BITÁCORA MUNICIPAL
Por Enrique Chávez Estudillo *
La semana pasada, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que son casi 10 mil las denuncias que los poblanos han interpuesto contra diversas empresas financieras, que supuestamente habrían cometido fraudes por un total de mil 326 millones de pesos (Cambio, viernes 4 de diciembre) y, además, la dependencia precisó que lleva integradas mil 490 averiguaciones previas (La Jornada de Oriente, 4 de diciembre) contra Invergroup, Coofía, Sitma y Caja Bienestar Social La Paz.
El jueves 3 de este mes, el Congreso local creó (Puntual, viernes 4 de diciembre) una partida presupuestal de 100 millones de pesos para restituir el dinero a los afectados por la financiera Coofía y, por esto, llama la atención que los diputados hayan decidido destinar recursos públicos para resarcir el daño que una empresa privada generó en sus inversionistas.
Es cierto que los fraudes financieros provocaron en Puebla un grave problema social, que necesita ser atendido por las autoridades, pero es cuestionable que el dinero de todos los poblanos se utilice para reparar el quebranto monetario que un vivales provocó a miles de ciudadanos, debido a que se supone que los recursos públicos deben usarse en beneficio de la colectividad y no en apoyo de una empresa especuladora quebrada.
También surge la duda de por qué el Congreso local solamente está dispuesto a apoyar a los defraudados por Coofía y a qué se debe que a los poblanos afectados por Sitma, Invergroup y Caja La Paz no obtengan ese mismo respaldo del poder legislativo, cuando – al menos en teoría – prevalece en Puebla un Estado de Derecho que dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
Y llama la atención la disposición oficial de respaldar exclusivamente a los defraudados por Coofía, ya que se trata de la única financiera quebrada que en algún momento hizo tratos de negocios con el gobierno estatal, que en años pasados realizó cobros formales a través de esta empresa, misma que – con el aval de la dependencia respectiva - prestó dinero a los trabajadores de la administración de la que pronto recibirá apoyo económico.
Además, es notorio que mientras al propietario de Sitma y a sus ex empleados se le aplicó todo el peso de la ley al requisárseles sus propiedades y mandarlos a la cárcel, esto no sucedió con los ejecutores de los fraudes financieros en Coofía, Invergroup y La Paz, quienes se mantienen libres y no se sabe que se les haya quitado alguna propiedad.
Entonces, si los fraudes financieros generaron un quebranto de más de mil 326 millones de pesos y los poderes legislativo y ejecutivo solamente destinarán 100 millones a la reparación del daño, resulta obvio que el apoyo oficial es insuficiente y llegará a pocos poblanos.
Y si este respaldo gubernamental es exclusivo para los afectados de una de las 4 empresas denunciadas, es claro que se está midiendo con diferente rasero a defraudadoras y a sus ex inversionistas y que - por razones no aclaradas por las autoridades - se pretende dar un trato especial a quien hizo jugosos negocio a través de Coofía.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
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