Alentar la participación ciudadana en la vida pública

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

Alentar la participación ciudadana en la vida pública

Dos de las principales – y justificadas - quejas de la ciudadanía contra la clase política es que no la escucha y que los gobernantes no la toman en cuenta a la hora de elaborar sus planes de trabajo, los presupuestos de Egresos e Ingresos y los programas de Obra Pública.

La gente argumenta – con razón – que los gobiernos de todos los niveles manejan recursos públicos y, por lo mismo, tienen la obligación de consultarla a la hora de decidir cómo se erogarán dichos fondos, porque en ciertas ocasiones el dinero de todos se canaliza a satisfacer ambiciones o deseos personales de quienes ejercen el poder, en lugar de usarse en beneficio de la sociedad.

La única manera de impedir la corrupción, el abuso o los excesos en los gobiernos es alentar la participación de la ciudadanía en la vida pública, ya que la historia de nuestro país demuestra que los funcionarios y representantes populares necesitan saberse vigilados y acotados por la gente, para cumplir con sus obligaciones y no incurrir en abusos.

Por ello, se requiere que la sociedad intervenga en la vida pública del estado y la ciudad tomando decisiones, vigilando el buen uso de los recursos públicos y dando seguimiento a los programas y obras de gobierno, para verificar que se cumplan y no se conviertan en “elefantes blancos” o en construcciones eternas que solamente enriquecen a malos gobernantes.

En este contexto, el martes pasado comenzaron los foros que organiza el gobierno estatal electo, para elaborar su Plan de Desarrollo y es importante que todos los sectores sociales y económicos intervengan en dichas consultas, debido a que representan una buena oportunidad para que la gente exprese sus necesidades y plantee qué tipo de Puebla quiere en el futuro próximo.

Es cierto que en muchas ocasiones los gobernantes y representantes populares no toman en cuenta a la sociedad y deciden de manera unilateral el uso del dinero público y la elaboración de sus programas de trabajo o leyes, pero también lo es que poca gente participa en la vida pública del país, estado o municipio y que esto contribuye a alentar los abusos y la corrupción del sector oficial.

Por lo mismo, cuando un gobierno electo – de cualquier nivel – realiza foros abiertos antes de concretar sus planes de trabajo, quienes formamos parte de la sociedad civil debemos participar en las consultas, para conocer los proyectos de los próximos gobernantes, opinar de ellos y, sobre todo, expresarles qué necesidades tenemos, qué queremos que hagan y cómo esperamos que Puebla sea en los próximos años.

La participación de la ciudadanía en el ejercicio público es vital para construir el país, estado y municipio que queremos, ya que así se garantiza que los programas gubernamentales sean los que la gente exige o necesita y que los recursos oficiales sean utilizados en beneficio colectivo y no privado o de grupo.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Legislar la transición gubernamental

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

Prácticamente en todos los espacios informativos se habla de la transición entre los gobiernos estatal y municipal que salen y los que entran y, además, se ha convertido en un hecho constante el que se analice o se mencione si las relaciones entre ambas administraciones son tersas, tensas, institucionales, amistosas o de confrontación.

En este sentido, es normal que existe interés de los medios de comunicación, de la clase política y de un sector importante de la ciudadanía en el proceso de Entrega-Recepción entre un gobierno saliente y el que llega, porque existe una expectativa general de que este mecanismo se dé con transparencia, institucionalidad y apego a la normatividad vigente.

El problema, sin embargo, es que la legislación actual de este período de transición gubernamental es –a todas luces – incompleto e impreciso, ya que las leyes Estatal de la Administración Pública y la Orgánica Municipal no lo regulan a cabalidad, no establecen obligaciones y derechos de los involucrados y, muchos menos, incluyen tiempos, formas o participantes en el proceso.

Ambas leyes solamente señalan que debe haber un proceso en que el gobierno saliente entregue los bienes inmuebles de la administración y que el entrante los reciba, pero no establece los derechos u obligaciones de ambos y, en consecuencia, el hecho de que la transición gubernamental se dé con transparencia e institucionalidad depende de la buena o mala voluntad política de las partes.

 

Por lo mismo, el gobierno que sale puede retardar el proceso u ocultar y negar información de rubros delicados, como Gobernación, Finanzas, Nómina, entre otros; mientras que la gestión entrante podría tratar de asumir funciones que todavía no le corresponden.

Este contexto hace necesario legislar, para que la transición gubernamental se dé con transparencia, institucionalidad y sirva para que el gobierno entrante conozca cómo recibe la administración pública, qué programas u obras se están ejecutando en ese momento o podrían quedar pendientes y en qué estado se encuentran la gobernabilidad y las finanzas del municipio, estado o país.

 

Para ello, se requiere que la ley establezca cuándo debe comenzar la transición, quiénes deben intervenir en ella, qué tipo de información o documentos está obligado a facilitar el gobierno saliente, qué puede hacer la gestión entrante con estos datos y de qué manera tiene que concretarse el proceso.

Solamente así se evitarán simulaciones, fricciones, rupturas u ocultamientos en los procesos de Entrega – Recepción, aparte de que se evitaría que este mecanismo normal e importante para la vida pública dependa de la buena o mala voluntad de los participantes o de la lucha partidista y hasta personal.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Las lecciones de la derrota de Barack Obama

BITÁCORA MUNICIPAL

 

Por Enrique Chávez Estudillo*

Apenas el 4 de octubre del 2008, Barack Hussein Obama II ganó la presidencia de los Estados Unidos de manera contundente, aplastante, legal y legítima al obtener 365 votos electores contra los 173 que logró su adversario John McCain.

 

Meses antes, Barack Obama había vencido en las elecciones primarias del Partido Demócrata a la gran favorita, Hillary Clinton, quien había hecho campaña durante varios años antes que él y era vista como la sucesora natural de George W. Bush por su larga carrera política y el matrimonio con Bill Clinton, uno de los ex presidentes más avalados por los americanos.

 

Pero Barack Obama se impuso a todo y a todos y logró llegar a la Casa Blanca con una gran expectativa y aprobación ciudadanas, que menos de dos años después cayeron de manera notable, como se demostró en las elecciones del martes pasado, cuando el Partido Republicano recuperó la Cámara de Representantes al derrotar a los Demócratas, que apenas mantuvieron el control de la Cámara de Senadores.

Los expertos dicen que los latinos, afroamericanos y jóvenes que en el 2008 acudieron masivamente a las urnas a apoyar al hoy Presidente de los Estados Unidos, en las elecciones de este martes recularon y decidieron no votar por el Partido Demócrata, a pesar de que el mismo Barack Obama había declarado el lunes que sus programas peligraban si triunfaban sus adversarios republicanos.

 

Las quejas principales de los americanos contra su Presidente son que no ha logrado reactivar a la economía, tampoco puede abatir el desempleo, mantiene una deuda pública elevada y, sobre todo, no cumplió con varios compromisos de campaña en materia social y migratoria.

 

Este resultado electoral en EUA es una gran lección para los políticos de todo el mundo, porque les ratifica que la aprobación y el apoyo ciudadano no es eterno y que, si la gente percibe que no han cumplido en el cargo que les fue conferido, se los cobrará en los siguientes comicios.

Otra lección de la derrota de Barack Obama es que la población quiere que sus gobernantes le den hechos y resultados positivos, no pretextos ni posposiciones. El Presidente de los Estados Unidos ha argumentado que no puede cumplir con sus promesas de campaña por la oposición de varios factores políticos, sociales o económicos.

Y puede que tenga razón, pero al votante estadounidense no le importaron los pretextos de su líder y decidió castigarlo en las urnas. Con ello, el elector del vecino país dejó en claro que espera que sus autoridades cumplan con su trabajo, sin importar las dificultades que deban sortear.

 

Finalmente, la victoria opositora en EUA ratificó que cuando los gobiernos se equivocan, se olvidan de sus ofrecimientos de campaña u optan por la frivolidad en lugar del trabajo, sus partidos lo resienten y son derrotados en las urnas. Claro que todo esto no solamente pasa en aquélla nación, sino también en otras, como México y, especialmente, en estados como Puebla.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Transparencia y rendición de cuentas

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo *

Sin duda, el tema más mencionado en los medios informativos en los tiempos recientes es la transparencia, que, más allá de situaciones coyunturales, debe asumirse como una prioridad para cualquier gobierno o entidad pública que pretenda ver legitimado su actuar ante la ciudadanía, ya que para obtener la aprobación de la gente se necesita que en el sector oficial haya rendición de cuentas y acceso a la información.

La transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información son tres elementos básicos de cualquier gobierno democrático, como mecanismos de gobernabilidad haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, además de que abren canales de comunicación entre el sector público y demás actores sociales.

La difusión y aceptación de los tres procesos conllevan una necesaria transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público en nuestro país y entidad, porque implica sujetar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos de todos los niveles al escrutinio crítico de la sociedad, pese a que algunos crean que su poder y control son absolutos y que pueden disponer a su arbitrio personal de los recursos humanos y materiales disponibles y hasta de la aplicación de los poderes del Estado.

La rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión y asociación, que permiten a la gente organizarse, defender sus ideas frente a la actuación del gobierno y exigirle información y resultados al mismo. En una verdadera democracia, todo ciudadano puede contar con elementos suficientes para conocer y evaluar las acciones oficiales y, cuando no se tienen mecanismos o instituciones que faciliten los datos o solamente se simula con ellos, el Estado pierde credibilidad y legitimidad.

Todas las dependencias públicas y quienes las conformamos tenemos la obligación de explicar a la sociedad nuestras acciones y aceptar la responsabilidad sobre las mismas. En consecuencia, se necesita mejorar los mecanismos de consulta y diálogo, para que no solamente se facilite información, sino para que haya una verdadera retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía, debido a que así se alentaría la participación social en las acciones y programas oficiales.

En México hace realmente poco que comenzó a hacerse realidad la transparencia y lo que ella conlleva, ya que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó apenas el 11 de junio del 2002, lo que implica que son nuevas las instituciones nacional y local encargadas de materializar el acceso a la información.

Fue en el 2005, durante las gestiones de Mario Marín Torres y Enrique Doger Guerrero en el estado y municipio, respectivamente, cuando se conformaron los organismos estatal y municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para dar respuesta a las demandas ciudadanas de rendición de cuentas y decirle a la gente en qué se erogan sus recursos y qué funcionarios son los encargados de solucionar un determinado problema o necesidad.

Por ende, más allá de situaciones coyunturales, lo recomendable es fortalecer a dichos organismos y mejorar la legislación de la materia, para que la rendición de cuentas abarque todos los aspectos importantes del actuar público y partidista, como la publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales, las estadísticas financieras, comerciales y monetarias, las compensaciones totales de funcionarios, datos sobre financiamiento de campañas políticas, uso de los recursos humanos y económicos de los gobiernos y entidades que reciban dinero oficial y, desde luego, el avance real de los programas y proyectos aplicados por las administraciones de todos los niveles.

El fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas es básico para combatir la corrupción, los abusos de poder y la impunidad, que en muchas ocasiones son inherentes a la opacidad y al manejo unipersonal, secreto y absolutista de los recursos y atribuciones gubernamentales.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Eficiencia recaudatoria, asignatura pendiente

BITÁCORA MUNICIPAL


Por Enrique Chávez Estudillo*

Con razón, los ciudadanos que pagamos puntual y religiosamente nuestros impuestos nos quejamos de manera permanente de que los diferentes niveles de gobierno se la pasan incrementando las cargas fiscales y, sobre todo, de que siempre nos cobra más a los mismos contribuyentes, mientras consiente a muchas grandes empresas que no pagan casi nada.

Al mismo tiempo, información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dada a conocer en marzo pasado (El Financiero) precisa que la tasa de evasión fiscal en México es del 23 por ciento y que poco más del 10 por ciento de los ingresos del PIB se generan por impuestos, mientras en países desarrollados, como Estados Unidos, Italia o Francia ese porcentaje asciende hasta el 42 por ciento.

Esto quiere decir que, al mismo tiempo que los ciudadanos nos quejamos de que el gobierno nos ordeña con sus impuestos, la SHCP lamenta que los ingresos gubernamentales por el cobro de las cargas fiscales son escasos y contribuyen en poco al desarrollo nacional.

Entonces, ¿quién tiene razón, la gente o el gobierno?. La respuesta es que ambos, porque, efectivamente, en los tiempos recientes el sector público ha incrementado considerablemente sus cobros a los ciudadanos, que cada mes vemos cómo se eleva el costo de productos y servicios oficiales, como gasolina, luz y hasta el IVA, que desde el año pasado es del 16 por ciento.

 

Sin embargo, los ingresos que los gobiernos obtienen por cobrar las diversas cargas fiscales son considerablemente menores a los que recaudan naciones con las que tenemos acuerdos comerciales. Esto se debe a que el sistema recaudatorio mexicano es complejo, intrincado, difícil de seguir y abierto a la evasión.

Además, cerca de 400 empresas cuyas ganancias rondan entre el 55 y 60 por ciento del PIB nacional apenas pagan el 1.7 por ciento de impuestos, ya que desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez tienen privilegios que les permiten evadir al fisco, con el pretexto de que – si cubrieran lo justo – no serían competitivas a nivel internacional.

Este contexto establece que todos los niveles de gobierno tienen como asignatura pendiente crear sistemas recaudatorios eficientes, justos, equitativos, progresivos (que paguen más los que ganan más), fáciles de cumplir y transparentes, puesto que no es correcto que el ciudadano cautivo común pierda una tercera parte de sus ingresos por pagar impuestos, mientras las grandes empresas pagan poco o nada.

Por lo mismo, se necesita que, en lugar de que cada año los diputados locales y federales hagan parches en las leyes de Ingresos de los gobiernos federal y estatales, se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal integral, que facilite y equilibre el pago de impuestos y dote a todo el sector público de mayores recursos, sin sangrar más a la clase media y a los trabajadores cautivos.

Lamentablemente, esta anhelada reforma fiscal integral no se concretó este año en el país y, por lo mismo, parece que será pospuesta hasta otro sexenio federal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El perfil de un buen dirigente político

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

Para quienes militamos en el PRI, la elección del dirigente estatal del partido nunca había sido tan trascendente, como lo es ahora, porque, a partir de febrero próximo, no habrá una figura política que - pese a no ser el presidente formal de los priístas - tome las decisiones más importantes, defina las principales candidaturas y marque el rumbo a seguir.

Lo que sucede es que, incluso en este momento, pocos meses después de que el partido perdió la gubernatura, los priístas de Puebla estamos conscientes de que todavía existe un jefe político que influye de manera determinante en las decisiones del partido.

Pero dicha figura se acaba el siguiente 31 de enero y, por lo mismo, el próximo dirigente del PRI tendrá un margen de influencia política y social mucho mayor que sus antecesores tanto al interior como al exterior del priísmo.

En este escenario socio-político, quien dirija los destinos del partido en Puebla en los próximos años deberá ser alguien inteligente y valiente, para que tome las mejores decisiones en bien de los priístas y, principalmente, de la sociedad, sin importarle las consecuencias negativas que le toque enfrentar en términos mediáticos o de imagen personal.

También tendrá que ser una mujer u hombre muy generoso y con una gran calidad moral y legitimidad, para que deponga sus intereses personales y no utilice al tricolor como un trampolín, para tratar de ser candidato a diputado federal o senador en el 2012 o, mucho menos, para satisfacer sus ambiciones económicas personales o de grupo.

Más allá de las personas, se requiere alguien que llegue al Comité Directivo con legalidad y legitimidad, ya que solamente así podrá cohesionar a los distintos grupos que conforman al partido. Este líder tendrá que ser precisamente eso, para saber escuchar, conciliar con las diferentes expresiones internas y no dejarse envolver por ningún sector partidario.

Sin importar su nombre, se necesita un dirigente aceptado socialmente y con verdaderos puentes de comunicación con los partidos y gobiernos diferentes al PRI, debido a que la ciudadanía demanda que la principal fuerza política de la entidad se constituya en una verdadera fuerza de oposición, pero que al mismo tiempo sea propositiva y constructiva.

El partido necesita alguien que escuche a todos y que no actúe como “cabeza de facción”, sino como presidente de todos los priístas de Puebla. Además, demandamos que quien nos represente cuente con una sólida preparación política, ideológica y académica, que le permita erigirse en un dirigente opositor crítico y agudo, pero al mismo tiempo coherente y sensato.

Finalmente, el PRI exige que quien lo encabece se niegue a erigirse en comparsa de los gobiernos federal, estatal o municipal, pese a lo atractivas de las propuestas que le hagan, puesto que solamente un dirigente así tendrá la capacidad política y la calidad moral para enfrentar con éxito el reto que representan los procesos electorales del 2012 y 2013.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

El cinismo de ciertos “representantes populares”

Por Enrique Chávez Estudillo*

La clase política y quienes formamos parte de ella arrastramos un profundo desprestigio ante la ciudadanía, que desde hace mucho no confía en nosotros, no se interesa en lo que hacemos y rechaza – en automático - a quienes ocupan un cargo público o de representación popular.

Es negativo para todos el hecho de que la ciudadanía se mantenga alejada de las actividades públicas, porque quienes ejercemos una función de gobierno o de representación tenemos que combatir esa indiferencia para sacar adelante los proyectos, aparte de que la sociedad no está informada de qué programas o acciones gubernamentales la pueden beneficiar y, en consecuencia, no los obtiene.

Esta realidad hace necesario que quienes tenemos el privilegio de ejercer una representación popular -como senadores, diputados locales, federales y regidores de cualquier ayuntamiento – nos esforcemos por escuchar a la gente, servirle, cumplir con las obligaciones legales que tenemos y cuidar los recursos públicos que nos son asignados.

Por lo mismo, me resulta inexplicable e injustificable que haya compañeros de Cabildo que ante la avalancha de críticas ciudadanas y periodísticas que se les formularon por haberse ido a París a poco menos de 4 meses de concluir la gestión, decidieron burlarse de la sociedad ironizando que traeran de Francia un proyecto para instalar en Puebla una torre Eiffel.

Porque si es indignante que quien cobra un sueldo como presunto representante popular haya decidido hacer un viaje con cargo al erario público, pese a que dicha travesía no contribuye en nada a la sociedad que le paga su salario, es mucho más desalentador y enojoso que ante la andanada de cuestionamientos sociales y mediáticos por este exceso decida responder con burla y cinismo, cuando lo que la ciudadanía demandaba era conocer en qué la benefició dicho gasto.

Esta actitud es mucho más injustificable y negativa en determinados casos, porque quien la comete es alguien que se la ha pasado casi tres años pontificando, corrigiendo y criticando todo lo que hace o dice el actual ayuntamiento de Puebla y autoerigiéndose como una especie de “conciencia moral” de la administración.

Lo que no toma en cuenta quien comete abusos y se mofa de la ciudadanía es que la sociedad tiene memoria y se cobra los agravios. Y esto se ratificará en el futuro próximo, cuando busquen otro cargo de representación popular quienes hoy se burlan de la inconformidad de la gente.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PRI: nueva imposición, mismo error

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

Todo parece estar listo para que el Consejo Político Estatal de mi partido, el PRI, obedezca una nueva instrucción del llamado “primer priísta de la entidad” e imponga a como dirigente de nuestro instituto político a quien perdió la pasada elección, a pesar de que el tricolor arrancó la sucesión con más de 20 puntos de ventaja.

De concretarse esta nueva imposición, se estará cometiendo el mismo error que generó la derrota del partido en julio pasado: nombrar como candidato (o en este caso dirigente) a quien tiene como “virtud política” su cercanía con el gobernador en turno y no un liderazgo real o la simpatía de la ciudadanía o los priístas.

Y, de cumplir esta instrucción, los consejeros del PRI local estarán demostrando que su capacidad de obediencia y sumisión es mucho mayor a su facultad de análisis, autocrítica o de empatía hacia una sociedad poblana, que el pasado 4 de julio dejó muy en claro que no apoya ni las imposiciones unipersonales ni los proyectos transexenales.

Resulta curioso que haya “priístas” dispuestos a dejarle el partido alguien que en la pasada campaña dejó perder una ventaja de más de 20 puntos sobre la oposición, como lo dejó entrever en días pasados el dueño de la encuestadora Parametría, Francisco Abundis, quien informó que en la sucesión el PRI – como partido y sin tomar en cuenta a los candidatos – arrancó más de 20 puntos adelante del PAN (diarios Cambio y El Comunista, lunes 4 de octubre).

 

Y aunque ni Francisco Abundis ni los demás encuestadores que participaron en el foro del IFE en Morelos y que hablaron de la debacle electoral que sufrió el PRI en Puebla lo hayan dicho, es obvio que si un partido tiene una ventaja de 20 puntos antes de que él o su oposición nombren a los candidatos, solamente una muy mala decisión en la definición de su representante principal lo puede llevar a la derrota absoluta, como ocurrió en julio.

Por lo mismo, es injustificable y poco o nada inteligente que quienes se dicen “consejeros estatales” priístas y tienen – supuestamente – la encomienda de proteger los intereses del partido y la militancia, estén – otra vez – dispuestos a imponer como dirigente a quienes en las urnas los poblanos les dieron la espalda de manera contundente.

Además, de concretarse, esta nueva imposición solamente generará división interna, fracturas y alejará – todavía más- a la ciudadanía de un partido, que a mediados del año entrante entrará de lleno en la sucesión presidencial del 2012 siendo oposición a nivel nacional, estatal y municipal.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

No a la intimidación ni a las amenazas en el caso del Jardín del Arte, "Mi solidaridad y afecto para la Sra. Verónica Mastretta"

 

Por Enrique Chávez Estudillo*

 

 

 

 

 

 

Con creciente preocupación he seguido de cerca los acontecimientos relativos al Jardín del Arte, es grave que una influyente líder social, como la Sra. Verónica Mastretta Guzmán, haya tenido que salir de Puebla después de una presunta serie de amenazas por la disputa que mantiene con el Gobierno del Estado para controlar el parque.

 

La semana pasada, la regidora electa y presidenta de la ONG Puebla Verde acusó que en días anteriores hombres que se dijeron ser judiciales (no portaban identificación alguna) acudieron a amedrentarla a la Laguna de San Baltazar, exigían saber todo de Verónica, incluso recibió varias llamadas telefónicas, con amenazas como que "deje de pelearle a la administración estatal el control del Jardín del Arte" sin que a la fecha, el Gobierno del Estado haya fijado una posición formal en este asunto.

 

Verónica Mastretta también externó su temor de ser encarcelada, como medida de presión política del gobierno para que se desista de la disputa del área pública. Y, hasta hoy, la única respuesta que la gestión estatal ha manifestado ante estos graves señalamientos es el silencio.

 

En aras de ser responsable, nadie puede dar por sentado que las supuestas amenazas contra dicha líder social provengan de quienes le disputan legal y mediáticamente el manejo del Jardín del Arte. Sin embargo, sería sano y, sobre todo, necesario que el gobierno estatal investigue si existe una campaña de intimidación contra ella y sancione a los responsables.

 

Las disputas legales y políticas, como la que envuelve dicho parque, deben dirimirse en las instancias correspondientes, sin que se use la intimidación o las amenazas y, especialmente, sin que las autoridades manipulen el aparato de justicia para amedrentar o vencer a un particular.

 

Usar la intimidación, las amenazas o el control faccioso del sistema de procuración e impartición de justicia, para finiquitar una querella legal o política, es propio de los sistemas autoritarios y policíacos que predominaron en algunos países de América Latina en décadas pasadas y que no deben regir en la actualidad.

 

En una sociedad democrática como la que aspiramos a construir  la mayoría de los poblanos, sería muy adecuado y necesario que el gobierno tome en cuenta a la ciudadanía antes de definir el destino del Parque del Arte. Después de todo, habla bien de cualquier gobernante el escuchar a quienes lo eligieron democráticamente, antes de concretar alguna obra pública, ¿o no?.

 

 

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

 

¿Cuál Independencia?

Por Enrique Chávez Estudillo

Con un claro afán político-propagandístico, el gobierno federal lleva a cabo una intensa campaña para promover los festejos tanto del Bicentenario de la Independencia como del Centenario de la Revolución Mexicana, a pesar de nuestra realidad, que demuestra que México es cada vez más dependiente de los Estados Unidos de América, sobre todo a raíz de que en 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN).

¿Cuál Independencia debemos festejar los mexicanos?, si – según expertos – el 80 por ciento de la actividad comercial de nuestro país se da con los Estados Unidos de América y menos del 3 por ciento con Europa u otras 42 naciones de ese u otros continentes, lo que implica que en los hechos existe una gran dependencia económica de México hacia nuestro vecino del norte.

Y cuando a los americanos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía, como lo demuestra todos los días la actual crisis económica global, que hizo patente que todo el sector productivo y comercial de México cae en picada si Estados Unidos deja de comprar nuestros productivos, servicios o sus ciudadanos evitan venir de turistas.

Es poco realista gritar a los 4 vientos que nuestra nación es independiente, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el pasado 3 de septiembre (La Jornada) que su deuda externa es de casi 168 mil millones de dólares, después de que durante el actual gobierno federal este déficit se ha incrementado cerca del 68 por ciento.

Además, se calcula que cada año más de 400 mil mexicanos tratan de ingresar a EUA (y a algunas otras naciones) para trabajar, según la ONU y el Conapo. Este hecho comprueba que nuestro país es – lamentablemente – incapaz de generar los empleos que sus ciudadanos necesitan y, por lo mismo, resulta fuera de toda proporción decir que tiene independencia económica.

Por si fuera poco, México arrastra una dependencia alimentaria del 52 por ciento (nota del Sol de México, marzo del 2009), ya que en los años recientes su producción de alimentos se estancó (19 millones de toneladas anuales) y debió importar más del doble de comida producida en nuestra nación (20.5 millones de toneladas).

Al mismo tiempo, la dependencia tecnológica le cuesta al país cerca de 400 mil millones de pesos anuales y lo sume en un completo rezago en esta materia, según datos de la cámara de diputados federales y otras instancias, que han señalado que México no invierte lo suficiente en el rubro de generación de ciencia y tecnología propias.

Este contexto socioeconómico, educativo y político del país es una clara prueba de que no hay una verdadera independencia qué festejar y de que las fechas de los movimientos armados de 1810 y 1910 solamente están siendo usadas por el gobierno federal, para hacerse propaganda y tratar e distraer a los mexicanos de la pésima situación del país.

Y la ciudadanía está consciente de todo ello, como lo corroboró el pasado miércoles 15 de septiembre al no acudir a los “festejos” oficiales que se llevaron a cabo en varios municipios, como Ciudad Juárez, donde poca gente salió a conmemorar la supuesta Independencia de México

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Dos buenas decisiones de la SCJN

Por Enrique Chávez Estudillo*

El 5 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la legalidad de los matrimonios entre homosexuales en el Distrito Federal, con dos argumentos que yo comparto plenamente: que la procreación no es el único objetivo de la unión legal entre dos personas y que esta medida no atenta contra las familias tradicionales.

Además, el 16 de agosto de este mes, la misma SCJN aprobó que las parejas del mismo sexo puedan adoptar a un niño en la capital del país, debido a que los magistrados no encontraron o conocieron ningún estudio científico que demostrara que un menor es dañado al ser adoptado en un ambiente homoparental.

Ambas decisiones de la SCJN son positivas, históricas y contribuyen al desarrollo social no solamente de la ciudad de México, sino de todo el país, ya que conllevan a superar el conservadurismo y homofobia, que lamentablemente, predominan en muchos aspectos de la vida y geografía nacional.

El hecho de que las parejas homosexuales del DF puedan legalizar su unión y dar amor y cuidados a un niño, del que nadie más se hace responsable, es reconocer una realidad que vemos todos los días: que existen las uniones homoparentales y que muchos menores de edad están abandonados y necesitan ser adoptados, para aspirar a una mejor calidad de vida.

También positivo que, en ley, se reconozca a la comunidad homosexual de la capital del país los derechos humanos de legalizar su unión y de adoptar a un menor, ya que, si el marco jurídico en todo el país permite que las parejas heterosexuales contraigan matrimonio y se hagan cargo de un hijo no procreado por ellas, no hay razón para que a las relaciones homoparentales se les nieguen dichas facultades.

Incluso, considero sano que en Puebla se abra un debate respetuoso y formal acerca de ambos temas, para que toda la sociedad – incluyendo las ONGS defensoras de los derechos de los homosexuales, las diversas iglesias y expertos sicólogos, médicos y sociólogos – analice si es conveniente tomar medidas legales similares a las que prevalecen en el DF en esta materia.

En este espacio he externado diversas críticas a los magistrados de la SCJN por haber tomado algunas decisiones que, en lo personal, considero injustas o nocivas para la mayoría de la sociedad. Sin embargo, en esta ocasión, me complace constatar que los miembros de la SCJN emitieron sus veredictos cuidando los derechos humanos de las parejas homoparentales y el avance social.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Equidad de género, asignatura pendiente

Por Enrique Chávez Estudillo*

Desde hace tiempo, los ciudadanos sabemos que los gobiernos de todos los niveles utilizan el tema de la equidad de género, para promoverse al presumir reales o supuestos avances en la materia o prometer que impulsará tal o cual medida, para promover la igualdad y el respeto mutuo entre ambos sexos.

