Por Enrique Chávez Estudillo*
Desde noviembre del 2009 (E –Consulta, 31 de julio del 2010), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) otorgó al ayuntamiento de Puebla el permiso, para llevar a cabo el proyecto Corredor Gastronómico Bicentenario, que reactivará la economía de la zona y, además, rescatará algunos sitios de gran valía arquitectónica.
Sin embargo, el Consejo del Centro Histórico y algunos de mis compañeros regidores en el Cabildo de Puebla han externado justificadas inquietudes por este proyecto, debido a que temen que se dañe el patrimonio cultural o arquitectónico de la ciudad y, para evitarlo, han pedido al propio INAH que lo detenga, aunque esta dependencia federal ya aclaró que no parará los trabajos al no haber motivo para hacerlo.
Es natural que en los seres humanos haya temor a los cambios, además de que los poblanos valoramos el patrimonio cultural de nuestra ciudad y, por lo mismo, son entendibles las reticencias al proyecto para remodelar el Paseo Bravo. No obstante, todos los que pasamos por esa zona de la capital entendemos que hace falta darle vida y modernizarlo.
Este contexto refleja que, probablemente, ha fallado la comunicación entre el ayuntamiento, algunos regidores y los miembros del Consejo del Centro Histórico, a quienes – quizá – no se les ha explicado a detalle en qué consiste este programa de trabajo, cuáles son sus objetivos, cómo se preservará el patrimonio cultural de la ciudad, qué beneficios generará, quién lo ejecutará, en cuánto tiempo estará concluido y cómo reactivará la economía de la región.
Ningún gobierno – municipal, estatal o federal – pretende dañar las joyas arquitectónicas de la ciudad y, también, soy un convencido de que ningún grupo político o ciudadano se opone a proyectos benéficos solamente por intereses partidistas o particulares.
En consecuencia, es recomendable que algún funcionario del ayuntamiento promueva un acercamiento con el Cabildo, el Consejo del Centro Histórico, los colegios de ingenieros y arquitectos, empresarios y todos los sectores sociales interesados en el proyecto, para que se los muestre y responda a sus cuestionamientos, críticas o propuestas.
La mejor forma de evitar protestas contra los planes gubernamentales es llevarlos a cabo con transparencia y buscar el consenso social que los legitime. Así se evitan las sospechas, los rumores malintencionados, las imposiciones o las protestas.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
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