BITÁCORA MUNICIPAL
Por Enrique Chávez Estudillo *
Desde hace más de dos semanas son constantes y variadas las quejas contra el departamento de Vía Pública del ayuntamiento, por razones que van desde la exigencia de “mordida” a los comerciantes formales e informales hasta el robo de mercancía, incluyendo el vergonzoso y lamentable caso de los representantes de una asociación que querían repartir juguetes a niños pobres y no pudieron hacerlo, debido a que los supuestos “inspectores” los golpearon y les hurtaron lo que iban a regalar.
Es muy preocupante que los elementos de Vía Pública estén – presumiblemente -golpeando y robando a los poblanos, sin que el gobierno municipal investigue las cada vez más numerosas denuncias en su contra, no solamente por el daño económico, legal y físico que provocan, sino también porque cuentan con credenciales expedidas por el ayuntamiento y se mueven en vehículos oficiales.
Además, el silencio cómplice de las autoridades municipales encargadas de investigar y castigar sus anomalías genera el temor de que los supuestos inspectores estén “protegidos” por alguien muy poderoso y deja a la ciudadanía en una lamentable situación de indefensión.
Como todos los sectores económicos, los comerciantes formales e informales enfrentan una difícil situación por la inflación, la crisis y la consecuente caída en sus ventas. Por esto, el hecho de que seudo trabajadores del ayuntamiento los asalten y golpeen es totalmente condenable, sobre todo si se toma en cuenta que estos ataques son cometidos por quienes deberían proteger a los ciudadanos y cuidar el cumplimiento de la ley.
Los afectados por las presuntas anomalías de Vía Pública han externado reiteradas quejas desde la primera semana de este año y, hasta el momento, la Contraloría y la secretaría de Gobernación siguen sin informar si investigaron las denuncias y a qué conclusión llegaron, cuando lo más conveniente sería transparentar todo lo relacionado con las quejas de los ciudadanos contra empleados o funcionarios municipales.
Es importante añadir que, hasta el momento, no hay elementos que puedan llevar a pensar que funcionarios del primero o segundo del gobierno municipal estén coludidos con quienes cometen anomalías en esa dependencia. Por esto, es de esperarse que las instancias facultadas legalmente para intervenir lo hagan y frenen dichos abusos.
La sociedad demanda que todos los que nos desempeñamos en algún nivel de gobierno seamos los primeros en respetar y hacer cumplir las leyes. De lo contrario, se alienta en la ciudadanía la desconfianza hacia las autoridades y se genera en ella la percepción de que está indefensa frente a los abusos, omisiones o excesos de quienes deberían ser servidores públicos.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
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