ser humano es una isla y nadie puede resolver – por sí solo – las necesidades y peticiones de la sociedad. Por lo mismo, una administración municipal exitosa es la que sabe trabajar en equipo, la que tiene bien definidas las obligaciones de cada uno de sus integrantes y cuenta con un líder capaz de hacer que todos sus colaboradores cumplan con sus deberes.

Además, un buen ayuntamiento es el que promueve la participación de la sociedad en las acciones y programas públicos. Para conseguirlo, se necesita que haya transparencia en el actuar gubernamental y que se abran los mecanismos institucionales, que permitan el fortalecimiento de los organismos intermedios y motiven a la gente a interesarse e intervenir en el desarrollo de la comunidad.

La improvisación o la actuación al bote pronto no caben en un ayuntamiento exitoso. En consecuencia, una gestión pública eficaz y eficiente es la que planea sus acciones y las ejecuta de acuerdo a sus planes y propuestas, ya que solamente así se puede ejercer un gobierno con visión estratégica, conocedor de la problemática social y de las medidas para alcanzar los objetivos planteados en los planes de desarrollo.

(CONTINUARÁ)

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*

En Puebla y otras partes del país se viven los procesos de entrega de los diferentes niveles de gobierno y es posible constatar acuerdos o desavenencias entre las administraciones salientes y las entrantes, porque quienes todavía ejercen el poder quieren definir destino de los recursos públicos hasta el último minuto de sus gestiones, mientras que los que están próximos a ejercerlo desean que sus antecesores les dejen finanzas y estructuras oficiales sanas.

Además, independientemente de los tiempos políticos o electorales, la realidad es que la gente necesita y demanda que los diferentes niveles de gobierno le den servicios y atención de manera permanente, oportuna y eficiente, sin importar los nombres de los funcionarios públicos o las siglas del partido en el poder.

De hecho, se requiere que quienes hacen leyes y reglamentos tomen en cuenta que es un reducido porcentaje de la ciudadanía al que le interesan los colores del partido que la gobierna, ya que lo que sí le importa a la gran mayoría de la gente es que sus exigencias sean atendidas eficaz y rápidamente por los diversos niveles administrativos.

En este contexto, se necesita reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno, para que las gestiones en funciones cuenten con los fondos suficientes con que seguir dando servicios a la ciudadanía hasta el último minuto de sus períodos y, al mismo tiempo, garantizar por la vía legal que las administraciones entrantes tengan la solvencia financiera necesaria para comenzar exitosamente sus labores.

Es un hecho que los recursos que manejan y, a veces, se disputan los gobiernos salientes y entrantes son de la ciudadanía y, por lo mismo, deben usarse en su beneficio. Por lo mismo, las leyes deben garantizar que ninguna disputa política o partidista ponga en riesgo los bienes públicos o deje a la gente sin servicios.

También es conveniente reglamentar los cambios de gobierno, para que la ciudadanía y las gestiones entrantes conozcan el estado real en que se encuentra la administración pública del municipio o estado a la hora del relevo, porque actualmente, el hecho de que la transición gubernamental sea tersa o ríspida depende de la buena o mala relación entre quienes llegan y los que se van y esto no debería seguir así.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo*

En Puebla y otras partes del país se viven los procesos de entrega de los diferentes niveles de gobierno y es posible constatar acuerdos o desavenencias entre las administraciones salientes y las entrantes, porque quienes todavía ejercen el poder quieren definir destino de los recursos públicos hasta el último minuto de sus gestiones, mientras que los que están próximos a ejercerlo desean que sus antecesores les dejen finanzas y estructuras oficiales sanas.

Además, independientemente de los tiempos políticos o electorales, la realidad es que la gente necesita y demanda que los diferentes niveles de gobierno le den servicios y atención de manera permanente, oportuna y eficiente, sin importar los nombres de los funcionarios públicos o las siglas del partido en el poder.

De hecho, se requiere que quienes hacen leyes y reglamentos tomen en cuenta que es un reducido porcentaje de la ciudadanía al que le interesan los colores del partido que la gobierna, ya que lo que sí le importa a la gran mayoría de la gente es que sus exigencias sean atendidas eficaz y rápidamente por los diversos niveles administrativos.

En este contexto, se necesita reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno, para que las gestiones en funciones cuenten con los fondos suficientes con que seguir dando servicios a la ciudadanía hasta el último minuto de sus períodos y, al mismo tiempo, garantizar por la vía legal que las administraciones entrantes tengan la solvencia financiera necesaria para comenzar exitosamente sus labores.

Es un hecho que los recursos que manejan y, a veces, se disputan los gobiernos salientes y entrantes son de la ciudadanía y, por lo mismo, deben usarse en su beneficio. Por lo mismo, las leyes deben garantizar que ninguna disputa política o partidista ponga en riesgo los bienes públicos o deje a la gente sin servicios.

También es conveniente reglamentar los cambios de gobierno, para que la ciudadanía y las gestiones entrantes conozcan el estado real en que se encuentra la administración pública del municipio o estado a la hora del relevo, porque actualmente, el hecho de que la transición gubernamental sea tersa o ríspida depende de la buena o mala relación entre quienes llegan y los que se van y esto no debería seguir así.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Alentar la participación ciudadana en la vida pública

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

Alentar la participación ciudadana en la vida pública

Dos de las principales – y justificadas - quejas de la ciudadanía contra la clase política es que no la escucha y que los gobernantes no la toman en cuenta a la hora de elaborar sus planes de trabajo, los presupuestos de Egresos e Ingresos y los programas de Obra Pública.

La gente argumenta – con razón – que los gobiernos de todos los niveles manejan recursos públicos y, por lo mismo, tienen la obligación de consultarla a la hora de decidir cómo se erogarán dichos fondos, porque en ciertas ocasiones el dinero de todos se canaliza a satisfacer ambiciones o deseos personales de quienes ejercen el poder, en lugar de usarse en beneficio de la sociedad.

La única manera de impedir la corrupción, el abuso o los excesos en los gobiernos es alentar la participación de la ciudadanía en la vida pública, ya que la historia de nuestro país demuestra que los funcionarios y representantes populares necesitan saberse vigilados y acotados por la gente, para cumplir con sus obligaciones y no incurrir en abusos.

Por ello, se requiere que la sociedad intervenga en la vida pública del estado y la ciudad tomando decisiones, vigilando el buen uso de los recursos públicos y dando seguimiento a los programas y obras de gobierno, para verificar que se cumplan y no se conviertan en “elefantes blancos” o en construcciones eternas que solamente enriquecen a malos gobernantes.

En este contexto, el martes pasado comenzaron los foros que organiza el gobierno estatal electo, para elaborar su Plan de Desarrollo y es importante que todos los sectores sociales y económicos intervengan en dichas consultas, debido a que representan una buena oportunidad para que la gente exprese sus necesidades y plantee qué tipo de Puebla quiere en el futuro próximo.

Es cierto que en muchas ocasiones los gobernantes y representantes populares no toman en cuenta a la sociedad y deciden de manera unilateral el uso del dinero público y la elaboración de sus programas de trabajo o leyes, pero también lo es que poca gente participa en la vida pública del país, estado o municipio y que esto contribuye a alentar los abusos y la corrupción del sector oficial.

Por lo mismo, cuando un gobierno electo – de cualquier nivel – realiza foros abiertos antes de concretar sus planes de trabajo, quienes formamos parte de la sociedad civil debemos participar en las consultas, para conocer los proyectos de los próximos gobernantes, opinar de ellos y, sobre todo, expresarles qué necesidades tenemos, qué queremos que hagan y cómo esperamos que Puebla sea en los próximos años.

La participación de la ciudadanía en el ejercicio público es vital para construir el país, estado y municipio que queremos, ya que así se garantiza que los programas gubernamentales sean los que la gente exige o necesita y que los recursos oficiales sean utilizados en beneficio colectivo y no privado o de grupo.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Legislar la transición gubernamental

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

Prácticamente en todos los espacios informativos se habla de la transición entre los gobiernos estatal y municipal que salen y los que entran y, además, se ha convertido en un hecho constante el que se analice o se mencione si las relaciones entre ambas administraciones son tersas, tensas, institucionales, amistosas o de confrontación.

