martes, 1 de marzo de 2011

Regidores de primera o de quinta

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo


Como la ciudadanía lo sabe, porque se enteró a través de los medios de comunicación, la semana pasada todos los regidores que conforman el actual ayuntamiento de Puebla determinaron incrementarse sustancialmente sus sueldos, que en la gestión pasada – de la que este servidor formó parte – eran de 45 mil pesos mensuales y que, a partir de la decisión tomada por el Cabildo encabezado por el PAN el viernes pasado, será de 60 o hasta 90 mil pesos cada mes, porque hasta ahora ni el presidente municipal ni nadie de esa administración ha aclarado en cuánto dejaron sus salarios.


Algunos regidores actuales han defendido su elevadísimo e injustificado aumento salarial diciendo que en el gobierno municipal anterior quienes formábamos parte del cuerpo edilicio teníamos compensaciones secretas, que – en algunos casos según ellos – eran superiores a lo que a partir del 15 de enero recibirán los integrantes del Cabildo vigente. Como tuve el honor de representar a la ciudadanía en dicho órgano, me veo en la obligación de aclarar que, al menos en lo personal, nunca recibí “bono o sobresueldo secreto” alguno y mucho menos lo pedí o me fue ofrecido.


He leído con sorpresa y a la vez curiosidad que, presuntamente, algunos de mis ex compañeros regidores ganaban hasta 100 mil pesos al mes y confieso que yo ignoraba todo ello y que, por eso, voté a favor de los estados de aplicación de los recursos del gobierno municipal anterior. En consecuencia, de manera respetuosa, exijo que la administración actual dé a conocer los documentos que demuestran quiénes y por qué tenían sobresueldos y de cuánto era dicha compensación.


De haber sabido que había “bonos secretos y sobresueldos” en el Cabildo o en la gestión anterior, nunca habría votado a favor de la cuenta pública de dicho ayuntamiento. Por ello y en mi calidad de ciudadano que vive y paga sus impuestos en Puebla, insisto y demando que la administración vigente publique los documentos o papeles que comprueben que algunos ex regidores recibían compensaciones secretas, ya que es necesario que se sepa quiénes, cómo y por qué incurrieron en esa anomalía que, de ser cierta, dañó el erario público de la ciudad.

Si el edil Eduardo Rivera Pérez y sus compañeros del Cabildo se niegan a dar a conocer dichas pruebas, entonces se crearía la percepción de que no las tienen y de que simplemente tratan de justificar su decisión de elevarse sustancialmente sus salarios aludiendo a presuntos abusos del pasado, para no asumir el reproche de una sociedad que en julio pasado votó por ellos ignorando que la primera decisión importante que tomarían sería duplicar sus sueldos.


Por el contrario, si dichas compensaciones secretas y discrecionales existieron, entonces será obligatorio que quienes las otorgaron y los que las recibieron sean llamados a aclarar por qué, cuándo, cómo y por cuánto incurrieron en esa práctica contraria a la buena administración.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Rendición de cuentas; palabra cumplida

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo*


Una de las principales obligaciones de los funcionarios públicos y representantes populares es rendir cuentas de sus actividades de manera permanente, sistemática y transparente, ya que un sector importante de la ciudadanía quiere saber qué hacemos quienes tenemos el privilegio de servirla.







Por lo mismo, en la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla, de manera periódica rendimos informes de nuestras actividades y a continuación me permito difundir un breve resumen de todo lo que hicimos durante el trienio: se recibieron más de 70 peticiones de la sociedad, que se canalizaron a cada área respectiva del Ayuntamiento.







Se enviaron cerca de 65 oficios a diversas áreas del gobierno municipal, para pedir información y citar a reuniones de trabajo, además de que se recibieron más de 2 mil oficios de dependencias, que contestaban a preguntas y peticiones surgidas de la Comisión de Derechos Humanos, porque se dio seguimiento a cada solicitud e inquietud de la sociedad.







Sin embargo, una de las más gratificantes e importantes tareas de la comisión que me honro en presidir es promover en toda la sociedad una cultura de respeto a las garantías individuales, mediante reuniones con muchas ONG y asociaciones, a las que se les enfatizó cuáles son los Derechos Humanos que todos debemos respetar y hacer cumplir.







En el trienio, la comisión de Derechos Humanos realizó reuniones informativas con más de 65 ONGS entre las cuales estuvieron: mujeres y vecinos de las 17 juntas auxiliares, ciudadanos de algunas de las colonias de esta ciudad, alumnos de diversas Universidades de nuestro Municipio, Mujeres interesadas en la divulgación de Información, así cómo padres de familia de distintos colegios, entre otros grupos, a los que se les informó de varios temas, como Derechos Humanos y Seguridad Pública, Equidad de Género, Respeto a la Solidaridad y Fomento de las Garantías Individuales.







También les hablamos de la necesidad de promover los Derechos Humanos en el seno familiar, del Acceso a la Información, la Importancia de la Ecología y la Protección de las Garantías Individuales de las Mujeres, entre otros tópicos, que llevaron el objetivo – como ya se aclaró – de promover una cultura de respeto a los demás y a uno mismo.



Es importante enfatizar que la gran mayoría de la gente estuvo muy interesada y receptiva a estos temas, porque de manera paulatina va permeando en la sociedad el conocimiento y, sobre todo, el convencimiento de que el respeto a los Derechos Humanos es básico, para tener una vida digna y una sana convivencia entre todos.







Otro logro importante de todo el Cabildo fue haber reformado el Código Reglamentario Municipal (COREMUN), que se actualizó y se modernizó, para adecuarlo a las necesidades actuales de la sociedad en defensa de las garantías individuales, que todos los mexicanos tenemos por derecho.



Gracias a ello, nuestra ciudad hoy cuenta con un marco legal moderno, que coadyuva a la sana convivencia y contempla aspectos muy importantes que antes no se incluían, como la reparación del daño a favor de las víctimas de los delitos y, desde luego, el respeto a los Derechos Humanos.







*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla



miércoles, 19 de enero de 2011

Las obligaciones de un buen gobierno municipal (2da parte)

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*


La semana pasada precisé varias de las obligaciones de un buen gobierno municipal, según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), como las de ejercer un liderazgo efectivo, mantener una buena política de comunicación, controlar los conflictos, trabajar en equipo, promover la participación de la gente en las actividades públicas y planear las acciones oficiales, para ejecutarlas conforme a los programas ya establecidos.


Existen otras obligaciones que necesitan cumplirse en los ayuntamientos, para que la gestión sea efectiva, cercana a la gente y dé respuesta inmediata a las demandas de la población y una de ellas es la de incrementar los recursos financieros municipales sin dañar los bolsillos de la gente.

Para aumentar los fondos disponibles, lo primero que debe hacer un gobierno municipal es ejercer plenamente sus facultades legales a la hora de planear sus presupuestos de Egresos e Ingresos y evitar caer en el paternalismo o en actitudes clientelares, que afectan a la ciudadanía.


También se requiere actualizar el sistema propio de recaudación, incentivar a la población a cumplir a cabalidad con sus obligaciones fiscales y aumentar la base de contribuyentes a las arcas municipales, porque en muchas ocasiones los ayuntamientos se van por la opción fácil de aumentar los impuestos a su población cautiva, en lugar de buscar que más gente pague por los servicios que utiliza.


Además, se deben aprovechar los programas de los gobiernos federales, estatales o de organismos internacionales a través de los cuales los ayuntamientos pueden acceder a recursos adicionales para objetivos concretos. Muchos ediles desconocen la existencia de estos proyectos.


Otra obligación de los ayuntamientos es la de promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes y sus comunidades, generando obras de infraestructura que atraigan la inversión y el empleo, dando servicios públicos de calidad y a tiempo, concretando proyectos de combate a la pobreza y cuidando el medio ambiente, entre otras acciones.


La novena tarea que debe cumplir un gobierno municipal eficiente es promover la cooperación y asociación entre los ayuntamientos, para compartir experiencias, darse asesorías técnicas, fortalecerse a la hora de negociar con las administraciones federales y estatales y combatir los problemas comunes de una manera eficaz y coordinada.


La unión hace la fuerza y muchos municipios se encuentran connurbados y, por lo mismo, comparten una problemática similar en los rubros de seguridad y economía. En consecuencia y más allá de filias o fobias políticas, deben sumar esfuerzos y recursos, para satisfacer las demandas de la ciudadanía.


Finalmente, una buena administración municipal es la que aprovecha su tiempo y recursos de la mejor manera posible. Por esto, es importante que el presidente municipal y sus colaboradores sean eficaces en el manejo de sus respectivas agendas, para que den prioridad a la resolución de las necesidades y demandas más urgentes de la población, en lugar de perder días o meses de gobierno en frivolidades o en objetivos particulares.


*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

viernes, 14 de enero de 2011

Las obligaciones de un buen gobierno municipal (1ra parte)

BITÁCORA MUNICIPAL








Por Enrique Chávez Estudillo*






Al ser la instancia de gobierno más cercana al ciudadano, los ayuntamientos tienen la oportunidad – y obligación – de conocer y resolver, primero que nadie, los problemas y demandas de la gente, para darle servicios básicos, hacer infraestructura urbana y social importantes y combatir rezagos sociales ancestrales, como la pobreza, marginación o analfabetismo.



Un buen gobierno municipal debe mantenerse cercano a la sociedad, detectar sus necesidades o demandas y solucionarlas, sin pretextos ni burocratismos. Para ello, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) ha emitido algunas recomendaciones que todos los ayuntamientos del país – sin importar su origen partidista- deberían seguir.


De acuerdo a esta propuesta el Inafed, lo primero que requiere una gestión municipal exitosa es un alcalde dinámico, propositito, bien intencionado y preparado, que se rodee de colaboradores efectivos y que sea capaz de encabezar los esfuerzos colectivos y dirigirlos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. No hay buenos ayuntamientos sin buenos ediles, así de contundente y fácil.


Otra necesidad de una adecuada gestión pública es mantener una comunicación eficaz, que permita un fluido intercambio de opiniones, propuestas, críticas y demandas entre gobierno y sociedad. Para conseguirlo, se necesita que la autoridad escuche antes de hablar, comprenda antes de solicitar entendimiento y se comporte con transparencia, empatía, flexibilidad, espontaneidad y con mente abierta.


Los conflictos sociales son inherentes a las funciones de gobierno y, por lo mismo, un ayuntamiento exitoso necesita saber manejar situaciones difíciles, mediante el conocimiento a fondo y sin prejuicios de los problemas y las peticiones de la gente, el trabajo en equipo y la disposición a acercarse a la ciudadanía, al diálogo y a la concertación, como herramientas para solucionar los inconvenientes.


Ningún ser humano es una isla y nadie puede resolver – por sí solo – las necesidades y peticiones de la sociedad. Por lo mismo, una administración municipal exitosa es la que sabe trabajar en equipo, la que tiene bien definidas las obligaciones de cada uno de sus integrantes y cuenta con un líder capaz de hacer que todos sus colaboradores cumplan con sus deberes.


Además, un buen ayuntamiento es el que promueve la participación de la sociedad en las acciones y programas públicos. Para conseguirlo, se necesita que haya transparencia en el actuar gubernamental y que se abran los mecanismos institucionales, que permitan el fortalecimiento de los organismos intermedios y motiven a la gente a interesarse e intervenir en el desarrollo de la comunidad.


La improvisación o la actuación al bote pronto no caben en un ayuntamiento exitoso. En consecuencia, una gestión pública eficaz y eficiente es la que planea sus acciones y las ejecuta de acuerdo a sus planes y propuestas, ya que solamente así se puede ejercer un gobierno con visión estratégica, conocedor de la problemática social y de las medidas para alcanzar los objetivos planteados en los planes de desarrollo.


(CONTINUARÁ)




*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*



En Puebla y otras partes del país se viven los procesos de entrega de los diferentes niveles de gobierno y es posible constatar acuerdos o desavenencias entre las administraciones salientes y las entrantes, porque quienes todavía ejercen el poder quieren definir destino de los recursos públicos hasta el último minuto de sus gestiones, mientras que los que están próximos a ejercerlo desean que sus antecesores les dejen finanzas y estructuras oficiales sanas.

Además, independientemente de los tiempos políticos o electorales, la realidad es que la gente necesita y demanda que los diferentes niveles de gobierno le den servicios y atención de manera permanente, oportuna y eficiente, sin importar los nombres de los funcionarios públicos o las siglas del partido en el poder.

De hecho, se requiere que quienes hacen leyes y reglamentos tomen en cuenta que es un reducido porcentaje de la ciudadanía al que le interesan los colores del partido que la gobierna, ya que lo que sí le importa a la gran mayoría de la gente es que sus exigencias sean atendidas eficaz y rápidamente por los diversos niveles administrativos.

En este contexto, se necesita reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno, para que las gestiones en funciones cuenten con los fondos suficientes con que seguir dando servicios a la ciudadanía hasta el último minuto de sus períodos y, al mismo tiempo, garantizar por la vía legal que las administraciones entrantes tengan la solvencia financiera necesaria para comenzar exitosamente sus labores.

Es un hecho que los recursos que manejan y, a veces, se disputan los gobiernos salientes y entrantes son de la ciudadanía y, por lo mismo, deben usarse en su beneficio. Por lo mismo, las leyes deben garantizar que ninguna disputa política o partidista ponga en riesgo los bienes públicos o deje a la gente sin servicios.

También es conveniente reglamentar los cambios de gobierno, para que la ciudadanía y las gestiones entrantes conozcan el estado real en que se encuentra la administración pública del municipio o estado a la hora del relevo, porque actualmente, el hecho de que la transición gubernamental sea tersa o ríspida depende de la buena o mala relación entre quienes llegan y los que se van y esto no debería seguir así.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

miércoles, 5 de enero de 2011

Reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno

BITÁCORA MUNICIPAL



Por Enrique Chávez Estudillo*



En Puebla y otras partes del país se viven los procesos de entrega de los diferentes niveles de gobierno y es posible constatar acuerdos o desavenencias entre las administraciones salientes y las entrantes, porque quienes todavía ejercen el poder quieren definir destino de los recursos públicos hasta el último minuto de sus gestiones, mientras que los que están próximos a ejercerlo desean que sus antecesores les dejen finanzas y estructuras oficiales sanas.


Además, independientemente de los tiempos políticos o electorales, la realidad es que la gente necesita y demanda que los diferentes niveles de gobierno le den servicios y atención de manera permanente, oportuna y eficiente, sin importar los nombres de los funcionarios públicos o las siglas del partido en el poder.



De hecho, se requiere que quienes hacen leyes y reglamentos tomen en cuenta que es un reducido porcentaje de la ciudadanía al que le interesan los colores del partido que la gobierna, ya que lo que sí le importa a la gran mayoría de la gente es que sus exigencias sean atendidas eficaz y rápidamente por los diversos niveles administrativos.



En este contexto, se necesita reglamentar el manejo de los recursos públicos durante los cambios de gobierno, para que las gestiones en funciones cuenten con los fondos suficientes con que seguir dando servicios a la ciudadanía hasta el último minuto de sus períodos y, al mismo tiempo, garantizar por la vía legal que las administraciones entrantes tengan la solvencia financiera necesaria para comenzar exitosamente sus labores.


Es un hecho que los recursos que manejan y, a veces, se disputan los gobiernos salientes y entrantes son de la ciudadanía y, por lo mismo, deben usarse en su beneficio. Por lo mismo, las leyes deben garantizar que ninguna disputa política o partidista ponga en riesgo los bienes públicos o deje a la gente sin servicios.



También es conveniente reglamentar los cambios de gobierno, para que la ciudadanía y las gestiones entrantes conozcan el estado real en que se encuentra la administración pública del municipio o estado a la hora del relevo, porque actualmente, el hecho de que la transición gubernamental sea tersa o ríspida depende de la buena o mala relación entre quienes llegan y los que se van y esto no debería seguir así.





*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla



miércoles, 17 de noviembre de 2010

Alentar la participación ciudadana en la vida pública

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*



Alentar la participación ciudadana en la vida pública


Dos de las principales – y justificadas - quejas de la ciudadanía contra la clase política es que no la escucha y que los gobernantes no la toman en cuenta a la hora de elaborar sus planes de trabajo, los presupuestos de Egresos e Ingresos y los programas de Obra Pública.


La gente argumenta – con razón – que los gobiernos de todos los niveles manejan recursos públicos y, por lo mismo, tienen la obligación de consultarla a la hora de decidir cómo se erogarán dichos fondos, porque en ciertas ocasiones el dinero de todos se canaliza a satisfacer ambiciones o deseos personales de quienes ejercen el poder, en lugar de usarse en beneficio de la sociedad.


La única manera de impedir la corrupción, el abuso o los excesos en los gobiernos es alentar la participación de la ciudadanía en la vida pública, ya que la historia de nuestro país demuestra que los funcionarios y representantes populares necesitan saberse vigilados y acotados por la gente, para cumplir con sus obligaciones y no incurrir en abusos.


Por ello, se requiere que la sociedad intervenga en la vida pública del estado y la ciudad tomando decisiones, vigilando el buen uso de los recursos públicos y dando seguimiento a los programas y obras de gobierno, para verificar que se cumplan y no se conviertan en “elefantes blancos” o en construcciones eternas que solamente enriquecen a malos gobernantes.


En este contexto, el martes pasado comenzaron los foros que organiza el gobierno estatal electo, para elaborar su Plan de Desarrollo y es importante que todos los sectores sociales y económicos intervengan en dichas consultas, debido a que representan una buena oportunidad para que la gente exprese sus necesidades y plantee qué tipo de Puebla quiere en el futuro próximo.



Es cierto que en muchas ocasiones los gobernantes y representantes populares no toman en cuenta a la sociedad y deciden de manera unilateral el uso del dinero público y la elaboración de sus programas de trabajo o leyes, pero también lo es que poca gente participa en la vida pública del país, estado o municipio y que esto contribuye a alentar los abusos y la corrupción del sector oficial.



Por lo mismo, cuando un gobierno electo – de cualquier nivel – realiza foros abiertos antes de concretar sus planes de trabajo, quienes formamos parte de la sociedad civil debemos participar en las consultas, para conocer los proyectos de los próximos gobernantes, opinar de ellos y, sobre todo, expresarles qué necesidades tenemos, qué queremos que hagan y cómo esperamos que Puebla sea en los próximos años.


La participación de la ciudadanía en el ejercicio público es vital para construir el país, estado y municipio que queremos, ya que así se garantiza que los programas gubernamentales sean los que la gente exige o necesita y que los recursos oficiales sean utilizados en beneficio colectivo y no privado o de grupo.


*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

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