Bitácora Municipal
Por Enrique Chávez Estudillo *
El pasado lunes 11, la reportera Maritza Mena, de El Sol de Puebla, informó que Puebla es el cuarto estado del país donde más se violan los derechos humanos, según mediciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tomando en cuenta quejas recibidas desde el año 1990 a la fecha.
La ilustrativa nota informativa de la reportera señala que solamente en el DF, Jalisco y el Estado de México son más violentadas las garantías individuales de los ciudadanos y documenta que a partir del 2004 se ha incrementado la cantidad de denuncias y quejas por este motivo.
Es evidente que no todos los que se quejan de que algún nivel de gobierno en Puebla quebrantó sus derechos individuales tienen razón, debido a que cada denuncia debe investigarse y resolverse por separado y es posible que algunos señalamientos contra las autoridades carezcan de sustento.
También es claro que ninguna administración pública – ni las estatales ni las municipales que han fungido de 1990 a la fecha – tiene por sí sola la responsabilidad de que nuestra entidad ocupe ese vergonzoso 4to lugar, porque este informe de la CNDH abarca todos los años desde esa fecha hasta la actualidad.
Incluso, es posible que antes del 2004 mucha gente no haya denunciado las violaciones a las garantías individuales que se le cometían, simplemente por no conocer que hay instancias encargadas de proteger los derechos humanos o no confiar en ellas. Como lo he señalado en la Bitácora Municipal en otras ocasiones, este tema es relativamente nuevo en la sociedad mexicana.
Sin embargo, no se debe negar que falta promover en todo el estado de Puebla una verdadera cultura de protección a los derechos humanos, para que los gobernantes respeten a los ciudadanos, quienes debemos hacer que las autoridades se acostumbren a cuidar las garantías de cada persona.
En ese sentido, lo primero que se debe hacer es dejar de ver a las comisiones oficiales de derechos humanos como simples dependencias burocráticas a las que se puede enviar a despachar a cualquier incondicional del mandatario en turno y, en su lugar, darles las atribuciones legales e importancia social que demanda una ciudadanía ávida de que los gobiernos la respeten.
También es necesario llevar a cabo verdaderas y extensas campañas de concientización, para que los ciudadanos conozcan sus garantías, las hagan valer y los funcionarios y trabajadores de los diferentes niveles gubernamentales, incluyendo los agentes de tránsito y policías, estén conscientes de que deben respetar los derechos de toda la gente, no solamente de la que tiene dinero o “influencias”.
No será fácil de transitar ni corto el camino que los poblanos debemos seguir, para crear una cultura de respeto a los derechos humanos, pero solamente así podremos establecer una sociedad en la que los gobernantes y gobernados estemos conscientes de nuestras obligaciones y prerrogativas y las cumplamos.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
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