En el contexto actual, en el que los ciudadanos confían cada vez menos en los políticos, los partidos y candidatos tienen el derecho de buscar el apoyo de la gente como crea que pueden obtenerlo, siempre y cuando sea por medios legales y las autoridades electorales no los sancionen.
Sin embargo, es preocupante que cada vez más candidatos y partidos recurran a la guerra sucia mediático-política, a las calumnias, verdades a medias y difamaciones para tratar de ganar una elección no mediante el convencimiento de los ciudadanos, sino con el desprestigio – merecido o no – del adversario.
En política, la guerra sucia consiste en lanzar acusaciones, señalamientos e injurias contra el rival o las instituciones electorales, sin que dichos descalificativos estén sustentados en pruebas y hechos. Y es claro que quienes promueven esta “estrategia” al hacerlo reconocen implícitamente su incapacidad de obtener el respaldo de la gente por su persona o propuestas.
Se supone que los comicios debieran ganarse con propuestas y proyectos viables, que convenzan a los votantes de que es posible estar mejor y generar progreso, desarrollo y bienestar. Sin embargo, el descrédito de los políticos ante la sociedad es tan grande, que poca gente realmente espera que algún gobernante cumpla sus promesas de campaña.
Por lo mismo, en muchas ocasiones, los partidos y candidatos ya no tratan de decir a los ciudadanos que son la mejor opción o que están preparados para resolver sus problemas y demandas, sino ocupan su tiempo y espacios mediáticos en denunciar que el adversario es peor y ha cometido mayores tropelías e ineficiencias.
Es obvio que este tipo de campañas generan abstencionismo y desánimo de los ciudadanos ante los procesos electorales y políticos, porque los propios candidatos y partidos les están demostrando que son iguales y que solamente se diferencian en quién es más inepto o corrupto.
Además, resulta perverso lanzar acusaciones y descalificativos infundados contra un rival político, ya que - incluso - se puede generar en las familias de los candidatos afectados un daño que va mucho más allá de las elecciones, sin que las instancias comiciales o judiciales puedan resarcirlos.
En consecuencia, para futuros procesos electorales locales y federales se requiere generar una nueva cultura política, que haga que los partidos y candidatos sean responsables y sensatos en sus pronunciamientos y que frene las guerras de lodo que solamente provocan el rechazo de la gente hacia todo lo relacionado con la vida pública.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