Pero lo cierto es que en todo el país y, principalmente en Puebla, la equidad de género sigue siendo una asignatura pendiente, como lo ratificó en marzo pasado el INEGI al informar que nuestra entidad es la sexta del país con mayor violencia contra las mujeres (Jornada de Oriente), solamente superado por el Estado de México, Jalisco, Colima, Tabasco y Durango.

El mismo INEGI dio a conocer en mayo pasado (Jornada de Oriente) que el 50 por ciento de las madres poblanas es violentado por sus propias parejas, a pesar de que, según el Consejo Estatal de Población, el 25 por ciento de los hogares del estado es encabezado por una mujer (E- Consulta).

La realidad es que las mujeres ocupan cada vez espacios de mayor relevancia en el desarrollo económico y profesional de Puebla y el mundo, sin que este hecho se traduzca en mejoras sustanciales en su calidad de vida y, especialmente, en el trato que reciben de nosotros, los hombres.

Así, a pesar de que ellas son el 52 por ciento de la población estatal y contribuyen de manera dedicada y decidida al sostenimiento de sus familias y a la actividad productiva de la entidad, sus salarios son menores (en 7.2 por ciento, según la Organización Internacional del Trabajo) al de los varones que desempeñan su mismo trabajo.

Ante esta problemática, desde hace tiempo prácticamente todos los gobiernos crearon sus respectivos “institutos para las mujeres”, pero lo hicieron más con la intención de darles un manejo político a esas dependencias y de simular que se trabaja a favor del sector femenino de la población, que con un genuino propósito de abatir la inequidad de género y protegerlas de abusos, acosos e injusticias.

Porque la equidad de género solamente se hará realidad cuando en el seno de cada familia, empresa, organización social, institución y dependencia de gobierno haya un trato igualitario a hombres y mujeres, con las mismas oportunidades laborales, económicas y políticas para ambos.

Además, es obligatorio promover las relaciones respetuosas y sanas entre los integrantes de las familia y centros de trabajo, ya que de esta forma es posible dejar atrás el arraigado machismo que desde tiempos ancestrales predomina – todavía – en muchos sectores sociales y laborales.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Los retos del PRI

BITÁCORA MUNICIPAL

Por Enrique Chávez Estudillo*

Es lógico que la derrota de mi partido en los comicios del pasado 4 de julio en estados importantes electoralmente, como Oaxaca, Sinaloa y, sobre todo, Puebla, haya generado un debate interno extenso, sobre cuál debe ser su futuro, quién puede encabezarlo y qué tiene que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía antes de la sucesión presidencial del 2012.

Incluso, me parece sano y muy necesario que los priístas de Puebla debatamos abiertamente qué partido necesitamos y queremos construir para los próximos años, porque un partido debe promover las discusiones internas, para ser una institución democrática, incluyente y transparente, capaz de recuperar la confianza mayoritaria de la gente.

Sin embargo, es negativo el hecho de que algunos funcionarios de distintos niveles de gobierno se nieguen a aceptar que las condiciones políticas internas y externas en el PRI estatal han cambiado radicalmente a partir del 4 de julio y sigan con su misma y desgastada fórmula de utilizar a determinados columnistas políticos, para descalificar a sus críticos y promover campañas negras contra sus adversarios.

Porque lo que los priístas tenemos que discutir en este momento no es únicamente qué tipo de dirigente estatal o municipal debe encabezarnos a partir del año entrante, sino – sobre todo – qué tipo de partido debemos conformar, para recuperar el apoyo mayoritario de los poblanos.

Quienes realmente queremos al partido sabemos que su trascendencia no radica en las instalaciones, edificios, muebles o en el manejo de las cuotas de sus militantes, sino en sus principios, ideología, praxis política y, principalmente, en el apoyo de miles de ciudadanos de Puebla, que confían en él y que esperan que se democratice y que sea una oposición crítica, responsable y propositiva.

Para recuperar el apoyo mayoritario de la gente, los priístas debemos entender la nueva realidad sociopolítica del estado y ofrecer soluciones reales a las necesidades y demandas de los jóvenes, las mujeres, los estudiantes, trabajadores y los empresarios poblanos, porque cada sector social tiene una problemática específica que debe ser atendida por el partido.

Además, deben erradicarse las prácticas autoritarias y excluyentes, que mucho han dañado al priísmo al provocar divisiones internas y derrotas. En contraste, lo que se necesita en el seno partidista es promover la democracia, la inclusión y, sobre todo, el acatamiento a las decisiones de la militancia.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Consenso y transparencia en la obra pública

BITÁCORA MUNICIPAL




Por Enrique Chávez Estudillo*

Desde noviembre del 2009 (E –Consulta, 31 de julio del 2010), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) otorgó al ayuntamiento de Puebla el permiso, para llevar a cabo el proyecto Corredor Gastronómico Bicentenario, que reactivará la economía de la zona y, además, rescatará algunos sitios de gran valía arquitectónica.

Sin embargo, el Consejo del Centro Histórico y algunos de mis compañeros regidores en el Cabildo de Puebla han externado justificadas inquietudes por este proyecto, debido a que temen que se dañe el patrimonio cultural o arquitectónico de la ciudad y, para evitarlo, han pedido al propio INAH que lo detenga, aunque esta dependencia federal ya aclaró que no parará los trabajos al no haber motivo para hacerlo.

Es natural que en los seres humanos haya temor a los cambios, además de que los poblanos valoramos el patrimonio cultural de nuestra ciudad y, por lo mismo, son entendibles las reticencias al proyecto para remodelar el Paseo Bravo. No obstante, todos los que pasamos por esa zona de la capital entendemos que hace falta darle vida y modernizarlo.

Este contexto refleja que, probablemente, ha fallado la comunicación entre el ayuntamiento, algunos regidores y los miembros del Consejo del Centro Histórico, a quienes – quizá – no se les ha explicado a detalle en qué consiste este programa de trabajo, cuáles son sus objetivos, cómo se preservará el patrimonio cultural de la ciudad, qué beneficios generará, quién lo ejecutará, en cuánto tiempo estará concluido y cómo reactivará la economía de la región.

Ningún gobierno – municipal, estatal o federal – pretende dañar las joyas arquitectónicas de la ciudad y, también, soy un convencido de que ningún grupo político o ciudadano se opone a proyectos benéficos solamente por intereses partidistas o particulares.

En consecuencia, es recomendable que algún funcionario del ayuntamiento promueva un acercamiento con el Cabildo, el Consejo del Centro Histórico, los colegios de ingenieros y arquitectos, empresarios y todos los sectores sociales interesados en el proyecto, para que se los muestre y responda a sus cuestionamientos, críticas o propuestas.

La mejor forma de evitar protestas contra los planes gubernamentales es llevarlos a cabo con transparencia y buscar el consenso social que los legitime. Así se evitan las sospechas, los rumores malintencionados, las imposiciones o las protestas.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

SCJN: atentado a los trabajadores

Por Enrique Chávez Estudillo*

Una justa indignación en todo el país causó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 22 de julio cercenó las pensiones de millones de trabajadores afiliados al IMSS al imponerles el tope de 10 microsalarios como límite máximo a sus percepciones por este concepto.

Esto quiere decir que, gracias a los “magistrados” de la SCJN, quienes reciban pensiones por haber cotizado en el IMSS solamente tendrán como derecho el de recibir una pensión salarial máxima de 10 minisalarios, pese a haber laborado 30, 40 o 50 años o a lo que hayan establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Este nuevo atentado de la SCJN al bienestar social de millones de mexicanos ha ocasionado que muchas ONGS y organizaciones laborales (no las tradicionales encabezadas por dirigentes charros) se inconformen contra el veredicto y amaguen con movilizaciones sociales e impugnaciones legales, para tratar de echarlo abajo.

Incluso, algunos empresarios y empleados amagan con emprender luchas legales, para que el IMSS les devuelva sus cuotas o una buena parte de ellas, debido a que muchas minipensiones que dará el instituto serán bastante menores a las aportaciones mensuales de la mayoría de los contribuyentes.

Antes de esta determinación de la minicorte, formada por minimagistrados, el tope máximo de pensiones era de 25 salarios mínimos, lo que corrobora que – de un plumazo – los entogados que cobran cada mes más de 300 mil pesos (el presidente de dicha instancia recibe más de 650 mil pesos mensuales) cercenaron casi dos terceras partes de lo que los jubilados mexicanos recibirán en el futuro.

Es claro que quienes integran este organismo defienden sus propios intereses y los de las oligarquías que los impusieron en la SCJN, pero no los de los trabajadores ni los del propio IMSS, que puede perder millones de pesos si a raíz de esta determinación los contribuyentes dejan de aportar sus cuotas o comienzan a pedir que les devuelvan la mayor parte de sus erogaciones.

Esta realidad debe unirnos a los mexicanos, para movilizarnos y echar abajo este atropello de la Corte y lo primero que tenemos que hacer es exigir a los diputados federales y senadores, que aprueben una ley que milite las pensiones del Presidente de la República, de los funcionarios, miembros del poder Legislativo y ministros de la SCJN a un máximo de 10 microsalarios.

Que quienes ordenan que los trabajadores mexicanos reciban pensiones de hambre, pongan el ejemplo y sean los primeros en jubilarse en esas condiciones. También sería adecuado que los colegios de abogados analicen cuáles son los castigos a los que se hacen merecedores quienes – como los miembros de la minicorte – cobran un salario del pueblo, pero lo traicionan atentando contra su futuro económico.

Incluso, sería adecuado que las ONGS y los sindicatos no controlados por los gobiernos y partidos denuncien en los foros internacionales este atentado de la SCJN y las oligarquías nacionales a los trabajadores mexicanos, para que la presión mundial obligue a los minimagistrados a rectificar.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

Lealtad no es lo mismo que sumisión

BITÁCORA MUNICIPAL







Por Enrique Chávez Estudillo*

Este fin de semana el dirigente estatal de mi partido, el PRI, Alejandro Armenta Mier, lanzó un llamado a mantener la lealtad a la institución y añadió que en este tiempo de derrota y entrega del poder se verá quiénes somos fieles al partido y quiénes solamente se asumen como priístas cuando les interesa permanecer en la nómina de algún nivel de gobierno o en la dirección del propio tricolor.

Me parece muy adecuado que el dirigente del partido emita una convocatoria a mantener la lealtad alrededor del PRI, siempre y cuando no pretenda confundir la lealtad con la sumisión o la abyección, debido a que los tres conceptos tienen significados muy diferentes y los últimos dos son – precisamente – los que nos llevaron a los priístas a cometer errores innegables en la pasada elección y; en consecuencia, a perderla.

Me explico: de acuerdo a varios diccionarios, la lealtad es un valor derivado de la fidelidad consciente hacia un compromiso; mientras que la abyección quiere decir bajeza, envilecimiento o humillación y la sumisión implica la obediencia o el sometimiento a otros. En este escenario, queda claro que los priístas debemos ser leales al partido y no sumisos o abyectos con un grupo político determinado.

En esta coyuntura de derrota, quienes militamos en el PRI tenemos que ser fieles a sus estatutos, ideología y proyecto de Estado y Nación, pero no podemos ser sumisos con un grupo político que se ha autoasumido como propietario del partido y pretende seguirlo manteniendo como su herramienta particular, para repartirse cargos públicos y de representación ciudadana.

Después de la debacle electoral que los priístas poblanos sufrimos en la elección pasada, ser leales al partido implica trabajar para reconstruirlo partiendo de la base del mandato ciudadano externado en las urnas y evitando las imposiciones, decisiones cupulares y exclusiones que dañaron al mismo priísmo y lo llevaron a su derrota más grande en la entidad.

Para los verdaderos priístas, resultaría lamentable que quienes con malas decisiones e imposiciones lo llevaron a la debacle electoral del 4 de julio pretendan continuar controlando al partido, para utilizarlo de escudo contra los procesos legales que, tal vez, los gobiernos estatal y municipal entrantes pretendan ejecutar hacia aquéllos funcionarios que hayan incurrido en anomalías en el ejercicio público.

Tampoco es permisible que algún grupo pretenda mantener al PRI de Puebla como su patrimonio personal, para negociar candidaturas y prebendas en la sucesión presidencial próxima, porque incurrir – otra vez - en estos errores implicaría condenar al partido a más derrotas y al rechazo ciudadano.

Los verdaderos priístas sabemos que en la pasada elección local, los poblanos externaron su repudio a los escándalos generados desde el gobierno, al manejo patrimonialista de los recursos públicos y partidistas, a la manipulación de las encuestas y de la prensa local y a la utilización de priístas quemados y desprestigiados en la ejecución de guerras internas contra quienes militamos en el partido, pero no comulgamos con quienes lo usan para sus fines personales o de grupo.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PAN y PRD: el reto de ser buen gobierno

Por Enrique Chávez Estudillo*

La semana pasada hice hincapié en la necesidad de que el PRI en Puebla se convierta en una oposición responsable, incluyente, crítica, propositiva y democrática, porque solamente así podrá enfrentar de manera exitosa el reto de mantenerse vigente y recuperar la preferencia de la ciudadanía en las siguientes elecciones federales, pese a perder el gobierno estatal, la ciudad de Puebla, varias de las principales cabeceras distritales y la mayoría en el Congreso local en los comicios del 4 de julio.

Y sin duda que, insisto, el reto que los priístas de Puebla tenemos ante nosotros es muy grande. Sin embargo, los partidos que a partir de enero del año entrante dejarán la comodidad de ser oposición, para convertirse en gobierno por primera vez en nuestro estado deberán responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más informada, crítica, demandante y participativa.

Es normal que quienes dirigen, militan o simpatizan con los partidos opositores al PRI festejen los resultados de la pasada elección local, aunque deberían tomar en cuenta que en 1995 y 2001 el PAN ganó la presidencia municipal de Puebla y el gusto apenas le duró un trienio, porque los ayuntamientos que encabezó no tuvieron la capacidad de gobernar bien y responder a las expectativas de la gente.

Señala un viejo pero sabio dicho que “lo difícil no es llegar, sino mantenerse” y el reto de quienes gobernarán el estado y el municipio de Puebla será cumplir con las expectativas que generaron en los poblanos, porque –si no lo consiguen –los ciudadanos volverán a decepcionarse de ellos y a darles la espalda en las urnas.

Los poblanos demandamos de los próximos gobiernos eficiencia, honestidad, transparencia, resultados, obra pública útil y terminada a tiempo, servicios públicos de calidad, seguridad en las calles, tolerancia, respeto a los derechos humanos, generación de empleos, atracción de inversiones, combate real a la pobreza y; sobre todo, cumplimiento puntual y cabal a sus ofrecimientos de campaña.

Es grave cuando una fuerza política se niega a asumir el rol de oposición que le asignaron los ciudadanos; pero es mucho peor el que un partido se resista a asumir su rol de gobernante y, lamentablemente, en diversas ocasiones los mexicanos hemos visto a las administraciones panistas no cumplir con sus compromisos de campaña y poner miles de pretextos para justificar su incompetencia o corrupción.

Por lo mismo, los ciudadanos comunes y corrientes y, en particular los priístas, estaremos pendientes y vigilantes de que los gobiernos que entrarán en funciones en enero y febrero próximo trabajen a favor de la justicia social y den resultados positivos para la mayoría de los poblanos.

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla

PRI: Oposición responsable y constructiva

Por Enrique Chávez Estudillo* 

Milito en el PRI desde hace más de 25 años y lo seguiré haciendo, porque soy un convencido de que hoy más que nunca están vigentes nuestros principios de “Democracia y Justicia Social”, además de que los 10 años que lleva el PAN en el gobierno federal han demostrado que los grupos conservadores carecen de la sensibilidad política necesaria para gobernar bien. 

Por todo esto, me duelen mucho las derrotas que mi partido obtuvo en todo el estado el domingo pasado, aunque soy un convencido de que “la voz del pueblo es la voz de dios” y, por lo mismo, deben ser respetada la voluntad de los poblanos que acudieron a las urnas y definieron el contexto geopolítico que predominará en la entidad en los años próximos. 

Después de más de 80 años, mi partido, el PRI, por primera vez será oposición en el estado de Puebla y este hecho nos da a los priístas la oportunidad de comportarnos de manera crítica y vigilante de los siguientes gobiernos estatal y municipal de Puebla, ya que deberemos cuidar que las administraciones públicas venideras cumplan con sus promesas de campaña y actúen a favor de las mayorías. 

Pero mi partido no solamente deberá ser crítico y vigilante de los gobiernos panistas, sino que también tendrá que ser responsable, constructivo y propositivo con ellos, para no convertirse en una fuerza política contestataria y retardataria, como las que en muchas ocasiones han tenido que enfrentar las administraciones públicas emanadas de nuestro tricolor. 

Los priístas deberemos ser críticos, proposititos y activos en las gestiones panistas, no con un afán revanchista o contestatario, sino para garantizar que las necesidades y demandas de los poblanos sean escuchadas y bien atendidas, debido a que la principal obligación de una verdadera fuerza opositora es vigilar que el gobierno – de cualquier nivel – cumpla con sus obligaciones y se apegue a la ley. 

Sin duda, la derrota del domingo pasado fue dolorosa, pero habrá que analizar qué la causó, corregir las fallas, abusos y excesos cometidos y paulatinamente darle la vuelta, para convertir al PRI de Puebla en una oposición fuerte, democrática, incluyente y unida en beneficio de los priístas y; en especial, de una gran mayoría de ciudadanos que no simpatiza con ningún partido, pero que necesita y exige que los gobiernos resuelvan sus problemas y demandas. 

Los poblanos demandan un priísmo inteligente, reflexivo, incluyente consigo mismo y con los ciudadanos, a los que debe representar y defender. En contraste, el PRI vociferante, simulador, abusivo con los fondos públicos, excluyente y patrimonialista fue el que perdió el domingo y tiene que terminar de desaparecer.   

*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla