Transparentar y delimitar los salarios en el servicio público

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo *

Transparentar y delimitar los salarios en el servicio público

Cuando un país enfrenta una crisis política, social y de seguridad pública como la que vive nuestro país, a menudo las buenas noticias pasan casi desapercibidas y esto es precisamente lo que pasó con la Ley de Salarios Máximos, que parece se aprobará en los próximos días en el Poder Legislativo y que regulará los sueldos de todos los miembros del sector público, para que nadie gane más que el presidente de la República, que mensualmente recibe 150 mil pesos.

Es muy importante regular los salarios de los funcionarios de todos los niveles de gobierno, para evitar despilfarros y abusos, porque actualmente varios gobernadores ganan más que Felipe Calderón Hinojosa. El año pasado, el diario nacional El Universal informó que los mandatarios de Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y Nuevo León tienen sueldos que van de los 156 mil a los 237 mil pesos mensuales, que hacen del Ejecutivo panista de Aguascalientes el mejor pagado.

Pero no solamente algunos gobernadores se despachan con la cuchara grande a la hora de fijarse un sueldo, sino que ciertos alcaldes toman de pretexto la autonomía municipal, para autoasignarse salarios insultantes, como lo demostró el año pasado el periódico nacional Reforma, que informó que el edil panista de Ecatepec (Estado de México) gana 420 mil pesos mensuales.

Además, es justo reconocer que el abuso en los salarios no es una práctica exclusiva de gobernadores o presidentes emanados del PAN, sino que también autoridades surgidas del PRI y PRD han incurrido en ese abuso, como el priísta de San Felipe del Progreso (EdoMex) que gana 184 mil pesos mensuales y el perredista de Nezahualcoyotl, con su sueldo de 200 mil pesos cada mes, no sin omitir el excesivo sueldo que tienen los ministros de la SCJN que según la nota del Excelsior en su edición del 26 de Agosto, que llegan a corbrar hasta 251 mil pesos mensuales.

También es contradictorio que mientras la mayoría de los mexicanos viva en condiciones de pobreza y marginación, un buen porcentaje de funcionarios público y representantes populares tiene salarios superiores a los que reciben sus homólogos de países desarrollados.

Esta situación hace urgente que se regule y limite legalmente lo que ganamos quienes tenemos el privilegio de trabajar para la ciudad, el estado o el país, porque el hecho de que este rubro de la administración pública no se encuentre delimitado de manera clara y concisa - en las leyes vigentes, insisto – permite abusos, dispendios y es una clara agresión al pueblo mexicano, que enfrenta una grave crisis.

Los ciudadanos comunes y corrientes estamos cansados de que funcionarios de todos los niveles de gobierno pregonen "austeridad", pidan mayores sacrificios a la gente y, al mismo tiempo, se designen millonarios e inmorales sueldos, que muchas veces ni siquiera desquitan con su trabajo.

Y para evitar estos abusos no se puede recurrir a la "buena fe" o a la austeridad de cada gobernante o funcionario, sino que es necesario fijar con claridad y transparencia en nuestras leyes cuánto deben ganar los trabajadores del servicio público y representantes populares.

Por esto, será una buena, estupenda noticia si se concreta la Ley de Salarios Máximos y esperemos que se haga de manera integral; es decir, que se defina en la ley cuánto deben ganar los gobernadores, presidentes y funcionarios de todos los niveles dependiendo de la responsabilidad que tengan, de la situación económica del estado o municipio que representen y, sobre todo, de sus resultados en el ejercicio público.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla