La semana pasada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a los altos funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora de sus respectivas responsabilidades en el caso del incendio en la guardería ABC, en el que murieron 49 bebés y 80 más resultaron con quemaduras.
Esta tragedia enlutó a todo el país el 5 de junio del año pasado y se debió a una grave negligencia tanto del IMSS como del gobierno de Sonora. Sin embargo, nadie ha sido acusado o consignado por ella, quizá porque que diversas instancias han comprobado que la guardería ABC era un negocio de colaboradores y familiares del ex gobernador Eduardo Bours y de la primera dama del país, Margarita Zavala.
Al exonerar a los culpables de las muertes de 49 bebés, los integrantes de la SCJN volvieron a ganarse el repudio y rechazo social generalizados y demostraron- una vez más – que la impartición de justicia en el país depende de los intereses del Presidente de la República en turno, a pesar de que la Carta Magna de México establece que debe haber una real división de poderes.
Es lamentable que las defunciones de 49 infantes queden impunes por los intereses políticos y personales del gobierno federal y es doblemente triste que quienes conforman la corte – que nada tiene de Suprema – se hayan autonegado el derecho de impartir justicia sancionando contra quienes, primero, lucraron con los niños y con los recursos del IMSS y; posteriormente, cometieron actos criminales de negligencia que permitieron el incendio.
El veredicto de los “ministros” implica que esta instancia considera que “no pasó nada” en el caso de la guardería ABC, a pesar de las decenas de hogares enlutados y de los reclamos airados y justificados de padres de familia que exigían justicia… y no la obtuvieron.
Otra consecuencia negativa de esta actitud omisa y cómplice de quienes conforman la SCJN es que alienta la corrupción y negligencia gubernamental, debido a que permite que salgan impunes los funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora que solaparon o cometieron anomalías.
Además, seguramente este veredicto generó otro dolor grande a los progenitores de los niños fallecidos y lesionados, quienes deseaban y esperaban justicia, pero se encontraron con supuestos ministros que – en los hechos – exoneraron a los culpables de lo ocurrido.
Este dictamen demostró – una vez más – que los centenares de miles de pesos que cobran mensualmente los integrantes de la SCJN son recursos públicos perdidos, tirados miserablemente a la basura.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
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