Por Enrique Chávez Estudillo*
Con razón, los ciudadanos que pagamos puntual y religiosamente nuestros impuestos nos quejamos de manera permanente de que los diferentes niveles de gobierno se la pasan incrementando las cargas fiscales y, sobre todo, de que siempre nos cobra más a los mismos contribuyentes, mientras consiente a muchas grandes empresas que no pagan casi nada.
Al mismo tiempo, información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dada a conocer en marzo pasado (El Financiero) precisa que la tasa de evasión fiscal en México es del 23 por ciento y que poco más del 10 por ciento de los ingresos del PIB se generan por impuestos, mientras en países desarrollados, como Estados Unidos, Italia o Francia ese porcentaje asciende hasta el 42 por ciento.
Esto quiere decir que, al mismo tiempo que los ciudadanos nos quejamos de que el gobierno nos ordeña con sus impuestos, la SHCP lamenta que los ingresos gubernamentales por el cobro de las cargas fiscales son escasos y contribuyen en poco al desarrollo nacional.
Entonces, ¿quién tiene razón, la gente o el gobierno?. La respuesta es que ambos, porque, efectivamente, en los tiempos recientes el sector público ha incrementado considerablemente sus cobros a los ciudadanos, que cada mes vemos cómo se eleva el costo de productos y servicios oficiales, como gasolina, luz y hasta el IVA, que desde el año pasado es del 16 por ciento.
Sin embargo, los ingresos que los gobiernos obtienen por cobrar las diversas cargas fiscales son considerablemente menores a los que recaudan naciones con las que tenemos acuerdos comerciales. Esto se debe a que el sistema recaudatorio mexicano es complejo, intrincado, difícil de seguir y abierto a la evasión.
Además, cerca de 400 empresas cuyas ganancias rondan entre el 55 y 60 por ciento del PIB nacional apenas pagan el 1.7 por ciento de impuestos, ya que desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez tienen privilegios que les permiten evadir al fisco, con el pretexto de que – si cubrieran lo justo – no serían competitivas a nivel internacional.
Este contexto establece que todos los niveles de gobierno tienen como asignatura pendiente crear sistemas recaudatorios eficientes, justos, equitativos, progresivos (que paguen más los que ganan más), fáciles de cumplir y transparentes, puesto que no es correcto que el ciudadano cautivo común pierda una tercera parte de sus ingresos por pagar impuestos, mientras las grandes empresas pagan poco o nada.
Por lo mismo, se necesita que, en lugar de que cada año los diputados locales y federales hagan parches en las leyes de Ingresos de los gobiernos federal y estatales, se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal integral, que facilite y equilibre el pago de impuestos y dote a todo el sector público de mayores recursos, sin sangrar más a la clase media y a los trabajadores cautivos.
Lamentablemente, esta anhelada reforma fiscal integral no se concretó este año en el país y, por lo mismo, parece que será pospuesta hasta otro sexenio federal.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
