Por Enrique Chávez Estudillo*
Una justa indignación en todo el país causó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 22 de julio cercenó las pensiones de millones de trabajadores afiliados al IMSS al imponerles el tope de 10 microsalarios como límite máximo a sus percepciones por este concepto.
Esto quiere decir que, gracias a los “magistrados” de la SCJN, quienes reciban pensiones por haber cotizado en el IMSS solamente tendrán como derecho el de recibir una pensión salarial máxima de 10 minisalarios, pese a haber laborado 30, 40 o 50 años o a lo que hayan establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Este nuevo atentado de la SCJN al bienestar social de millones de mexicanos ha ocasionado que muchas ONGS y organizaciones laborales (no las tradicionales encabezadas por dirigentes charros) se inconformen contra el veredicto y amaguen con movilizaciones sociales e impugnaciones legales, para tratar de echarlo abajo.
Incluso, algunos empresarios y empleados amagan con emprender luchas legales, para que el IMSS les devuelva sus cuotas o una buena parte de ellas, debido a que muchas minipensiones que dará el instituto serán bastante menores a las aportaciones mensuales de la mayoría de los contribuyentes.
Antes de esta determinación de la minicorte, formada por minimagistrados, el tope máximo de pensiones era de 25 salarios mínimos, lo que corrobora que – de un plumazo – los entogados que cobran cada mes más de 300 mil pesos (el presidente de dicha instancia recibe más de 650 mil pesos mensuales) cercenaron casi dos terceras partes de lo que los jubilados mexicanos recibirán en el futuro.
Es claro que quienes integran este organismo defienden sus propios intereses y los de las oligarquías que los impusieron en la SCJN, pero no los de los trabajadores ni los del propio IMSS, que puede perder millones de pesos si a raíz de esta determinación los contribuyentes dejan de aportar sus cuotas o comienzan a pedir que les devuelvan la mayor parte de sus erogaciones.
Esta realidad debe unirnos a los mexicanos, para movilizarnos y echar abajo este atropello de la Corte y lo primero que tenemos que hacer es exigir a los diputados federales y senadores, que aprueben una ley que milite las pensiones del Presidente de la República, de los funcionarios, miembros del poder Legislativo y ministros de la SCJN a un máximo de 10 microsalarios.
Que quienes ordenan que los trabajadores mexicanos reciban pensiones de hambre, pongan el ejemplo y sean los primeros en jubilarse en esas condiciones. También sería adecuado que los colegios de abogados analicen cuáles son los castigos a los que se hacen merecedores quienes – como los miembros de la minicorte – cobran un salario del pueblo, pero lo traicionan atentando contra su futuro económico.
Incluso, sería adecuado que las ONGS y los sindicatos no controlados por los gobiernos y partidos denuncien en los foros internacionales este atentado de la SCJN y las oligarquías nacionales a los trabajadores mexicanos, para que la presión mundial obligue a los minimagistrados a rectificar.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
