El pasado 23 de abril la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la más xenófoba y racista ley Antiinmigrante llamada SB-1070, que no solamente considera a los migrantes como criminales, sino que faculta a los policías a detener a cualquier persona que los agentes crean que puede ser un extranjero sin papeles.
Ya es común que en Arizona se promulguen leyes contra los migrantes. En enero del 2008 entró en vigor el que en ese tiempo se consideró el precepto legal más nocivo contra la migración (ley HB2779), que forzó a los dueños de las empresas a verificar el estado migratorio de sus trabajadores so pena de ser encarcelados. Como hoy Jan Brewer, la entonces gobernadora, Janet Reno, vio en el ataque a los extranjeros la forma de ganar votos.
Se estima que cuando menos 400 mil mexicanos viven en aquél estado norteamericano y sufrirán las consecuencias de la escalada xenófoba y racista de las autoridades emanadas del Partido Republicano, que – efectivamente – es el que se caracteriza por los más feroces ataques contra los migrantes, aunque, para ser justos, también los miembros del Partido Demócrata han arremetido hacia nuestros paisanos.
El gobierno de México y prácticamente todos los sectores sociales han externado su condena y rechazo a esta medida, que incluso generó indignación e incredulidad en la comunidad internacional, porque así es como se crean estados autoritarios y totalitarios violadores de los derechos humanos, como el nazismo o el fascismo.
Estoy plenamente de acuerdo en que los mexicanos debemos – en la medida de lo posible y de no afectar nuestros propios intereses – evitar cualquier contacto económico, comercial, cultural, social o político con las autoridades – no con el pueblo – de Arizona, porque lo que acaban de hacer es, simplemente, un acto de racismo legalizado, que generará mayor odio y rechazo contra los migrantes.
Sin embargo, es poco realista esperar que la nueva ley antiinmigrante reduzca la cantidad de mexicanos que van a trabajar a Arizona y sería absurdo pedir a nuestros paisanos que dejen ese estado y regresen a nuestro país, debido a que aquí no hay trabajo y solamente vendrían a padecer la pobreza y hambre que el actual gobierno federal ha generado desde diciembre del 2006.
Lo que sucede es que los migrantes están en medio de dos fuegos y el primero es el de la pobreza y desempleo que provocan las autoridades de nuestro país por su gran incapacidad de promover una política económica y productiva, que atraiga inversiones, producción y genere crecimiento económico.
El segundo fuego es – desde luego – el racismo galopante que predomina en muchos sectores sociales y políticos de los Estados Unidos, donde por un lado se promueve el libre comercio, la globalización y la integración económica y; por el otro, se pretende culpar de todo a los extranjeros .
Lo cierto es que mientras en México no se generen los empleos y las condiciones de desarrollo que necesitamos y demandamos los mexicanos, ningún gobierno o institución podrá defender de manera efectiva la dignidad de los ciudadanos. Es doloroso, pero la gente se seguirá yendo a Arizona, California o Nueva York, en tanto aquí solamente tiene miseria y hambre.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
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