En este sentido, es normal que existe interés de los medios de comunicación, de la clase política y de un sector importante de la ciudadanía en el proceso de Entrega-Recepción entre un gobierno saliente y el que llega, porque existe una expectativa general de que este mecanismo se dé con transparencia, institucionalidad y apego a la normatividad vigente.

El problema, sin embargo, es que la legislación actual de este período de transición gubernamental es –a todas luces – incompleto e impreciso, ya que las leyes Estatal de la Administración Pública y la Orgánica Municipal no lo regulan a cabalidad, no establecen obligaciones y derechos de los involucrados y, muchos menos, incluyen tiempos, formas o participantes en el proceso.

Ambas leyes solamente señalan que debe haber un proceso en que el gobierno saliente entregue los bienes inmuebles de la administración y que el entrante los reciba, pero no establece los derechos u obligaciones de ambos y, en consecuencia, el hecho de que la transición gubernamental se dé con transparencia e institucionalidad depende de la buena o mala voluntad política de las partes.

 

Por lo mismo, el gobierno que sale puede retardar el proceso u ocultar y negar información de rubros delicados, como Gobernación, Finanzas, Nómina, entre otros; mientras que la gestión entrante podría tratar de asumir funciones que todavía no le corresponden.

Este contexto hace necesario legislar, para que la transición gubernamental se dé con transparencia, institucionalidad y sirva para que el gobierno entrante conozca cómo recibe la administración pública, qué programas u obras se están ejecutando en ese momento o podrían quedar pendientes y en qué estado se encuentran la gobernabilidad y las finanzas del municipio, estado o país.

 

Para ello, se requiere que la ley establezca cuándo debe comenzar la transición, quiénes deben intervenir en ella, qué tipo de información o documentos está obligado a facilitar el gobierno saliente, qué puede hacer la gestión entrante con estos datos y de qué manera tiene que concretarse el proceso.

Solamente así se evitarán simulaciones, fricciones, rupturas u ocultamientos en los procesos de Entrega – Recepción, aparte de que se evitaría que este mecanismo normal e importante para la vida pública dependa de la buena o mala voluntad de los participantes o de la lucha partidista y hasta personal.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Las lecciones de la derrota de Barack Obama

BITÁCORA MUNICIPAL

 

Por Enrique Chávez Estudillo*

Apenas el 4 de octubre del 2008, Barack Hussein Obama II ganó la presidencia de los Estados Unidos de manera contundente, aplastante, legal y legítima al obtener 365 votos electores contra los 173 que logró su adversario John McCain.

 

Meses antes, Barack Obama había vencido en las elecciones primarias del Partido Demócrata a la gran favorita, Hillary Clinton, quien había hecho campaña durante varios años antes que él y era vista como la sucesora natural de George W. Bush por su larga carrera política y el matrimonio con Bill Clinton, uno de los ex presidentes más avalados por los americanos.

 

Pero Barack Obama se impuso a todo y a todos y logró llegar a la Casa Blanca con una gran expectativa y aprobación ciudadanas, que menos de dos años después cayeron de manera notable, como se demostró en las elecciones del martes pasado, cuando el Partido Republicano recuperó la Cámara de Representantes al derrotar a los Demócratas, que apenas mantuvieron el control de la Cámara de Senadores.

Los expertos dicen que los latinos, afroamericanos y jóvenes que en el 2008 acudieron masivamente a las urnas a apoyar al hoy Presidente de los Estados Unidos, en las elecciones de este martes recularon y decidieron no votar por el Partido Demócrata, a pesar de que el mismo Barack Obama había declarado el lunes que sus programas peligraban si triunfaban sus adversarios republicanos.

 

Las quejas principales de los americanos contra su Presidente son que no ha logrado reactivar a la economía, tampoco puede abatir el desempleo, mantiene una deuda pública elevada y, sobre todo, no cumplió con varios compromisos de campaña en materia social y migratoria.

 

Este resultado electoral en EUA es una gran lección para los políticos de todo el mundo, porque les ratifica que la aprobación y el apoyo ciudadano no es eterno y que, si la gente percibe que no han cumplido en el cargo que les fue conferido, se los cobrará en los siguientes comicios.

Otra lección de la derrota de Barack Obama es que la población quiere que sus gobernantes le den hechos y resultados positivos, no pretextos ni posposiciones. El Presidente de los Estados Unidos ha argumentado que no puede cumplir con sus promesas de campaña por la oposición de varios factores políticos, sociales o económicos.

Y puede que tenga razón, pero al votante estadounidense no le importaron los pretextos de su líder y decidió castigarlo en las urnas. Con ello, el elector del vecino país dejó en claro que espera que sus autoridades cumplan con su trabajo, sin importar las dificultades que deban sortear.

 

Finalmente, la victoria opositora en EUA ratificó que cuando los gobiernos se equivocan, se olvidan de sus ofrecimientos de campaña u optan por la frivolidad en lugar del trabajo, sus partidos lo resienten y son derrotados en las urnas. Claro que todo esto no solamente pasa en aquélla nación, sino también en otras, como México y, especialmente, en estados como Puebla.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Transparencia y rendición de cuentas

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo *

Sin duda, el tema más mencionado en los medios informativos en los tiempos recientes es la transparencia, que, más allá de situaciones coyunturales, debe asumirse como una prioridad para cualquier gobierno o entidad pública que pretenda ver legitimado su actuar ante la ciudadanía, ya que para obtener la aprobación de la gente se necesita que en el sector oficial haya rendición de cuentas y acceso a la información.

La transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información son tres elementos básicos de cualquier gobierno democrático, como mecanismos de gobernabilidad haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, además de que abren canales de comunicación entre el sector público y demás actores sociales.

La difusión y aceptación de los tres procesos conllevan una necesaria transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público en nuestro país y entidad, porque implica sujetar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos de todos los niveles al escrutinio crítico de la sociedad, pese a que algunos crean que su poder y control son absolutos y que pueden disponer a su arbitrio personal de los recursos humanos y materiales disponibles y hasta de la aplicación de los poderes del Estado.

La rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión y asociación, que permiten a la gente organizarse, defender sus ideas frente a la actuación del gobierno y exigirle información y resultados al mismo. En una verdadera democracia, todo ciudadano puede contar con elementos suficientes para conocer y evaluar las acciones oficiales y, cuando no se tienen mecanismos o instituciones que faciliten los datos o solamente se simula con ellos, el Estado pierde credibilidad y legitimidad.

Todas las dependencias públicas y quienes las conformamos tenemos la obligación de explicar a la sociedad nuestras acciones y aceptar la responsabilidad sobre las mismas. En consecuencia, se necesita mejorar los mecanismos de consulta y diálogo, para que no solamente se facilite información, sino para que haya una verdadera retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía, debido a que así se alentaría la participación social en las acciones y programas oficiales.

En México hace realmente poco que comenzó a hacerse realidad la transparencia y lo que ella conlleva, ya que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó apenas el 11 de junio del 2002, lo que implica que son nuevas las instituciones nacional y local encargadas de materializar el acceso a la información.

Fue en el 2005, durante las gestiones de Mario Marín Torres y Enrique Doger Guerrero en el estado y municipio, respectivamente, cuando se conformaron los organismos estatal y municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar respuesta a las demandas ciudadanas de rendición de cuentas y decirle a la gente en qué se erogan sus recursos y qué funcionarios son los encargados de solucionar un determinado problema o necesidad.

Por ende, más allá de situaciones coyunturales, lo recomendable es fortalecer a dichos organismos y mejorar la legislación de la materia, para que la rendición de cuentas abarque todos los aspectos importantes del actuar público y partidista, como la publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales, las estadísticas financieras, comerciales y monetarias, las compensaciones totales de funcionarios, datos sobre financiamiento de campañas políticas, uso de los recursos humanos y económicos de los gobiernos y entidades que reciban dinero oficial y, desde luego, el avance real de los programas y proyectos aplicados por las administraciones de todos los niveles.

El fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas es básico para combatir la corrupción, los abusos de poder y la impunidad, que en muchas ocasiones son inherentes a la opacidad y al manejo unipersonal, secreto y absolutista de los recursos y atribuciones gubernamentales.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla