El futuro de la ciudad

Por Enrique Chávez Estudillo*

  

Puebla es la cuarta ciudad más importante del país, con un millón 485 mil pobladores, incluidos en una zona metropolitana de 2.6 millones de habitantes, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el 2005 y, por lo mismo, las elecciones locales del siguiente domingo tienen una gran importancia, ya que definirán su futuro y el de quienes vivimos en ella.

Cerca del 28 por ciento de la población total de la entidad habita en Puebla capital, donde también se concentra la mayor actividad productiva, económica, educativa, comercial y de servicios, lo que la convierte en una ciudad cosmopolita, plural y competitiva.

Este fin de semana, quienes vivimos en nuestro municipio tendremos el derecho –y también el deber – de acudir a las urnas, para definir cómo queremos que sea la ciudad en los próximos años y qué haremos todos para convertir nuestros sueños en realidad, porque es obligación de todos los sectores sociales trabajar en pro de la Angelópolis.

Afortunadamente, las campañas ya finalizaron y ahora es el turno de esperar y respetar la decisión de la ciudadanía. En una ciudad plural y civilizada, como Puebla, debe imperar el respeto a los demás y la tolerancia hacia todas las ideas y posiciones políticas y, por ello, es necesario que la jornada del domingo se efectúe en un marco de paz y de apego a la legalidad.

Soy un convencido de que lo mejor de nuestra ciudad es su gente y, por lo mismo, pienso que la mayoría de los ciudadanos acudiremos a depositar nuestro voto, convencidos de que es una de las mejores maneras en que podremos expresar nuestras instrucciones a los próximos gobernantes y representantes legislativos, sin importar su origen partidista.    

Los ciudadanos debemos, primero, cumplir con nuestras obligaciones cívicas –como ir a votar - para luego tener el derecho de exigir a los gobernantes que respeten sus deberes legales, ya que no es válido quejarse de los problemas o de las fallas de los distintos gobiernos y no hacer algo para evitarlas. 

Concretar el sufragio efectivo es importante para fortalecer a la democracia y hacer llegar el mensaje de la sociedad a sus próximos representantes. Además, es una de las formas en que la sociedad poblana puede demostrar que está más que preparada para asumir su rol de vigilante del servicio público.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El fracaso de la SCJN en el caso ABC

La semana pasada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a los altos funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora de sus respectivas responsabilidades en el caso del incendio en la guardería ABC, en el que murieron 49 bebés y 80 más resultaron con quemaduras.

Esta tragedia enlutó a todo el país el 5 de junio del año pasado y se debió a una grave negligencia tanto del IMSS como del gobierno de Sonora. Sin embargo, nadie ha sido acusado o consignado por ella, quizá porque que diversas instancias han comprobado que la guardería ABC era un negocio de colaboradores y familiares del ex gobernador Eduardo Bours y de la primera dama del país, Margarita Zavala. 

Al exonerar a los culpables de las muertes de 49 bebés, los integrantes de la SCJN volvieron a ganarse el repudio y rechazo social generalizados y demostraron- una vez más – que la impartición de justicia en el país depende de los intereses del Presidente de la República en turno, a pesar de que la Carta Magna de México establece que debe haber una real división de poderes.

Es lamentable que las defunciones de 49 infantes queden impunes por los intereses políticos y personales del gobierno federal y es doblemente triste que quienes conforman la corte – que nada tiene de Suprema – se hayan autonegado el derecho de impartir justicia sancionando contra quienes, primero, lucraron con los niños y con los recursos del IMSS y; posteriormente, cometieron actos criminales de negligencia que permitieron el incendio. 

El veredicto de los “ministros” implica que esta instancia considera que “no pasó nada” en el caso de la guardería ABC, a pesar de las decenas de hogares enlutados y de los reclamos airados y justificados de padres de familia que exigían justicia… y no la obtuvieron.

Otra consecuencia negativa de esta actitud omisa y cómplice de quienes conforman la SCJN es que alienta la corrupción y negligencia gubernamental, debido a que permite que salgan impunes los funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora que solaparon o cometieron anomalías.

Además, seguramente este veredicto generó otro dolor grande a los progenitores de los niños fallecidos y lesionados, quienes deseaban y esperaban justicia, pero se encontraron con supuestos ministros que – en los hechos – exoneraron a los culpables de lo ocurrido.

Este dictamen demostró – una vez más – que los centenares de miles de pesos que cobran mensualmente los integrantes de la SCJN son recursos públicos perdidos, tirados miserablemente a la basura. 

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla