SINDICATURA: ¿CORRUPCIÓN O INEFICIENCIA?

Por Enrique Chávez Estudillo*


Resulta especialmente lamentable, condenable y preocupante cuando por corrupción o ineficiencia de un funcionario público o representante ciudadano genera daños a las arcas públicas y esto es por que presuntamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinaría que el Ayuntamiento debería pagar 44 millones de pesos a la empresa DISA por supuestas obras en el distribuidor Juárez –Serdán encargadas por el ex presidente municipal panista, Luís Paredes Moctezuma.


Varios conocedores del tema, como los abogados Carlos Meza Viveros (ex secretario de Gobernación estatal) y Lauro Castillo (titular de la sindicatura en el trienio anterior), han denunciado que de perder el Ayuntamiento el juicio ante DISA, sería por que el síndico actual, Román Lazcano, así lo quiso, debido a que no supo o no quiso defender legalmente las arcas municipales.



El despacho externo de Asesores, propuso que se interpusiera un recurso de revisión, para que el tribunal reconsiderara el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados.


A lo que el Síndico interpretó a su propio negligente entender, que el interponer dicho recurso no implicaría el combatir el fondo del caso.



Los ciudadanos lo mínimo que esperamos del Síndico es que tomara una decisión y que eligiera una estrategia que protegiera las finanzas municipales, pero por razones obscuras meramente personales optó por dejar perder el caso y además de pagar la suerte principal, dejando que el Ayuntamiento pague los gastos financieros reclamados por DISA.


Otro hecho que deja ver que la sindicatura esperaba y quiso perder el juicio es que desde el 3 de abril del 2008 el mismo Lazcano Fernández dijo que el gobierno municipal perdería la lucha contra DISA y tendría que pagar 50 millones de pesos (Jornada de Oriente), ya que ese día declaró que solamente estaba a la espera de la notificación formal de que el ayuntamiento había sido derrotado.




Entonces, es claro que el sedicente “síndico municipal” dejó que la empresa DISA ganara el juicio y esto solamente puede explicarse por el hecho de que Román Lazcano no quiso ejercer su labor de defensor jurídico del gobierno de la ciudad argumentando que no habría posibilidad de defender el caso de fondo.


Cualquiera que haya sido la razón por la que la sindicatura dejó perder el juicio, resulta lamentable que las arcas de la ciudad sean dañadas por la ineficiencia de un grupo de abogados que ¿no supo? enfrentar a una empresa. Sin embargo, no puede descartarse que el motivo por el que se dejó que la empresa de Jorge Espina Reyes ganara el litigio y los 44 millones de pesos se relacione con corrupción o compra de conciencias.


Tampoco puede soslayarse que es frecuente que Román Lazcano sea denunciado por cometer anomalías o triquiñuelas, como la que hizo contra la ex trabajadora del ayuntamiento, Mayra Álvarez, quien se desempeñaba en la sindicatura municipal hasta febrero del 2008, cuando el supuesto “representante del pueblo” la obligó a renunciar mediante presiones (diario Cambio, 22 de febrero).




Incluso, de manera jocosa se recuerda cuando la sindicatura municipal ordenó – mediante oficio firmado por uno de los ex colaboradores de Román Lazcano) – a sus trabajadores hacerse baños de temascal, desde luego que con los gastos pagados por la dependencia. (Sol de Puebla, 10 de octubre del 2008).


Todos estos hechos demuestran que, lamentablemente, el síndico municipal no ha defendido los intereses de los poblanos ni del ayuntamiento en que cobra. Y, por el contrario, su falta de gestión ha generado escándalos y un daño severo a los de por sí escasos recursos de la Comuna.



*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla.