El pasado 23 de abril la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la más xenófoba y racista ley Antiinmigrante llamada SB-1070, que no solamente considera a los migrantes como criminales, sino que faculta a los policías a detener a cualquier persona que los agentes crean que puede ser un extranjero sin papeles.
Ya es común que en Arizona se promulguen leyes contra los migrantes. En enero del 2008 entró en vigor el que en ese tiempo se consideró el precepto legal más nocivo contra la migración (ley HB2779), que forzó a los dueños de las empresas a verificar el estado migratorio de sus trabajadores so pena de ser encarcelados. Como hoy Jan Brewer, la entonces gobernadora, Janet Reno, vio en el ataque a los extranjeros la forma de ganar votos.
Se estima que cuando menos 400 mil mexicanos viven en aquél estado norteamericano y sufrirán las consecuencias de la escalada xenófoba y racista de las autoridades emanadas del Partido Republicano, que – efectivamente – es el que se caracteriza por los más feroces ataques contra los migrantes, aunque, para ser justos, también los miembros del Partido Demócrata han arremetido hacia nuestros paisanos.
El gobierno de México y prácticamente todos los sectores sociales han externado su condena y rechazo a esta medida, que incluso generó indignación e incredulidad en la comunidad internacional, porque así es como se crean estados autoritarios y totalitarios violadores de los derechos humanos, como el nazismo o el fascismo.
Estoy plenamente de acuerdo en que los mexicanos debemos – en la medida de lo posible y de no afectar nuestros propios intereses – evitar cualquier contacto económico, comercial, cultural, social o político con las autoridades – no con el pueblo – de Arizona, porque lo que acaban de hacer es, simplemente, un acto de racismo legalizado, que generará mayor odio y rechazo contra los migrantes.
Sin embargo, es poco realista esperar que la nueva ley antiinmigrante reduzca la cantidad de mexicanos que van a trabajar a Arizona y sería absurdo pedir a nuestros paisanos que dejen ese estado y regresen a nuestro país, debido a que aquí no hay trabajo y solamente vendrían a padecer la pobreza y hambre que el actual gobierno federal ha generado desde diciembre del 2006.
Lo que sucede es que los migrantes están en medio de dos fuegos y el primero es el de la pobreza y desempleo que provocan las autoridades de nuestro país por su gran incapacidad de promover una política económica y productiva, que atraiga inversiones, producción y genere crecimiento económico.
El segundo fuego es – desde luego – el racismo galopante que predomina en muchos sectores sociales y políticos de los Estados Unidos, donde por un lado se promueve el libre comercio, la globalización y la integración económica y; por el otro, se pretende culpar de todo a los extranjeros .
Lo cierto es que mientras en México no se generen los empleos y las condiciones de desarrollo que necesitamos y demandamos los mexicanos, ningún gobierno o institución podrá defender de manera efectiva la dignidad de los ciudadanos. Es doloroso, pero la gente se seguirá yendo a Arizona, California o Nueva York, en tanto aquí solamente tiene miseria y hambre.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
miércoles, 28 de abril de 2010
Zozobra por la red
El fin de semana pasado, tanto en los correos electrónicos, como en celulares y en las redes sociales Twitter y Facebook circularon rumores acerca de que en los centros de diversión de la ciudad se generarían disputas armadas entre diferentes bandas de la delincuencia organizada, lo que provocó zozobra en la sociedad y redujo 50 por ciento la actividad en los lugares públicos, según informó la secretaría de Gobernación estatal.
Este hecho merece varias reflexiones y la primera es que resulta sorprendente lo poderosas e influyentes que son las redes sociales, porque el solo hecho de generar una especulación en ellas provocó que los diversos centros de diversión en la ciudad tuvieran pérdidas considerables por la zozobra que provocó en la red la posibilidad de que hubiera una disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
Tampoco puede pasar desapercibido el que se suelten este tipo de especulaciones y rumores en este 2010, precisamente cuando faltan pocos meses para que haya elecciones y se renueven el gobierno del estado, los 217 ayuntamientos y todo el Congreso local.
Y es notorio que en este año electoral “alguien” esté interesado en generar zozobra en la entidad a través de la Internet, porque en el 2009 hubo comicios federales y curiosamente por estas mismas fechas se provocó un verdadero caos social en todo el país por el surgimiento del virus de la influenza.
Entonces, resulta válido preguntarse si es casual que en años electorales consecutivos “alguien” provoque este tipo de temores en la ciudadanía, mediante la difusión en la red de especulaciones infundadas, porque cuando la sociedad siente zozobra e incertidumbre se vuelve indiferente y apática ante los procesos políticos.
Es cierto que en Puebla - como en todo el país y especialmente en entidades como Guerrero, Nuevo León, Jalisco o Michoacán - existe un problema de seguridad pública, debido a que se ha incrementado la cantidad de adictos y algunos territorios son disputados por la delincuencia organizada.
Y a pesar de que, efectivamente es necesario que todos los ciudadanos estemos conscientes de la difícil situación que prevalece en el tema de la seguridad pública, resulta irresponsable detener la vida económica y social de la ciudad con especulaciones alarmistas y sin fundamento, que afectan a los centenares de comercios que dependen del consumo interno.
En tiempos de crisis, como los actuales, lo que más se necesita es incentivar la actividad económica y lo que pagamos los ciudadanos en los centros públicos de diversión les permite subsistir y mantener su planta laboral. Detener u obstaculizar sin motivo la actividad en cualquier lugar de trabajo atenta contra los bolsillos de las personas.
Además, se requiere generar la participación de la gente en las próximas elecciones locales y esto solamente se puede concretar en un ambiente social de estabilidad, certeza y confianza, que lleve a la gente a involucrarse en las campañas y a salir a votar por el proyecto que la convenza.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Este hecho merece varias reflexiones y la primera es que resulta sorprendente lo poderosas e influyentes que son las redes sociales, porque el solo hecho de generar una especulación en ellas provocó que los diversos centros de diversión en la ciudad tuvieran pérdidas considerables por la zozobra que provocó en la red la posibilidad de que hubiera una disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
Tampoco puede pasar desapercibido el que se suelten este tipo de especulaciones y rumores en este 2010, precisamente cuando faltan pocos meses para que haya elecciones y se renueven el gobierno del estado, los 217 ayuntamientos y todo el Congreso local.
Y es notorio que en este año electoral “alguien” esté interesado en generar zozobra en la entidad a través de la Internet, porque en el 2009 hubo comicios federales y curiosamente por estas mismas fechas se provocó un verdadero caos social en todo el país por el surgimiento del virus de la influenza.
Entonces, resulta válido preguntarse si es casual que en años electorales consecutivos “alguien” provoque este tipo de temores en la ciudadanía, mediante la difusión en la red de especulaciones infundadas, porque cuando la sociedad siente zozobra e incertidumbre se vuelve indiferente y apática ante los procesos políticos.
Es cierto que en Puebla - como en todo el país y especialmente en entidades como Guerrero, Nuevo León, Jalisco o Michoacán - existe un problema de seguridad pública, debido a que se ha incrementado la cantidad de adictos y algunos territorios son disputados por la delincuencia organizada.
Y a pesar de que, efectivamente es necesario que todos los ciudadanos estemos conscientes de la difícil situación que prevalece en el tema de la seguridad pública, resulta irresponsable detener la vida económica y social de la ciudad con especulaciones alarmistas y sin fundamento, que afectan a los centenares de comercios que dependen del consumo interno.
En tiempos de crisis, como los actuales, lo que más se necesita es incentivar la actividad económica y lo que pagamos los ciudadanos en los centros públicos de diversión les permite subsistir y mantener su planta laboral. Detener u obstaculizar sin motivo la actividad en cualquier lugar de trabajo atenta contra los bolsillos de las personas.
Además, se requiere generar la participación de la gente en las próximas elecciones locales y esto solamente se puede concretar en un ambiente social de estabilidad, certeza y confianza, que lleve a la gente a involucrarse en las campañas y a salir a votar por el proyecto que la convenza.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Capacidad de movilización, estructura y convencimiento de los ciudadanos, bases del triunfo electoral
La contienda por la gubernatura de Puebla apenas empezó, de hecho, va apenas una semana de campaña y, aunque todavía es muy pronto para señalar qué partido o candidato tiene más posibilidades de ganar, sí se pueden realizar proyecciones acerca de qué factores pueden influir de manera decisiva en el resultado final.
En este sentido, dos de los elementos que - sin duda – repercutirán en el desenlace de la elección son la estructura y la capacidad de movilización de cada fuerza política el día de la votación, debido a que son sus bases y constituyen el llamado “voto duro” de los candidatos.
En una elección competida, como la que finalizará en julio próximo, es necesario que los partidos que realmente aspiren a ganar cuenten con una estructura electoral y legal sólidas, que les garantice el cuidado de todas las casillas en el día de los comicios y, al mismo tiempo, les dé un mínimo de votos que los haga competitivos.
Y aunque es cierto que el llamado voto “switcher” o cambiante puede inclinar la balanza para uno u otro lado, porque la mayoría de los ciudadanos no se siente comprometida con algún partido y sufraga de acuerdo a las circunstancias particulares de cada elección, solamente las fuerzas políticas con una estructura fuerte pueden cuidar sus sufragios y tienen la capacidad de movilizar a sus seguidores en todo el estado.
En este sentido, la capacidad de movilización de los institutos políticos también repercute de manera notable en el resultado de una elección, ya que – por obvias razones – tienen más posibilidades de ganar quienes pueden garantizar que su voto duro vaya a las urnas y que sus simpatizantes cuiden las casillas.
Otro aspecto importante para triunfar será la capacidad de atraer a los electores “switchers” o cambiantes”, puesto que son mayoría en el padrón y, sobretodo en una contienda cerrada y participativa, ellos pueden definir el resultado de la misma, como ha ocurrido en varias ocasiones.
En los tiempos recientes ha sido claro que la ciudadanía cada vez es más reticente a participar en los procesos electorales, porque existe un desencanto social hacia los partidos políticos. Por lo mismo, el reto de quienes buscan el sufragio en esta contienda es doble: mantener el voto “duro” y ganar el apoyo de los electores cambiantes.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
En este sentido, dos de los elementos que - sin duda – repercutirán en el desenlace de la elección son la estructura y la capacidad de movilización de cada fuerza política el día de la votación, debido a que son sus bases y constituyen el llamado “voto duro” de los candidatos.
En una elección competida, como la que finalizará en julio próximo, es necesario que los partidos que realmente aspiren a ganar cuenten con una estructura electoral y legal sólidas, que les garantice el cuidado de todas las casillas en el día de los comicios y, al mismo tiempo, les dé un mínimo de votos que los haga competitivos.
Y aunque es cierto que el llamado voto “switcher” o cambiante puede inclinar la balanza para uno u otro lado, porque la mayoría de los ciudadanos no se siente comprometida con algún partido y sufraga de acuerdo a las circunstancias particulares de cada elección, solamente las fuerzas políticas con una estructura fuerte pueden cuidar sus sufragios y tienen la capacidad de movilizar a sus seguidores en todo el estado.
En este sentido, la capacidad de movilización de los institutos políticos también repercute de manera notable en el resultado de una elección, ya que – por obvias razones – tienen más posibilidades de ganar quienes pueden garantizar que su voto duro vaya a las urnas y que sus simpatizantes cuiden las casillas.
Otro aspecto importante para triunfar será la capacidad de atraer a los electores “switchers” o cambiantes”, puesto que son mayoría en el padrón y, sobretodo en una contienda cerrada y participativa, ellos pueden definir el resultado de la misma, como ha ocurrido en varias ocasiones.
En los tiempos recientes ha sido claro que la ciudadanía cada vez es más reticente a participar en los procesos electorales, porque existe un desencanto social hacia los partidos políticos. Por lo mismo, el reto de quienes buscan el sufragio en esta contienda es doble: mantener el voto “duro” y ganar el apoyo de los electores cambiantes.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
El periodismo y la delincuencia organizada
El pasado domingo, uno de los medios informativos más importantes del país – la revista Proceso – publicó una nota de su fundador, el periodista Julio Scherer García, quien en un lugar no identificado se reunió y platicó con uno de los narcotraficantes más identificados, temidos y buscados por las policías de México y Estados Unidos: Ismael, el mayo Zambada.
Aunque el mayo Zambada no le permitió a Scherer García una entrevista en forma, sí reconoció que en 4 ocasiones ha estado a punto de ser capturado, que tiene miedo de que esto ocurra y que la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico está perdida, porque se trata de una actividad arraigada en la sociedad, como la corrupción.
Incluso, el mayo aseguró que, si llegara a ser capturado, no pasaría nada importante, debido a que los reemplazos de cada capo están en las calles todavía antes de que sus predecesores sean detenidos o muertos. Es claro que al interior del gobierno federal y en el medio periodístico habrá en los próximos días y hasta semanas muchas reacciones por este estupendo trabajo periodístico de don Julio Scherer.
Aunque algunos respetados columnistas nacionales, como Carlos Ramírez y Héctor Aguilar Camín, critican que Scherer García haya accedido a reunirse con Ismael Zambada, lo cierto es que el fundador de Proceso no tenía por qué negarse a realizar un ejercicio periodístico interesante con uno de los miembros de la delincuencia organizada más buscados por el gobierno federal.
Además, capturar al mayo no es una tarea que le competa al ex director del diario Excélsior o a cualquier otro periodista, sino al gobierno federal, que desde hace más de 4 años dejó de ocuparse de los demás problemas nacionales - como la pobreza y la corrupción- y asumió como única prioridad el combate al narcotráfico.
Como lector, la nota principal del Proceso de esta semana me pareció muy interesante y también considero que en el tema del narcotráfico, como en todos los tópicos, el periodismo tratar de mantener una cobertura objetiva, desapasionada y plural, sin sensacionalismos ni amarillismo, pero también sin sectarismos.
La existencia de la delincuencia organizada es una realidad en nuestro país y, como tal, es también un tema de interés para los mexicanos, que a través de los medios de comunicación necesitamos informarnos de la manera más objetiva posible de lo que ocurre en ese tópico.
Además, negar los problemas no ayuda a resolverlos y, por lo tanto, de nada serviría que los espacios informativos ocultaran lo que sucede en todo país con la delincuencia organizada y los continuos y públicos fracasos del gobierno federal en su intento de combatirla.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Aunque el mayo Zambada no le permitió a Scherer García una entrevista en forma, sí reconoció que en 4 ocasiones ha estado a punto de ser capturado, que tiene miedo de que esto ocurra y que la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico está perdida, porque se trata de una actividad arraigada en la sociedad, como la corrupción.
Incluso, el mayo aseguró que, si llegara a ser capturado, no pasaría nada importante, debido a que los reemplazos de cada capo están en las calles todavía antes de que sus predecesores sean detenidos o muertos. Es claro que al interior del gobierno federal y en el medio periodístico habrá en los próximos días y hasta semanas muchas reacciones por este estupendo trabajo periodístico de don Julio Scherer.
Aunque algunos respetados columnistas nacionales, como Carlos Ramírez y Héctor Aguilar Camín, critican que Scherer García haya accedido a reunirse con Ismael Zambada, lo cierto es que el fundador de Proceso no tenía por qué negarse a realizar un ejercicio periodístico interesante con uno de los miembros de la delincuencia organizada más buscados por el gobierno federal.
Además, capturar al mayo no es una tarea que le competa al ex director del diario Excélsior o a cualquier otro periodista, sino al gobierno federal, que desde hace más de 4 años dejó de ocuparse de los demás problemas nacionales - como la pobreza y la corrupción- y asumió como única prioridad el combate al narcotráfico.
Como lector, la nota principal del Proceso de esta semana me pareció muy interesante y también considero que en el tema del narcotráfico, como en todos los tópicos, el periodismo tratar de mantener una cobertura objetiva, desapasionada y plural, sin sensacionalismos ni amarillismo, pero también sin sectarismos.
La existencia de la delincuencia organizada es una realidad en nuestro país y, como tal, es también un tema de interés para los mexicanos, que a través de los medios de comunicación necesitamos informarnos de la manera más objetiva posible de lo que ocurre en ese tópico.
Además, negar los problemas no ayuda a resolverlos y, por lo tanto, de nada serviría que los espacios informativos ocultaran lo que sucede en todo país con la delincuencia organizada y los continuos y públicos fracasos del gobierno federal en su intento de combatirla.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
No a los proyectos inconclusos
El lunes pasado, el secretario municipal de Gestión Urbana y Obra Pública, Jorge Rodríguez y Morgado, reconoció que uno de los proyectos que él mismo había anunciado anteriormente, la construcción de un estacionamiento subterráneo en el llamado predio Matanzo, podría cancelarse, debido a que no hay quién invierta los 35 millones de pesos que costaría concretar esa propuesta.
Sería lamentable que la secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública del ayuntamiento decidiera dar marcha atrás en ese proyecto, porque construir un estacionamiento subterráneo en esa zona de la ciudad permitiría aliviar el tráfico vehicular que todos los días recorre el Paseo Bravo y daría un impulso importante a la actividad económica de miles de comercios cercanos al Centro Histórico.
Además, una de las formas en que se puede medir la eficiencia de una dependencia pública es, precisamente, a través de la concreción de los proyectos anunciados, ya que lo recomendable es que, antes de anunciar a los medios de comunicación y a los ciudadanos que se llevará a cabo un determinado trabajo, se tenga la absoluta certeza de que se cuenta con los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para finalizar la obra prometida.
Son varias las propuestas y proyectos que el actual ayuntamiento ha anunciado sin convertirlas en realidad. Hace poco tiempo, se señaló que se construiría una serie de estacionamientos subterráneos en varias zonas del Centro Histórico, pero el INAH hizo ver que no se le habían presentado los proyectos ejecutivos que le permitieran avalar dichas obras que finalmente se cancelaron.
Después, se anunció la construcción de un puente elevado en la zona de las Ánimas, pero los vecinos de la zona se opusieron y el gobierno decidió no seguir adelante con este proyecto, para no generar un innecesario problema social, debido a que esta propuesta no contaba con el consenso de los poblanos que habitan la región.
Es claro que una ciudad en constante movimiento, como Puebla, necesita obras importantes de infraestructura urbana, que la hagan más competitiva y permitan reducir los tiempos de traslado de una zona del municipio a otra. Y estos proyectos pueden concretarse sin problemas elaborando planes viables, con presupuestos accesibles y el consenso de los ciudadanos y grupos sociales y económicos involucrados en ellos.
*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Sería lamentable que la secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública del ayuntamiento decidiera dar marcha atrás en ese proyecto, porque construir un estacionamiento subterráneo en esa zona de la ciudad permitiría aliviar el tráfico vehicular que todos los días recorre el Paseo Bravo y daría un impulso importante a la actividad económica de miles de comercios cercanos al Centro Histórico.
Además, una de las formas en que se puede medir la eficiencia de una dependencia pública es, precisamente, a través de la concreción de los proyectos anunciados, ya que lo recomendable es que, antes de anunciar a los medios de comunicación y a los ciudadanos que se llevará a cabo un determinado trabajo, se tenga la absoluta certeza de que se cuenta con los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para finalizar la obra prometida.
Son varias las propuestas y proyectos que el actual ayuntamiento ha anunciado sin convertirlas en realidad. Hace poco tiempo, se señaló que se construiría una serie de estacionamientos subterráneos en varias zonas del Centro Histórico, pero el INAH hizo ver que no se le habían presentado los proyectos ejecutivos que le permitieran avalar dichas obras que finalmente se cancelaron.
Después, se anunció la construcción de un puente elevado en la zona de las Ánimas, pero los vecinos de la zona se opusieron y el gobierno decidió no seguir adelante con este proyecto, para no generar un innecesario problema social, debido a que esta propuesta no contaba con el consenso de los poblanos que habitan la región.
Es claro que una ciudad en constante movimiento, como Puebla, necesita obras importantes de infraestructura urbana, que la hagan más competitiva y permitan reducir los tiempos de traslado de una zona del municipio a otra. Y estos proyectos pueden concretarse sin problemas elaborando planes viables, con presupuestos accesibles y el consenso de los ciudadanos y grupos sociales y económicos involucrados en ellos.
*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Dilema de los partidos: renovarse o morir
En este momento, todos los partidos políticos que contenderán en las elecciones de julio llevan a cabo sus procesos internos de selección de candidatos y, por lo mismo, las dirigencias reciben críticas, cuestionamientos o amenazas de militantes que sienten tener todo el derecho de contender, pero que no podrán hacerlo al no haber sido designados para ello.
Hasta cierto punto es normal que haya inconformidades y críticas al interior de cada partido, porque es natural que en la lucha por el poder público haya pasiones desatadas. Sin embargo, a través de los medios informativos es posible constatar que en esta ocasión son más numerosos y trascendentes los cuestionamientos a los dirigentes partidistas por la selección de candidatos, debido a que se dan tanto en municipios pequeños como en los más poblados.
Lo que sucede es que en cada instituto político hay ciertos grupos y miembros que practican el patrimonialismo, la cerrazón y la exclusión hacia los demás integrantes de ese mismo partido. Además, prácticamente en todas las fuerzas persiste una notable resistencia a renovar tanto las prácticas internas como a los cuadros que los representarán en las elecciones.
Es curioso que una de las más frecuentes y justificadas quejas de la gente que no milita en ningún partido es que éstos siempre postulan a los mismos aspirantes a cargos de elección popular. Y la ciudadanía tiene razón, como lo demuestra el hecho de que en el PAN quienes hace apenas 4 años pidieron el voto para ser senadores, ya dejaron sus cargos en la Cámara Alta para buscar otros puestos; mientras que un panista que ya fue dirigente estatal de su partido abandonó su diputación local, para buscar la alcaldía.
Es claro que todos los ciudadanos, incluyendo a los militantes de las fuerzas políticas, tienen el derecho de buscar contender al cargo de elección que se prefiera. Pero es cuestionable que se haga abandonando las responsabilidades conferidas por el voto de los mexicanos.
También es negativa la cerrazón y falta de transparencia predominante en los partidos durante sus procesos de selección de candidatos, porque en muchos casos no postulan a las personas que la ciudadanía quiere y mantiene en los primeros lugares de intención de voto, lo que significa que los mismos electores padecen una actitud excluyente de algunas fuerzas políticas.
Pero no solamente es necesario que los partidos renueven sus prácticas internas, además se requiere que abran sus puertas a los liderazgos ciudadanos y sociales, que les ayudan a refrescar su vida intestina, a recuperar la confianza de la ciudadanía y que garanticen que la pluralidad de la sociedad esté en realidad reflejada en los Congresos federal o local.
Es claro que la gente confía cada vez menos en los partidos políticos, que – por lo mismo – deberían llevar a cabo profundos procesos de renovación de prácticas y de liderazgos, para convertirse en verdaderas entidades de interés público y recuperar credibilidad en los ciudadanos.
*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Hasta cierto punto es normal que haya inconformidades y críticas al interior de cada partido, porque es natural que en la lucha por el poder público haya pasiones desatadas. Sin embargo, a través de los medios informativos es posible constatar que en esta ocasión son más numerosos y trascendentes los cuestionamientos a los dirigentes partidistas por la selección de candidatos, debido a que se dan tanto en municipios pequeños como en los más poblados.
Lo que sucede es que en cada instituto político hay ciertos grupos y miembros que practican el patrimonialismo, la cerrazón y la exclusión hacia los demás integrantes de ese mismo partido. Además, prácticamente en todas las fuerzas persiste una notable resistencia a renovar tanto las prácticas internas como a los cuadros que los representarán en las elecciones.
Es curioso que una de las más frecuentes y justificadas quejas de la gente que no milita en ningún partido es que éstos siempre postulan a los mismos aspirantes a cargos de elección popular. Y la ciudadanía tiene razón, como lo demuestra el hecho de que en el PAN quienes hace apenas 4 años pidieron el voto para ser senadores, ya dejaron sus cargos en la Cámara Alta para buscar otros puestos; mientras que un panista que ya fue dirigente estatal de su partido abandonó su diputación local, para buscar la alcaldía.
Es claro que todos los ciudadanos, incluyendo a los militantes de las fuerzas políticas, tienen el derecho de buscar contender al cargo de elección que se prefiera. Pero es cuestionable que se haga abandonando las responsabilidades conferidas por el voto de los mexicanos.
También es negativa la cerrazón y falta de transparencia predominante en los partidos durante sus procesos de selección de candidatos, porque en muchos casos no postulan a las personas que la ciudadanía quiere y mantiene en los primeros lugares de intención de voto, lo que significa que los mismos electores padecen una actitud excluyente de algunas fuerzas políticas.
Pero no solamente es necesario que los partidos renueven sus prácticas internas, además se requiere que abran sus puertas a los liderazgos ciudadanos y sociales, que les ayudan a refrescar su vida intestina, a recuperar la confianza de la ciudadanía y que garanticen que la pluralidad de la sociedad esté en realidad reflejada en los Congresos federal o local.
Es claro que la gente confía cada vez menos en los partidos políticos, que – por lo mismo – deberían llevar a cabo profundos procesos de renovación de prácticas y de liderazgos, para convertirse en verdaderas entidades de interés público y recuperar credibilidad en los ciudadanos.
*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
La equidad de género como botín electoral
El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y, con ese marco, los distintos niveles de gobierno efectuaron sus respectivos eventos oficiales y reiteraron los mismos mensajes que pronuncian cada año en la misma fecha en torno a la necesidad de promover una verdadera equidad de género en el país.
Y resulta innegable la necesidad de que nuestro país supere atrasos culturales y sociales como el machismo, la violencia intrafamiliar y la injusticia laboral, que afectan a muchas mujeres mexicanas maltratadas en sus hogares por quienes deberían protegerlas y apoyarlas; es decir, sus compañeros de vida o sus hijos y minimizadas en sus puestos de trabajo, donde de manera injusta reciben menos salario que sus compañeros varones.
Entonces, es claro que la equidad de género no existe en nuestro país, donde todos debemos trabajar para hacerla realidad. Sin embargo, resulta demagógico e inmoral que algunos representantes de las instancias oficiales que se supone deberían promover el trato igualitario entre los sexos sean los primeros en incurrir en prácticas discriminatorias contra las mujeres.
Porque la realidad nos dice que los mismos gobiernos que pregonan cada 8 de marzo a favor de la equidad de género son – en la mayoría de las ocasiones – los primeros que no practican, como lo demuestra el hecho de en todos los niveles de gobierno sean muy pocas las mujeres que ocupan cargos importantes en la administración pública.
Es notorio que el gobierno federal tiene 57 puestos de secretarios, procuradores o posiciones de primer nivel y solamente 7 de estas responsabilidades son ejercidas por mujeres: Patricia Espinosa (SRE), Alejandra Sota Mirafuentes (Estrategia y Enlace Gubernamental), Patricia Flores Elizondo (oficina de la Presidencia de la República), María del Rocío García Gaytán (Inmujeres), María Cecilia Ganderreche Gómez Morín (DIF), Consuelo Sayzar Guerrero (Conaculta), Georgina Kessel Martínez (Sener).
El hecho de que todavía sean pocas las mujeres a las que los distintos niveles de gobierno les confían la responsabilidad de ejercer un cargo de primer nivel, demuestra que para que haya una verdadera equidad de género en nuestro país se requiere - además de un importante e indispensable avance educativo y cultural - que el sector público comience a confiar en el sexo femenino mucho más de lo que lo hace.
* Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Y resulta innegable la necesidad de que nuestro país supere atrasos culturales y sociales como el machismo, la violencia intrafamiliar y la injusticia laboral, que afectan a muchas mujeres mexicanas maltratadas en sus hogares por quienes deberían protegerlas y apoyarlas; es decir, sus compañeros de vida o sus hijos y minimizadas en sus puestos de trabajo, donde de manera injusta reciben menos salario que sus compañeros varones.
Entonces, es claro que la equidad de género no existe en nuestro país, donde todos debemos trabajar para hacerla realidad. Sin embargo, resulta demagógico e inmoral que algunos representantes de las instancias oficiales que se supone deberían promover el trato igualitario entre los sexos sean los primeros en incurrir en prácticas discriminatorias contra las mujeres.
Porque la realidad nos dice que los mismos gobiernos que pregonan cada 8 de marzo a favor de la equidad de género son – en la mayoría de las ocasiones – los primeros que no practican, como lo demuestra el hecho de en todos los niveles de gobierno sean muy pocas las mujeres que ocupan cargos importantes en la administración pública.
Es notorio que el gobierno federal tiene 57 puestos de secretarios, procuradores o posiciones de primer nivel y solamente 7 de estas responsabilidades son ejercidas por mujeres: Patricia Espinosa (SRE), Alejandra Sota Mirafuentes (Estrategia y Enlace Gubernamental), Patricia Flores Elizondo (oficina de la Presidencia de la República), María del Rocío García Gaytán (Inmujeres), María Cecilia Ganderreche Gómez Morín (DIF), Consuelo Sayzar Guerrero (Conaculta), Georgina Kessel Martínez (Sener).
El hecho de que todavía sean pocas las mujeres a las que los distintos niveles de gobierno les confían la responsabilidad de ejercer un cargo de primer nivel, demuestra que para que haya una verdadera equidad de género en nuestro país se requiere - además de un importante e indispensable avance educativo y cultural - que el sector público comience a confiar en el sexo femenino mucho más de lo que lo hace.
* Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
Con solidaridad y cariño para los hermanos Chilenos y Haitianos
Este inicio de año ha sido terrible para América Latina en lo referente a desastres naturales, porque el 12 de enero pasado Haití sufrió un terremoto de 7.3 grados Richter que dejó más de 150 mil muertos, centenas de miles de damnificados y miles de millones de dólares en pérdidas en uno de los países más pobres del mundo, mientras que este sábado otro cataclismo telúrico – ahora de 8.8 grados Richter – mató a cerca de 700 personas en Chile.
Llama la atención que sendas tragedias hayan ocurrido con poco más de un mes de diferencia y ello demuestra que este tipo de fenómenos naturales son cada vez más frecuentes. Por lo mismo, corresponde a toda la sociedad en su conjunto intensificar las tareas de Protección Civil, para estar lo mejor preparados que se pueda ante estos desastres.
También es notorio que mientras en Haití el sismo fue de 7.3 grados y dejó más de 150 mil muertos, en Chile su intensidad fue mucho mayor (8.8 grados Richter) y mató a una cantidad relativamente pequeña de personas, ya que este hecho comprueba que los Chilenos estaban mucho mejor preparados para la contingencia y que su grado de vulnerabilidad socioeconómica es bastante menor al de los Haitianos.
Cabe preguntarse por qué un terremoto de menor intensidad que el de Chile mató a más personas en Haití y la respuesta es que en el país sudamericano sus construcciones, dependencias relacionadas con la Protección Civil y la propia gente están mucho mejor preparadas para afrontar este tipo de desastres naturales que en la hermana nación caribeña, cuyo elevadísimo nivel de pobreza eleva en gran la vulnerabilidad de sus ciudadanos.
Es claro que mientras la gente sea más pobre, con poca preparación y padezca gobiernos corruptos, su condición de vulnerabilidad ante los fenómenos naturales es mucho mayor, debido a que no sabe cómo reaccionar frente a ellos, las dependencias que deberían protegerla simplemente no lo hacen y los edificios están construidos de manera endeble, como una manera en que contratistas y funcionarios corrompidos hacen negocios sucios.
Es importante que en México aprendamos de lo ocurrido en Haití y Chile y aceptemos que no estamos al margen de estos cataclismos, porque el 19 de septiembre de 1985 nuestro país sufrió un terremoto de 8.1 grados Richter, del que nunca se supo con precisión cuántos mexicanos murieron, ya que el Gobierno Federal de ese entonces dijo que fueron 7 mil personas, pero algunas voces aseguran que fallecieron más de 40 mil.
En México, ese cataclismo se enfrentó y se superó gracias a la actuación rápida, eficiente y solidaria de la sociedad civil, debido a que todos los niveles de gobierno fueron rebasados por la tragedia y se mostraron incompetentes, frívolos y corruptos. En contraste, los ciudadanos tomaron la batuta, se organizaron, rescataron a los sobrevivientes, exigieron y obtuvieron el apoyo de la comunidad internacional.
Sin embargo, es obvio que los terremotos de 1985 o de 1999 no serán los primeros ni los últimos y que, como todos los demás pueblos del mundo, los mexicanos tenemos que estar preparados para afrontar no solamente ese tipo de fenómenos naturales, sino también maremotos, deslaves, e inundaciones – como la de Chalco - y todo tipo de desastres.
*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla.
Llama la atención que sendas tragedias hayan ocurrido con poco más de un mes de diferencia y ello demuestra que este tipo de fenómenos naturales son cada vez más frecuentes. Por lo mismo, corresponde a toda la sociedad en su conjunto intensificar las tareas de Protección Civil, para estar lo mejor preparados que se pueda ante estos desastres.
También es notorio que mientras en Haití el sismo fue de 7.3 grados y dejó más de 150 mil muertos, en Chile su intensidad fue mucho mayor (8.8 grados Richter) y mató a una cantidad relativamente pequeña de personas, ya que este hecho comprueba que los Chilenos estaban mucho mejor preparados para la contingencia y que su grado de vulnerabilidad socioeconómica es bastante menor al de los Haitianos.
Cabe preguntarse por qué un terremoto de menor intensidad que el de Chile mató a más personas en Haití y la respuesta es que en el país sudamericano sus construcciones, dependencias relacionadas con la Protección Civil y la propia gente están mucho mejor preparadas para afrontar este tipo de desastres naturales que en la hermana nación caribeña, cuyo elevadísimo nivel de pobreza eleva en gran la vulnerabilidad de sus ciudadanos.
Es claro que mientras la gente sea más pobre, con poca preparación y padezca gobiernos corruptos, su condición de vulnerabilidad ante los fenómenos naturales es mucho mayor, debido a que no sabe cómo reaccionar frente a ellos, las dependencias que deberían protegerla simplemente no lo hacen y los edificios están construidos de manera endeble, como una manera en que contratistas y funcionarios corrompidos hacen negocios sucios.
Es importante que en México aprendamos de lo ocurrido en Haití y Chile y aceptemos que no estamos al margen de estos cataclismos, porque el 19 de septiembre de 1985 nuestro país sufrió un terremoto de 8.1 grados Richter, del que nunca se supo con precisión cuántos mexicanos murieron, ya que el Gobierno Federal de ese entonces dijo que fueron 7 mil personas, pero algunas voces aseguran que fallecieron más de 40 mil.
En México, ese cataclismo se enfrentó y se superó gracias a la actuación rápida, eficiente y solidaria de la sociedad civil, debido a que todos los niveles de gobierno fueron rebasados por la tragedia y se mostraron incompetentes, frívolos y corruptos. En contraste, los ciudadanos tomaron la batuta, se organizaron, rescataron a los sobrevivientes, exigieron y obtuvieron el apoyo de la comunidad internacional.
Sin embargo, es obvio que los terremotos de 1985 o de 1999 no serán los primeros ni los últimos y que, como todos los demás pueblos del mundo, los mexicanos tenemos que estar preparados para afrontar no solamente ese tipo de fenómenos naturales, sino también maremotos, deslaves, e inundaciones – como la de Chalco - y todo tipo de desastres.
*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla.
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